Congreso argentino debatirá flexibilización de ley de protección de glaciares para impulsar la minería

Los legisladores argentinos debatirán hoy un nuevo proyecto de ley que permitiría a las provincias redefinir las áreas de protección de los glaciares para expandir la actividad minera. Activistas y manifestantes saldrán a las calles más tarde hoy para denunciar la iniciativa del gobierno del presidente Javier Milei, que dice que modificar las normas de protección de los glaciares existentes en Argentina es esencial para atraer inversiones. En las primeras horas de la mañana del miércoles, activistas de la ONG ambientalista Greenpeace subieron a un monumento en la plaza frente al edificio del Congreso Nacional para colocar pancartas en oposición a los cambios propuestos. La Estatua de la República, que está vallada, estaba cubierta de carteles que decían: “Diputados, no traicionen a los argentinos. La Ley de los Glaciares no debe ser tocada”. La manifestación sorpresa no duró mucho: al menos siete activistas fueron arrestados por la policía y los bomberos intervinieron para retirar las pancartas, informó la agencia de noticias AFP. Las reformas propuestas por Milei a la Ley Nacional de Glaciares “pondrían en riesgo la seguridad hídrica de millones de personas”, dijo Greenpeace Argentina en un comunicado emitido poco después del incidente. El partido gobernante La Libertad Avanza espera asegurar la aprobación final del proyecto de ley de Milei en la Cámara de Diputados más tarde hoy o en las primeras horas de la mañana del jueves. A las 15 horas comenzará el debate sobre las propuestas de modificación de la Ley 26.639 sobre Normas Mínimas para la Protección de los Glaciares y el Medio Ambiente Periglacial. Las reformas fueron respaldadas por el Senado en febrero, durante sesiones extraordinarias del Congreso. Fuentes del gobierno dicen que podrían obtener hasta 140 votos si los diputados peronistas de la oposición de las provincias mineras deciden respaldar el proyecto de ley. El impulso para reformar la Ley Nacional de Glaciares, introducida en 2010, cuenta con el respaldo de los gobernadores de varias provincias andinas, incluidas Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta. Estas regiones albergan los proyectos mineros de cobre, oro y litio más grandes del país. Grupos ambientalistas han convocado hoy una manifestación frente al Congreso en un último intento de presionar a los legisladores. El partido gobernante, sin embargo, confía en tener los números para garantizar la aprobación. El presidente Milei dijo que la enmienda tiene como objetivo eliminar “distorsiones ideológicas y obstáculos artificiales que estaban frenando el progreso”. “Los ambientalistas preferirían que la gente muriera de hambre antes que tocar algo”, dijo al anunciar la propuesta. Los partidarios de la reforma argumentan que aclarará criterios que actualmente son “imprecisos” y transferirá poderes de toma de decisiones para proyectos mineros en áreas periglaciales a los gobernadores provinciales. Las enmiendas redefinirían el alcance de las áreas protegidas para permitir la exploración y explotación económica en áreas periglaciares que, en teoría, no cumplen una función hidrológica demostrable. Esencialmente, la reforma busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciales y reduce la participación del gobierno central. “Queremos seguridad jurídica, queremos definiciones claras”, dijo a la AFP Michael Meding, director del proyecto minero de cobre Los Azules, en San Juan. Meding dijo que el sector minero está “interesado en proteger el medio ambiente” y que las provincias deberían ser responsables de determinar las áreas de importancia hidrológica. Según una proyección del Banco Central de Argentina, el país podría triplicar las exportaciones mineras para 2030. Grupos de oposición y organizaciones ambientalistas dicen que los cambios harían ineficaz la ley existente y pondrían en peligro reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático. Para Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se trata de una reforma “hecha a la medida de las grandes empresas mineras transnacionales”. Dijo que las reformas “ponen en riesgo el agua del 70 por ciento de los argentinos”. Viale dijo a la AFP en una entrevista que bajo la ley actual, “un organismo científico establece dónde están ubicados los glaciares y el ambiente periglaciar”, mientras que bajo el nuevo marco eso pasaría a ser “una decisión discrecional de cada provincia”. Cuatro relatores especiales de la ONU han advertido en las últimas semanas que las reformas propuestas “pondrían en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluidas las aguas subterráneas, afectando la calidad del agua y, por tanto, el acceso al agua potable”. Argentina tiene más de 16.000 glaciares. En el noroeste del país, donde se concentran los proyectos mineros, estos se han reducido 17 por ciento en la última década, principalmente debido al cambio climático, según datos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA). – TIMES/AFP/NA