A principios de 2026, el gobierno nacional de Argentina implementó un ajuste salarial para los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, lo que resultó en que sus ingresos se duplicaran en unos pocos meses. La medida fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 931/2025, publicado el 2 de enero de este año, y se aplicó al jefe de Gabinete, ministros de gobierno, secretarios y subsecretarios, excluyendo explícitamente al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos sueldos permanecían congelados. Según informes publicados en diversos medios de comunicación, el aumento no se aplicó como un ajuste único sino de forma progresiva a lo largo de los primeros meses del año. Hasta diciembre de 2025, un ministro recibía un salario bruto de 3.584.006 pesos (alrededor de 2.500 dólares de la época). Gracias a la entrada en vigor del decreto, esos ingresos casi se duplicaron en enero a 7.129.501 pesos (alrededor de 4.900 dólares ese mes). En febrero se actualizó nuevamente a 7.272.091 pesos, mientras que en abril -salario pagado en mayo- llegó a 7.902.331 pesos. Las proyecciones para mayo señalan que los salarios ascenderán a 8 millones 20 mil 866 pesos, consolidando un incremento superior al 120 por ciento en apenas cinco meses. El mecanismo también estableció que los salarios de los funcionarios estarían vinculados a ajustes en la administración pública nacional en general, lo que explica los aumentos sucesivos observados después del salto inicial en enero. Según funcionarios de gobierno citados en medios locales, la decisión respondió a presiones internas provocadas por la pérdida de personal técnico y funcionarios que pasaron al sector privado, debido a la brecha salarial entre el sector público y privado. En este sentido, el ajuste salarial buscó alinear parcialmente los salarios de los ministros del Gabinete con los niveles del mercado después de un período de aproximadamente dos años de congelación salarial. Los ministros reciben hoy ingresos cercanos a los ocho millones de pesos mensuales, mientras que los secretarios superan los 7,3 millones de pesos y los subsecretarios alrededor de 6,6 millones de pesos. El salario del jefe de gabinete también se equiparó al de los ministros. La decisión de aumentar los salarios del Ejecutivo generó polémica por el contraste con la retórica de austeridad que ha caracterizado la etapa política de Milei. Durante su exitosa campaña electoral presidencial de 2023, el entonces candidato construyó su identidad política en torno a la idea de la “motosierra”, una metáfora que resume su propuesta de recortes drásticos del gasto público, una reducción del tamaño del Estado y la eliminación de privilegios para la clase política. Este mensaje estaba dirigido directamente a lo que denominó la “casta” política de Argentina, políticos profesionales a quienes acusó de vivir de recursos estatales con altos salarios y beneficios injustificados. Milei prometió una reducción significativa en el tamaño del estado y lo ha cumplido, incluyendo recortar el número de ministerios, eliminar estructuras consideradas innecesarias e imponer una severa reducción en el gasto político. Una parte central de esa narrativa era la idea de que los funcionarios deberían ganar menos y compartir el esfuerzo que se requeriría de la sociedad en su conjunto. La austeridad en los salarios políticos se presentó como un símbolo de este cambio de paradigma. Una vez en el gobierno, esta política se tradujo en un congelamiento de los salarios de las más altas autoridades –incluidos los del propio presidente y vicepresidente– y una serie de medidas diseñadas para encoger el Estado y reducir el gasto público. La decisión de autorizar enormes aumentos salariales para ministros y altos funcionarios en los primeros meses de 2026 ha puesto en duda esa promesa de campaña y la práctica del gobierno.




