Defensoría: Cierre del Ministerio de Justicia deja a varios sectores vulnerables

La Defensoría del Pueblo ha seguido atentamente el mensaje del Presidente del Estado Plurinacional respecto al anuncio de cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI). Este anuncio genera profunda preocupación en sectores de la población, especialmente en aquellos que podrían quedar sin una entidad rectora para la formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales para el ejercicio de sus derechos humanos. El MJTI tiene bajo su tuición reparticiones e instituciones que cumplen funciones estratégicas para el Estado y para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; así como aquellas afectadas por violencia en razón de género y generacional. Estas instancias constituyen pilares fundamentales para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano. Así también, tiene bajo tuición el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP, Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima – SEPDAVI, Servicio Integral de Justicia Plurinacional – SIJPLU y otras que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o de poblaciones en situación de vulnerabilidad, de las cuales, varias fueron creadas por las leyes N° 223, 463, 464, entre otras. Asimismo, preocupa la presidencia y secretarías técnicas que se encontraban a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, entre otros, que permitían un trabajo interinstitucional, articulado y multiactor para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas vinculadas con el desarrollo integral de las personas y sus derechos humanos. con base a compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano. Por lo señalado, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación sobre el destino de todas estas importantes reparticiones para la ciudadanía en su conjunto y poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que exhorta a las autoridades del Órgano Ejecutivo brinden certidumbre respecto a la nueva organización y estructura institucional que asumiría la tuición y administración de las mismas. La Defensoría del Pueblo es una Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus ‘A’, cuya función es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establece en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales, con independencia y autonomía plena, que, en el ejercicio de sus funciones, no recibe instrucciones de los órganos del Estado.