La lista de los atentados a la dignidad humana de los venezolanos es interminable, clama al cielo. Habrá de ordenarse una memoria para que la libertad y la paz que se logren alcanzar sean estables, es decir, obra de la justicia. Las violaciones sistemáticas ocurridas tienen como génesis, es lo inédito y uno de los problemas centrales a resolver, el pacto celebrado con las FARC por Hugo Chávez Frías en 1999. Desde entonces transformó a Venezuela en un territorio sin ley, que no sea la de la violencia y el desorden colectivos.
Incidió lo último en la transformación progresiva de su gobierno en un narcogobierno terrorista –hoy llama la CIDH a su causahabiente, Nicolás Maduro Moros, practicante del «terrorismo de Estado»– abonando ello en el incremento demencial de las muertes por homicidio, como de la corrupción en el mundo militar y judicial. De los homicidios acontecidos en 1998, que frisaban 4.500, bajo la nueva realidad del Estado criminal alcanzaron 24.980 en 2014 e iniciada la diáspora fueron 16.506 los homicidios, en 2019.
A esa ominosa cifra le acompañaron, sucesivamente, la confiscación de los fundos agrícolas y pecuarios (2001); la Masacre del 11 de abril o Masacre de Miraflores, a la que se le junta la de la plaza Altamira (2002); las Listas Tascón y Maisanta, que declaran la “muerte civil” de millones de venezolanos (2003-2004), tal como lo confirma la Corte Interamericana; la expulsión televisada de casi 20.000 trabajadores de Pdvsa y el desalojo militar de sus familias de las casas que habitaban en los campos petroleros (2003); la represión popular por las firmas que peticionan el referéndum revocatorio y recopila María Corina Machado (2004); el caso de los soldados calcinados en Fuerte Mara (2004); el cierre y captura de los medios de comunicación, entre estos RCTV y Globovisión como la persecución de sus periodistas (2005 en adelante); la Masacre de Turumbán o de los mineros del estado Bolívar (2006); las inhabilitaciones políticas masivas impuestas por la Contraloría contra la oposición (2007-2008); la decisión del TSJ de no catar las decisiones de la Comisión ni las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009); la condena arbitraria e ilegal de los comisarios de la PM, entre ellos Iván Simonovis (2010); la expropiación sistemática –el ¡exprópiese!– de los bienes de quienes el régimen tacha como capitalistas desafectos a su credo (2010); la Masacre de El Rodeo y el pacto de Diosdado Cabello con los “pranes”, mientras se ordena la excarcelación de 20.000 presos comunes, incluidos narcotraficantes, por el ministro penitenciario, Iris Varela (2011); la extradición del mascarón empresarial del narcotráfico, Walid Makled y el descubrimiento del Cártel de los Soles (2011).
En el año en que fallece Chávez Frías se suman las declaraciones de los magistrados supremos Aponte Aponte y Velásquez Alvaray, reveladoras de la colusión del Ejecutivo con el narcotráfico al que protege judicialmente (2012); la tragedia de Amuay (2012); el caso de las narcomaletas de Air France y la declaración del mismo magistrado Aponte, admitiendo haber condenado a empresarios inocentes por enemigos del régimen y liberado a narcotraficantes por órdenes del Palacio de Miraflores (2013); la Masacre del 14 de febrero o Día de la Juventud (2014) elevada a la Corte Penal Internacional; la expulsión masiva de la población civil colombiana, mediante una suspensión inconstitucional de garantías (2015); la Masacre de Barlovento, la de los pescadores de Cariaco, la Masacre de El Valle, la de Trujillo o de la familia Azuaje, la Masacre de mineros de Tumeremo (2016); la Masacre de los Escuderos (2017); la Masacre de El Junquito y de Óscar Pérez, y la Masacre de las Galdonas (2018); las víctimas del Primero de Mayo y las Masacres de Kumarakapay, San Félix e Icabarú (2019); la Masacre de Macuto u Operación Gedeón y la Masacre de la Cárcel de los Llanos (2020); la Masacre de La Vega y la de El Ripial en Apure (2021).
A partir de 2014 hasta 2020 le fueron levantadas sus inmunidades a 32 parlamentarios de oposición a fin de criminalizarlos y encarcelarlos, amén de acontecer la muerte de 22 presos políticos entre 2015 y 2025, bajo cuidado del Estado. La Misión Independiente de la ONU constata que, a raíz de las elecciones de 2024 desconocidas por el régimen, ocurrieron 25 asesinatos, decenas de heridos y casi 2.000 presos por razones políticas bajo la operación gubernamental llamada Tun-Tun, con la complicidad de los jueces.
Escandalizarán los «ajustes de cuenta» del propio Estado ocurridos, en no pocos casos originados por la mutación de este en una organización narcocriminal estructurada y que silencia vidas a propósito, las tira en fosa común confundiéndolas con despojos. Cuando se abran los expedientes hasta las piedras llorarán. La lista de los asesinatos presuntos y por investigar es extensa.
He aquí algunos nombres. El fiscal Danilo Anderson, Antonio López Castillo y Juan Carlos Sánchez (2004); el ex fiscal nacional de aduanas, Gamal Richani, quien investiga a Makled, cabeza visible del narcotráfico oficial (2005); Arturo Erlich y Freddy Farfán, tras el “extravío” de 45 millones de dólares que se dice provenían de Fogade (2006 y 2009); los sindicalistas del régimen Richard Gallardo y Luis Hernández (2008); el periodista Orel Zambrano y el veterinario Francisco Larrazábal, testigos en la causa contra Makled (2009); el gobernador de Guárico, Willian Lara (2010); la “comandante” Lina Ron (2011); Nelly Calles Rivas, jefa del PSUV en el estado Sucre (2011); el ex gobernador de Apure y capitán Jesús Aguilarte (2012); la embajadora Olga Fonseca, asesinada por la narcodiplomacia (2012); el general Wilmer Moreno, subdirector de inteligencia militar (2012); la familia Pérez Pacheco, ejecutada en Falcón (2013); el diputado Omar Guararima, jefe del PSUV en el estado Anzoátegui (2013); Juan Montoya, jefe del colectivo Secretariado Revolucionario (2014); el estudiante Bassil Da Costa (2014); el capitán Eliezer Otaiza, exjefe de la policía política (2014); el diputado Robert Serra (2014); José Miguel Odremán, líder del colectivo 5 de Marzo (2014); el estudiante Cliver Roa, de la Universidad Católica del Táchira (2015); el candidato opositor Luis Manuel Díaz (2015); el activista Neomar Lander (2017); el concejal Fernando Albán (2018); el capitán Rafael Acosta Arévalo (2019); el dirigente oficialista Carlos Lanz y el candidato opositor trujillano Waldo Santeliz (2020); el periodista José Gregorio Urbina (2022), el teniente Ronald Ojeda ejecutado en Chile (2024); el general Raúl Baduel y el “tiktoker Gabriel Sarmiento (2025).
El mal absoluto, en suma, se instaló en Venezuela. Es el desorden del orden humano y el desconocimiento de los principios de la humanidad, de las leyes básicas de la convivencia. Por lo que, para salir del desorden y lograr que la nación trasvase hacia un orden de justicia, por lo pronto queda, lo decía en vida Carlos Niño (El mal radical a pruebaUniversidad de Yale, 1996), el convencimiento colectivo del ¡nunca más! Es lo que simboliza el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, madre protectora de los venezolanos y “unificadora” de un país dividido por el miedo. Es el orden tras el desorden, del que denuesta Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la izquierda protofidelista.
Preparar la memoria, fijar la verdad, hacer justicia y castigar a los autores materiales e intelectuales de tanta maldad junta, y reparar de modo integral a las víctimas y sus familiares habrá de ser prioritario. Mas decirlo así es bastante, pero todavía muy simple. Han de desatarse y resolverse sobre todo algunos nudos culturales, los de la inmadurez democrática producto de mitos e hipotecas históricas, a fin de que se asegure lo ya dicho, el paso del desorden al orden de la Justicia.
Justicia no es venganza
Enhorabuena, la actual diáspora millonaria de venezolanos, para sortear la incertidumbre ha tenido que despojarse de sus taras históricas: el mito de El Dorado –todo me lo deben, soy hijo de país rico– y el del Cesarismo, el del padre bueno y fuerte que debe resolver sobre el destino de todos y castigar severamente a quienes nos dañan como individuos. Y de no hacerlo o de equivocarse se le lapida, como si fuese el responsable del conjunto de nuestros yerros colectivos y como pueblo. Mas para avanzar en el marco de las culturas extranjeras que la han acogido, renunció la diáspora al mito de Sísifo, al de la tarea que se inicia y no se termina para recomendarla en cada día: ¡como vaya viniendo vamos viendo!
Así, para salir del desorden y volver al orden contará con Venezuela con una migración similar a aquellas otras que nos trajeron modernización, comenzando por la canaria, la de mayor tradición, reclamada por José Antonio Páez en 1830 para poblar otra vez a nuestro territorio, luego de perder el 30% de su población tras las guerras fratricidas por la Independencia. Y tal ha vuelto a ocurrir, al perder Venezuela su independencia a manos de satrapías extranjeras desde 1999.
Sobre el ¡nunca más!, saltarán otras cuestiones que atender. Una es vertebral, a sable, que es razonablemente humano que cada víctima, presa de la indignidad a la que se viese sometida, tanto ella como su familia y sus más próximos afectos, reclame una respuesta equivalente a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Es eso posible? No lo creo. La historia, no sólo la del Derecho, nos muestra a tal práctica o aspiración como inherente a las comunidades primitivas y los juicios populares.
La idea de la justicia es ajena a la noción de la venganza. A las instituciones a las que les toque juzgar, si bien habrán de hacerlo con vistas a cada caso, o al conjunto tratándose de la actuación esperada por la Corte Penal Internacional para los crímenes de lesa humanidad, en la hipótesis de lo venezolano se trata de que tal tarea deberá asumirla una institucionalidad en cierne, de restablecimiento, de paso del desorden hacia el orden, y que ha de asegurar en su continuidad. No podrá volvérsele un amago de justicia, condenado al fracaso por su ideologización o error de sentido común.
La historia también no los muestra. El ¡nunca más! como bien público –vuelvo a la reflexión de Niño– ha de mirar cada caso o al conjunto en sus contextos, como los efectos personales y sociales de cada decisión restablecedora del orden que fije la justicia democrática. La cuestión es muy compleja. Exige de sindéresis – buscar el bien, evitar el mal – y no solo de virtud republicana. La justicia se habrá de administrar de acuerdo con la ley, nunca según el estado de ánimo o de animosidad, por muy legítima que sea, sea de la víctima o de quienes actúen como acusadores fiscales.
Rómulo Betancourt, en 1959 y lo recordaba en 1964, tras la radicalidad y el sectarismo de 1945, a raíz del 18 de octubre, tenía presente que jugó en contra de la estabilidad de la Revolución de Octubre el haber abierto el ventilador acusando y persiguiendo indiscriminadamente a gomecistas, lopecistas, medinistas, padres, esposas e hijos. Ya con cañas y esquilmado supo, al igual que Rafael Caldera y Jóvito Villalba, que la democracia civil no tendría destino mientras prevaleciese la «saña cainita».
La enseñanza de recoger nos la ofrece papa Benedicto XVI, apelando a san Agustín, carisma del actual Pontífice, León XIV: “Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?”, decía. Y relataba su experiencia de alemán bajo el nazismo: “Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra él; cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos”. muy bien organizado, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político.” ¿Cómo hacerlo?, he aquí la cuestión.
