Delcy Rodríguez frente a la ciberseguridad y las telecomunicaciones

El pasado 28 de enero, Delcy Rodríguez anunció la creación de la Oficina Nacional para la Defensa y Seguridad Cibernética de Venezuela. En medio de la coyuntura que atraviesa el país, este anunciado parece al menos curioso. No obstante, si se consideran otras agendas que se encuentran dentro de la planificación del chavismo, se puede identificar una lógica basada en un mayor control de las comunicaciones y telecomunicaciones. La propuesta de Rodríguez no es nueva, ya que existen antecedentes que sugieren una planificación que sobrepasa el actual momento político. Por ejemplo, en septiembre de 2025, Nicolás Maduro había anunciado el Plan Nacional de Transición del protocolo IPv4 al IPv6. Anteriormente, en el marco de las protestas poselectorales en agosto de 2024, Maduro también había anunciado la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad. En principios estas ideas no son malas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad; así como también, el Comando Cibernético (USCYBERCOM). De igual manera, Chile ha creado una iniciativa llamada Ciberlab, entre el ejército de ese país y la Pontificia Universidad Católica que busca mejorar la preparación frente a amenazas cibernéticas contra las infraestructuras críticas. Sin embargo, en la mayoría de los países la seguridad cibernética está basada en una serie de legislaciones que primero protegen los derechos de la ciudadanía, especialmente en cuánto al manejo de los datos. También, se basan en una legislación transparente que define reglas claras de la infraestructura crítica para los actores públicos y operadores privados. Además, también existe una transparencia sobre el uso de los recursos públicos para estos fines. En Venezuela, se carece del andamiaje institucional necesario para plantear una política de defensa y seguridad cibernética. No obstante, si se observa el “Plan Básico Legislativo 2026-2027”, que contempla 29 proyectos de ley, se pueden identificar ciertas propuestas de leyes que apuntan en esta dirección como la Ley de Ciberseguridad; la Ley de Propiedad Intelectual; la Ley de Telecomunicaciones; o la Ley de Derechos Digitales.Con estos antecedentes, se puede inferir que existe una planificación previa sobre un nuevo modelo de gobernabilidad para las telecomunicaciones y el mundo digital en Venezuela. Lamentablemente, no existe transparencia para determinar de forma precisa cuáles serán los próximos pasos. Pero, resulta necesario que la ciudadanía, la academia y los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional puedan estar alertas sobre esta situación. Riesgo de mayor control Una Oficina Nacional para la Defensa y Seguridad Cibernética en un contexto como el venezolano puede facilitar un mayor control por parte del gobierno hacia la ciudadanía. Por esa razón, correspondese informar y promover una visión con perspectiva de derecho, que incluya garantías de buscar, recibir y difundir información, incluyendo el derecho a réplica en plataformas; así como los derechos vinculados a la portabilidad e interoperabilidad de los datos almacenados en plataformas. De igual manera, aquellos derechos vinculados al acceso a información veraz ya contar con un entorno de ciberseguridad que pueda proteger contra el fraude y el crimen digital. Si realmente, se desea avanzar en una línea basada en la digitalización de Venezuela, antes de plantear una Oficina Nacional para la Defensa y Seguridad Cibernética, resultará necesario discutir y plantear una legislación donde, se proteja el derecho a la identidad digital y el derecho a la no suplantación. De igual manera, hay que plantear la existencia de mecanismos legales para defender los derechos fundamentales ante abusos de las empresas tecnológicas o instituciones del Estado. Apenas termina el mes de enero y resulta apresurado sacar conclusiones. Pero, si se toma las palabras de Jorge y Delcy Rodríguez como ciertas, sobre “un nuevo momento político”, se esperaría que esta discrecionalidad en legislaciones tan importantes para el país, se detenga. Un buen gesto de cambios sustanciales, antes de abrir un debate sobre la ciberseguridad o los derechos digitales, sería la derogación de leyes contrarias a la libertad de expresión o al menos su revisión, especialmente la Ley Constitucional contra el Odio; y la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. ***Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autoresDel mismo autor: Los efectos colaterales del conflicto Ucrania-Rusia en América Latina