Despidos, periodos de prueba y litigios cambios claves en el proyecto de reforma laboral de Javier Mileis

La aprobación final del proyecto de ley de Modernización Laboral del presidente Javier Milei es inminente. Durante el debate legislativo, en ambas cámaras del Congreso, el gobierno ha argumentado a favor de la necesidad de reducir los litigios laborales y acabar con la llamada “industria procesal” laboral. Sin embargo, diversos abogados laboralistas advierten que podría tener el efecto inverso. Menores costos legales, indemnizaciones reducidas, períodos de prueba modificados y condiciones más fáciles para despedir trabajadores son algunos de los objetivos clave que La Libertad Avanza quiere cumplir con su proyecto de ley que se debate en el Congreso, que se produce en un contexto de alta conflictividad laboral y caída del empleo registrado. He aquí un vistazo a algunas de las cuestiones clave del paquete de reformas del presidente Milei: Más barato despedir Uno de los cambios centrales del proyecto de ley tiene que ver con el costo de los despidos sin justificación. Como explica Lucas Battiston, abogado laboralista de las oficinas del despacho jurídico PASBBA, “la fórmula para despedir sin causa justificada sigue siendo la misma, un salario por cada año trabajado”, pero la reforma introduce detalles claves sobre cómo se calcula la indemnización. Battiston detalló que un artículo 245 reformado establece que “no se deben considerar vacaciones ni aguinaldos de mitad de año o de Navidad ni nada que no forme parte del pago mensual”. Si bien este criterio ya ha sido aplicado por los tribunales laborales nacionales, señaló que en otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires, esos bonos forman parte del cálculo, y citó además la llamada “sentencia Vizzoti”, que prohíbe cualquier reducción de la base de indemnización superior al 33 por ciento. Desde una mirada más crítica, el abogado laboralista Nahuel Altieri consideró que los despidos se abaratan por dos vías adicionales. “Las extras que antes formaban parte de la indemnización pasan a ser prestaciones sociales y dejan de computarse”, sostuvo, al tiempo que advirtió que parte de las indemnizaciones serán financiadas por el nuevo fondo FAL (Fondo de Asistencia Laboral) “con dinero que hoy se destina a pensiones”, lo que podría desencadenar futuros litigios judiciales. Períodos de prueba: qué cambia y qué no Respecto a los períodos de prueba, Battiston fue categórico: “No se amplían con esta ley”. Según explicó el abogado, el plazo sigue siendo de seis meses, como establece la Ley de Bases, con posibilidad de ampliarlo a ocho o 12 meses sólo mediante negociación colectiva en las pequeñas empresas, algo que rara vez se aplica en la práctica, afirmó. El cambio concreto, explicó, radica en el aviso previo. “Hasta ahora, si despides a alguien en periodo de prueba, tendrías que pagar esos 15 días de preaviso que no se pagarían si se aprueba esta ley”, detalló, reduciendo el coste de la rescisión anticipada. Altieri coincidió en que el período de prueba se había ampliado anteriormente, pero advirtió que la combinación de períodos más largos con menores costos podría afectar la dinámica del empleo. “Hoy en día hay mucha rotación laboral y esto podría aumentar porque será más barato despedir tanto a los nuevos trabajadores como a los de más antigüedad”, ha apuntado, al tiempo que ha explicado que el fenómeno responde también a los cambios generacionales y a las dificultades para retener el talento. Battiston, por el contrario, consideró relativo ese impacto y expresó una opinión personal crítica respecto de la extensión del período. “Seis meses me parecen excesivos; antes bastaban tres meses para evaluar si un trabajador servía o no”, sostuvo, remarcando que el objetivo de los períodos de prueba es exclusivamente evaluar. Juicios laborales, tasas de interés y pago a plazos En su capítulo judicial, el proyecto de ley introduce dos cambios de peso. Una es unificar los criterios para las tasas de interés, que ahora se calcularán como “inflación más tres por ciento”. Battiston considera razonable esta medida porque “evita que el trabajador pierda poder adquisitivo” y elimina la disparidad de criterios entre provincias. El otro punto es la posibilidad de pagar las penas laborales en cuotas: hasta seis para las grandes empresas y hasta 12 para las pequeñas y medianas empresas PyME. Battiston consideró que esta novedad podría aliviar a las empresas en dificultades financieras, pero la cuestionó desde un punto de vista legalista. “Es difícil defender a un deudor imponiendo al acreedor cómo debe cobrarse una sentencia”, advirtió. En una lectura más cautelosa del proyecto de ley, el abogado laboralista Gastón Ferretti sostuvo que la reforma no implica, en realidad, despidos más baratos. “El coste del despido no es ni más barato ni más caro; lo que hace la reforma es establecer reglas más claras”, afirmó, subrayando que el régimen de indemnizaciones “sigue exactamente igual que ahora”, con un mes de salario al año más el correspondiente aviso previo. Ferretti también coincidió con Battiston en que no hay cambios adicionales en los periodos de prueba, rechazando que la reforma impulse una mayor rotación laboral. “El coste del despido sigue siendo el mismo que hoy”, afirmó, definiendo el FAL como “un mecanismo de previsión financiera que no sustituye ni reduce los derechos, sino que facilita el cumplimiento de las obligaciones de indemnización”, una perspectiva que contrasta con las advertencias de Altieri sobre su impacto en las pensiones y su posible demanda judicial. noticias relacionadas