Malestar existe en diversos sectores de Illapel tras conocerse que el actual director de Seguridad Pública, Paolo Garay, quien ingresó al municipio en 2022, fue formalizado y enfrentará un juicio oral por los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves en el contexto del estallido social.
Los hechos se remontan al 21 de octubre de 2019, durante una manifestación en Los Vilos, cuando Paolo Garay —entonces mayor de Carabineros— habría utilizado una escopeta antidisturbios disparando hacia los manifestantes. Uno de los proyectiles impactó a una persona que caminaba por la avenida Caupolicán, provocándole lesiones graves en el rostro.
La acusación en su contra sostiene que la víctima no participaba en disturbios al momento del hecho y que las heridas ocasionaron una fractura maxilar de carácter grave, por lo que se solicitó una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves.
En octubre de 2023, ya desempeñándose como director de Seguridad Pública de Illapel, Garay fue formalizado en el Juzgado de Garantía y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Según un oficio de la 4ª Comisaría de Illapel, el funcionario no fue ubicado por personal policial en dos oportunidades durante 2024, mientras debía cumplir dicha medida.
“SERÍA EL PRIMERO EN DAR UN PASO AL COSTADO”El propio Paolo Garay emitió una declaración pública señalando que los hechos por los que se encuentra formalizado corresponden a una causa judicial originada en Los Vilos, en el contexto del estallido social de 2019.
“Desde el primer momento he colaborado con la justicia y lo seguiré haciendo, confiando en que el proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia. A lo largo de mi trayectoria profesional y en los años que he dedicado al servicio público, siempre he actuado guiado por la buena fe, el respeto a las personas y el compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, indicó en su declaración.
Garay agregó que, al asumir la dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Illapel en 2022, “procuró trabajar con responsabilidad y cercanía, coordinando esfuerzos con carabineros, bomberos, dirigentes sociales y distintas instituciones, para fortalecer la convivencia y la prevención en nuestra comuna. Soy una persona de familia, con valores profundamente arraigados en el respeto, la empatía y la responsabilidad. Creo en la justicia, en el diálogo y en el trabajo honesto como forma de servir a los demás”.
El exoficial manifestó además que entiende la sensibilidad que genera su situación y sostuvo que, si en algún momento considera que esta interfiere con el normal funcionamiento del municipio o con la confianza de la comunidad.
“sería el primero en dar un paso al costado, porque lo más importante es cuidar el bienestar de Illapel. Mientras tanto, continuará cumpliendo mis funciones con el mismo profesionalismo, entrega y vocación de servicio que siempre me han caracterizado”.
Por último, agradeció “la confianza de todos quienes lo conocen y valoran su trabajo diario”.
Desde la casa consistorial se envió una declaración oficial en la que reafirma su compromiso con “la probidad, la transparencia y el respeto por la justicia”. En ella se detalla, al igual que lo hizo Garay, que no cuenta con sentencia definitiva, recordando que solo una condena ejecutoriada genera inhabilidad para ejercer funciones públicas.
Finalmente, el municipio defendió la gestión del director de Seguridad Pública, destacando que desde 2022 “ha desarrollado su trabajo con profesionalismo, liderando acciones que han fortalecido la seguridad y la coordinación con las policías, instituciones y comunidad”.
Se espera que el 18 de diciembre se realice la preparación de juicio oral en contra del director de Seguridad Pública por esta causa.
