El nuevo presidente de Perú, que lucha contra un aumento de la violencia relacionada con las pandillas, nombró el martes a un general retirado de línea dura como ministro del Interior para supervisar su “guerra contra el crimen”.
El presidente José Jerí, de 38 años, asumió la presidencia la semana pasada después de que el Congreso votara a favor de destituir a la impopular líder Dina Boluarte. Prometió liderar un gobierno de transición hasta las elecciones del 12 de abril de 2026.
Jerí tomó juramento a un nuevo gabinete el martes y nombró al general de policía retirado Vicente Tiburcio, de 61 años, quien anteriormente había liderado la guerra de Perú contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso, como su ministro del Interior.
Tiburcio fue elegido por su experiencia en la lucha contra “el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”, dijo el gobierno en un comunicado.
Jerí había prometido hacer frente a una ola de extorsión y asesinato que ha azotado a Perú en los últimos años.
El martes advirtió a los líderes de las pandillas que “si continúan controlando nuestras calles desde las cárceles, actuaremos con más determinación. Cambiaremos todo lo que sea necesario cambiar. Estáis advertidos”.
Jerí, quien fue presidente del Congreso hasta la semana pasada, nombró al abogado Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, de 64 años, como jefe de su Gabinete de 19 miembros, entre los que se encuentran cuatro mujeres.
Perú celebrará elecciones presidenciales programadas para el próximo año, cuando habría terminado el mandato de Boluarte. Se enfrenta a múltiples investigaciones por corrupción y abuso de poder.
juicio político
Boluarte fue destituido en un rápido juicio político después de un ataque con armas de fuego el miércoles contra un grupo de cumbia músicos actuando en un escenario en Lima, visto como el colmo después de una serie de ataques a artistas y dueños de negocios por parte de bandas extorsionadoras.
A diferencia del juicio político de su predecesor de izquierda, Pedro Castillo, en diciembre de 2022, el derrocamiento del sumamente impopular Boluarte no provocó protestas.
Dejó el cargo con un índice de desaprobación del 96 por ciento, según la firma encuestadora Ipsos, rivalizado sólo por el del Congreso, con un 89 por ciento.
Su juicio político se produce tras meses de protestas de empresas de autobuses, comerciantes y, más recientemente, estudiantes, por las extorsiones de bandas criminales y ataques a quienes se niegan a pagar dinero por protección.
La extorsión y el sicariato han sido una característica de la vida cotidiana en todo el país sudamericano.
Pandillas como Los Pulpos y el Tren de Aragua de Venezuela, que opera en toda América Latina, retienen a personas de todos los sectores sociales para pedir rescate.
En Perú, los casos de extorsión denunciados se dispararon de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540 por ciento.
Al menos 47 conductores de autobuses han sido asesinados este año en ataques atribuidos a bandas extorsionadoras.
Con cada nuevo ataque, los partidos que habían apuntalado a Boluarte en el Congreso se volvieron más críticos con el gobierno.
Su destitución de Boluarte fue un intento de demostrar que la crisis de seguridad era su “única y exclusiva responsabilidad”, dijo a la AFP Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Perú ha tenido siete presidentes en los últimos nueve años, tres de los cuales fueron destituidos por el Congreso.
Introduzca ‘Porky’
El alcalde ultraconservador de la capital de Perú renunció el lunes y anunció una candidatura a la presidencia del país andino que está lidiando con un aumento de los delitos violentos y la agitación política.
Alcalde de Lima desde 2022, Rafael López Aliaga es ingeniero de formación y un rico empresario que hizo su fortuna en hoteles y ferrocarriles. Actualmente es el favorito en las encuestas de opinión sobre el próximo líder de Perú.
Esta es la segunda vez que López Aliaga, de 64 años, se postula para presidente, luego de postularse en 2021.
“Anuncio mi renuncia al cargo de alcalde del Municipio Metropolitano de Lima para postularme a las primarias del partido Renovación Popular”, dijo López Aliaga en una carta leída ante el ayuntamiento.
Miembro del grupo católico tradicionalista Opus Dei, el corpulento y calvo López Aliaga ha adoptado el apodo de “Porky”, convirtiéndolo en una especie de símbolo político.
En junio, cuando un seguidor le regaló un lechón con capa mientras visitaba un proyecto vial, lo apodó “Worky” para resaltar su “amor por el trabajo”.
Los medios peruanos llaman a su segunda candidatura a la presidencia “la venganza de Porky”.
López Aliaga –admirador de Donald Trump y del salvadoreño Nayib Bukele– pide que los peores criminales, a quienes se refiere como “terroristas urbanos”, sean juzgados por tribunales militares.
– TIEMPOS/AFP
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