Empresas estatales en negro pero Milei sigue adelante con plan de privatización

En un intento por consolidar el superávit fiscal de Argentina y reforzar las reservas internacionales del Banco Central, el gobierno del presidente Javier Milei está avanzando con un ambicioso y duradero plan de privatización. La estrategia del gobierno es generar ingresos en dólares a partir de la venta o concesión de empresas estatales. Esto es crucial para el gobierno, dado que la acumulación de divisas sigue siendo una de las principales preocupaciones que enfrenta su programa económico. Sin embargo, hay un nuevo desarrollo en las discusiones: varias de las empresas objetivo de las ventas estatales lograron tener un superávit en 2025. Según información del balance anual del Ministerio de Economía de Argentina sobre los ingresos y gastos de las empresas estatales, cuatro de las seis empresas clave que el gobierno ha considerado vender cerraron el año en números negros, lo que genera dudas sobre el momento oportuno. En términos generales, las empresas estatales argentinas en conjunto cerraron 2025 con un superávit financiero de 903 mil millones de pesos (alrededor de 655 millones de dólares). Aun así, se trató de una caída del 19,1 por ciento con respecto a 2024, cuando el superávit se registró en 1,1 billones de pesos. Otra forma de medir es a través del resultado operativo, excluyendo el componente financiero de las cuentas. Siguiendo este criterio, el sector tuvo un déficit operativo de 1,3 billones de pesos (944 millones de dólares). Los números rojos se explican principalmente por los desequilibrios entre la importadora estatal de gas ENARSA y los servicios ferroviarios estatales, de más de un billón de pesos en cada caso. Por otro lado, la sanitaria AySA, la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino registraron superávit operativo. El plan oficial de privatización cubre sectores clave como la energía, el transporte y la infraestructura. Las principales empresas incluidas son Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y Logística y AySA. En varios casos, el gobierno ya ha iniciado procesos de licitación o concesión, mientras que en otros está avanzando con una reestructuración previa para hacerlos más atractivos para los compradores del sector privado. Analizando la situación empresa por empresa, cabe señalar que gran parte del superávit financiero en su conjunto lo explica ENARSA, empresa encargada de gestionar la infraestructura energética. Cerró el año pasado con un superávit de 324 mil millones de pesos. En cualquier caso, fue un 31,8 por ciento menor que en 2024. La utilidad operativa de AySA fue de 237 mil millones de pesos, aunque su déficit financiero fue de 18 mil millones de pesos. La explicación de esta brecha, según la empresa, es que los ingresos por tarifas de agua -que aumentaron alrededor de un uno por ciento mensual en 2025- crecieron a un ritmo menor que el gasto en obras. Otra empresa que el gobierno quiere concesionar y que registró déficit financiero en 2025 es Belgrano Cargas. La empresa de transporte ferroviario registró pérdidas de 41 mil millones de pesos, muy por encima de los casi 6,2 mil millones de pesos del año anterior. En cambio, otras empresas estatales cerraron el año con números positivos, entre ellas Intercargo, Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina. En los tres casos, en 2025 el gobierno ha iniciado el proceso formal para venderlos u ofrecer concesiones. Para Corredores Viales incluso se han abierto ofertas para algunos tramos de rutas nacionales. Intercargo tuvo un superávit financiero cercano a los 30 mil millones de pesos; Corredores Viales, de 39,6 mil millones de pesos; y Nucleoeléctrica Argentina –administradora de las centrales nucleares de Argentina– de 90.300 millones de pesos. A pesar de la mejora de las cifras, el gobierno se apega a su hoja de ruta. El principal objetivo sigue siendo obtener dólares en el corto plazo para fortalecer las reservas. En ese contexto, las privatizaciones funcionan como una herramienta que complementa otras fuentes de financiación, en un contexto donde el acceso al crédito internacional sigue siendo limitado. Además, el oficialismo sostiene que el sector privado puede gestionar estos activos de manera más eficiente, reduciendo costos y mejorando la calidad del servicio. – TIEMPOS/PERFIL