Entre asfalto y carpas: mujeres pasan el 8 de marzo frente a la Zona 7

Entre asfalto y carpas. Este domingo 8 de marzo, se marca un doble hito en las afueras del centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7, en Boleíta, al este de Caracas. Se cumplen dos meses desde que un grupo de familiares instaló un campamento improvisado para exigir la libertad de los detenidos por motivos políticos, una fecha que coincide con el Día Internacional de la Mujer. En el campamento de la Zona 7, precisamente, las madres, esposas, hermanas, hijas y cuñadas son quienes encabezan la presión hacia el Estado venezolano, en la que enfrentan condiciones de precariedad e incluso huelgas de hambre frente al incumplimiento de promesas oficiales, como la puesta en libertad de sus seres queridos. Desde el inicio de la pernocta el 8 de enero de 2026, la cifra de excarcelaciones en esta sede se mantiene estancada en comparación con otros centros de reclusión del país. A pesar de los anuncios hechos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la prioridad de este recinto, el saldo refleja que más de 40 presos políticos permanecen tras las rejas en Zona 7. En estos 60 días, solo se han registrado 19 excarcelaciones y dos traslados hacia el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. A pesar de estas liberaciones, los familiares que vienen desde el Zulia, Bolívar, Táchira y Miranda, consideran que son insuficientes. Las madres y familiares se niegan a levantar el campamento hasta no tener a sus parientes de vuelta en casa «De verdad que ha sido una situación bastante extenuante. Estamos agotadas, estamos cansadas. Aquí hay personas con ciertas patologías», relata Vera en una entrevista a Efecto Cocuyo.La huelga de hambre comenzó el 14 de febrero, pero los familiares de los presos políticos de la Zona 7 se encuentran acampando desde el 8 de enero. La exposición constante a la intemperie generó una crisis de salud entre quienes mantienen la vigilia, desde desmayos, alteraciones en la presión arterial hasta problemas de azúcar y cuadros de ansiedad debido a la incertidumbre. Además la falta de asistencia por parte de organismos humanitarios internacionales agrava el panorama dentro y fuera de las celdas. «La Cruz Roja, ni la nacional ni la internacional, se ha apersonado en la Zona 7», denuncia Vera. Según su testimonio, la ausencia de supervisión médica es crítica en el centro de reclusión, dado que entre los detenidos hay personas con problemas prostáticos, de tensión, hernias que requieren cirugía inmediata y pacientes con intervenciones bariátricas previas que necesitan cuidados especiales. Los familiares se instalaron el 8 de enero en los alrededores de la sede de la PNB a la espera de la excarcelación. demora en el otorgamiento de amnistías u otros métodos para otorgar libertades. «No entendemos qué es lo que está pasando con Zona 7 que no está incluido en las liberaciones», cuestiona la familiar. A pesar de que las autoridades legislativas aseguraron que este recinto sería una prioridad, el flujo de salidas se detuvo tras las primeras semanas de protesta y dejó a decenas de familias en una espera que Vera define como «insostenible». La dinámica de este campamento improvisado se sostiene principalmente por el esfuerzo de las mujeres, quienes gestionan desde la alimentación hasta la logística para visibilizar sus casos. Vera señala que, aunque hay detenidos de diversa índole, el grupo de presos políticos en la sede está compuesto mayoritariamente por hombres; Actualmente queda solo una mujer como presa política. Se sienten engañadas Mileidys Mendoza, esposa de Erick Díaz, una de los más de 40 detenidos por motivos políticos en la Zona 7, es una de las mujeres que radicalizó la protesta a través de un ayuno total que se extendió durante cinco días durante el pasado mes de febrero. Su esposo suma ya casi cuatro meses de detención y ella describe estos dos meses de campamento como una experiencia traumática. «Para mí ha sido una tortura de verdad porque no tenemos respuesta. Ni con la huelga de hambre que tuvimos respuesta de la situación», afirma Mendoza a Efecto Cocuyo.La desconfianza hacia los voceros gubernamentales se incrementó tras la visita de Jorge Rodríguez al lugar el 6 de febrero, cuando se prometieron soluciones en un plazo breve. Mendoza manifestó sentirse burlada por las autoridades, incluida la vicepresidenta. «Igual hemos sido burlados por Jorge Rodríguez ya través de la amnistía también hemos sido burlados. De la vicepresidenta Delcy Rodríguez también hemos sido burlados, porque no hemos tenido respuesta alguna», dijo.Durante el tiempo de reclusión, el estado emocional de los detenidos también ha sufrido un deterioro notable. Mendoza señala que, en las visitas recientes, los presos políticos han manifestado desesperación y solicitado medicamentos para poder conciliar el sueño ante la falta de noticias sobre sus procesos judiciales. «Se encuentran tan desesperados (los presos políticos) que nos están pidiendo medicamentos para dormir, debido a la situación en la que se encuentran. No tenemos ninguna respuesta», detalla. Promesas legislativas y huelga de hambre La cronología de estos dos meses incluye logros legislativos que no se tradujeron en la liberación masiva esperada por los familiares de los presos políticos. Tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el 19 de febrero, la expectativa en el campamento era alta, pero el silencio administrativo se impuso nuevamente. «Aquí no ha venido nadie. No nos han dicho nada; ninguno de ellos ha hablado con nosotros o ha salido a dar información», reportó Petra Vera un día después de la sanción de la ley. La huelga de hambre, que comenzó el 14 de febrero y se mantuvo durante 134 horas, obligó a la mayoría de las mujeres participantes a retirarse por complicaciones de salud como taquicardias y baja tensión. Entre las huelguistas se encontraban Sandra Rosales, Narwin Gil, Sachareth Torres, Yaxzodara Lozada, Carolina Carrizo, Mileidys Mendoza, Mariana Escalona, ​​Yessy Orozco, Nelsy Escorcia y Evelin Quiaro. La medida de presión solo logró la atención momentánea de un fiscal del Ministerio Público. La situación económica de los familiares también se ve afectada por las deficiencias del centro de detención preventiva. En el pasado mes de febrero, los familiares tuvieron que recaudar 70 dólares para abastecer de agua la sede, debido a que los detenidos se negaban a ingerir alimentos por la falta de higiene en los calabozos. El saldo tras 60 días de resistenciaAl cumplirse dos meses del campamento, el contraste entre el discurso oficial de pacificación y la realidad de los calabozos de Boleíta persiste. Para Mileidys Mendoza, la situación de justicia en el país es desigual y afecta directamente a los ciudadanos inocentes. «Sigue Venezuela estando sin justicia y así como siguen saliendo personas inocentes siguen entrando más personas inocentes porque las cárceles están llenas de personas inocentes», dijo.Petra Vera coincide en que la presión es la única herramienta que les queda para evitar que sus familiares queden en el olvido. «Estamos hoy aquí haciendo presión para que den respuesta a la liberación de nuestros presos políticos de Zona 7», asegura. La mujer recalca que ya han agotado las vías administrativas y legales, incluyendo la entrega de documentos ante el defensor del pueblo. En este 8 de marzo, las mujeres del campamento de Zona 7 conmemoran su día desde el asfalto y una carpa, y reafirman su papel como principales gestoras de la libertad de los presos políticos en Venezuela.