La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena enfrenta una de las crisis más profundas de su historia.
Con una deuda que bordea los 86 mil millones de pesos, la entidad ha sido catalogada como la corporación más endeudada del país y, en medio de este complejo escenario, el exfiscal regional Adrián Vega fue convocado por la alcaldesa Daniela Norambuena para encabezar las acciones judiciales. y transparentar las irregularidades que hoy tienen a la institución bajo la lupa del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.
Durante una sesión extraordinaria del consejo municipal, Vega —actual asesor jurídico externo— expuso los avances de las investigaciones y las querellas penales presentadas en representación de la municipalidad y sus organismos dependientes. Los antecedentes judiciales se sustentan en tres informes de Contraloría y múltiples auditorías internas que dan cuenta de presuntas malversaciones de fondos públicos, boletas falsas y manejos financieros prohibidos.
Leer también: Norambuena tras ampliar querella por pagos irregulares en la CGGV: “Se jugó con la salud y la educación”
QUERELLAS Y PRINCIPALES FOCOSEntre las causas más relevantes destaca el caso de las boletas falsas en el área de salud, que involucran pagos por honorarios a funcionarios que no realizaban tareas efectivas.
Tres imputados ya fueron condenados por fraude al fisco tras solicitar juicio abreviado, pero la fiscalía y la corporación apelaron para incorporar el delito de lavado de activos. Se espera que la mayoría de los involucrados enfrente un juicio oral por fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de dinero.
Leer también: El papel de “palos blancos” de Nicole Cadena Munita en el fraude en la CGGV
Otra arista crítica corresponde a la apropiación de cotizaciones provisionales, un daño estructural que afecta principalmente al área de educación. Según Vega, el 74% de las cotizaciones de los trabajadores del sector nunca fue enterado, acumulando una deuda superior a los 41 mil millones de pesos por intereses y reajustes.
“Fue una decisión financiera desastrosa, casi un suicidio institucional”, señaló el abogado.
EL DESVÍO DE RECURSOS Y EL NEGOCIO DE LAS ATELas investigaciones también revelan un manejo irregular de fondos públicos, con traspasos prohibidos entre las áreas de educación, salud y administración central.
Pese a que la ley impide desde 2015 la transferencia de recursos educativos hacia otros multas, las auditorías confirman la existencia de una “bicicleta financiera” interna que operó durante años.
A ello se suman pagos por más de 4.500 millones de pesos a una sola entidad por Asesorías Técnicas Educativas (ATE), sin respaldo de capacitaciones ni evidencia de resultados.
“Se pagaron servicios que no se acreditan y cuyos impactos son inexistentes. Muchos directores han declarado no conocer a quienes recibieron esos fondos”, advirtió Vega.
El abogado también confirmó la detección de “funcionarios fantasma”, talleres pagados a personas sin vínculo con la corporación y servicios tecnológicos sin relación con el giro institucional. “Hay gastos que no tienen justificación material y que deben ser investigados penalmente”, enfatizó el profesional.
FALTA DE CONTROL Y RESPONSABILIDADESAl respecto, el informe 589 de Contraloría es categórico: más de 31 personas que no figuraban en el libro de remuneraciones recibieron transferencias masivas desde cuentas institucionales.
Para Vega, esto demuestra una ausencia total de control interno y una administración que por años operó con criterios discrecionales. “Se levantaban recursos de un área para tapar hoyos en otra, pese a que eso está expresamente prohibido. Había un modus operandi destinado a maquillar el déficit”, sostuvo.
Solo en cuanto a cotizaciones impagas —sin multas ni reajustes—, la deuda histórica alcanza los 5.500 millones de pesos nominales, cifra que podría cuadruplicarse al incluir intereses.
“Estamos ante un daño patrimonial de enorme magnitud. La tarea ahora es determinar las responsabilidades individuales”, añadió el exfiscal.
PLAZO DE SEIS MESES Y FUTURAS FORMALIZACIONESHasta el momento, la investigación interna se concentra en dos líneas: los gastos reiteradamente rechazados por la Superintendencia de Educación y las prestaciones de servicios sin sustento documental. En paralelo, se revisan contratos de empresas de seguridad y tecnología que prestan servicios transversales a la corporación, con posibles desvíos de recursos hacia fines distintos de los que establece la ley.
Toda la información recabada será entregada al Ministerio Público, que deberá decidir si amplía o formaliza las causas.
Al respecto, el equipo encabezado por Vega espera completar el levantamiento documental en un plazo de seis meses. “Esto no es solo una auditoría contable, es la reconstrucción de años de malas prácticas. Lo que estamos encontrando son indicios graves de delitos contra el patrimonio público”, sentenció.
Mientras tanto, la Corporación Gabriel González Videla intenta sostener su funcionamiento diario bajo un estricto control financiero y con la presión ciudadana de esclarecer responsabilidades.
La magnitud del daño, la dispersión de fondos y la existencia de pagos sin respaldo han instalado una convicción compartida: sin justicia ni transparencia, la educación y la salud municipal seguirán siendo las principales víctimas de una gestión marcada por el descontrol y la opacidad.
