Explicador: Puntos clave del paquete de reforma laboral recientemente aprobado por Mileis

La controvertida reforma laboral del presidente Javier Milei, que apunta a flexibilizar el actual marco laboral de Argentina, ahora es ley luego de la aprobación del Congreso. La llamada ‘Ley de Modernización Laboral’ es presentada por el gobierno como una herramienta para promover el empleo formal, facilitar nuevas contrataciones y reducir los litigios. Los sindicatos, sin embargo, lo califican de “regresivo” e “inconstitucional”. Han protestado contra ello en las calles y se están preparando para impugnarlo en los tribunales. A continuación se presentan algunos aspectos claves de la reforma impulsada por Milei y su partido La Libertad Avanza. Jornada laboral y feriados La Ley de Modernización Laboral de Milei modifica la Ley de Contrato de Trabajo y otros regímenes regulatorios. Permite ampliar la jornada laboral de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, siempre que las horas adicionales se compensen con tiempo libre pactado mediante un sistema de “banco de horas” o con permisos compensatorios. Las vacaciones anuales ahora podrán dividirse en períodos de siete días, en lugar del mínimo anterior de 14 días consecutivos. Aunque el proyecto de ley estipula que estos cambios deben acordarse de mutuo acuerdo, los sindicatos argumentan que el desequilibrio de poder entre empleador y empleado operará en detrimento de los trabajadores. Indemnizaciones por despido La ley reduce las indemnizaciones en casos de despido y permite a los empleadores financiarlas a través de un fondo sustentado por contribuciones mensuales deducidas de los pagos de pensiones. También establece criterios explícitos para actualizar los montos de compensación en juicios laborales (anteriormente dejados a la discreción de los jueces individuales) y permite a los empleadores pagar las indemnizaciones ordenadas por el tribunal en hasta 12 cuotas. El gobierno de Milei sostiene que la reforma “uniformizará criterios”, frenará los litigios laborales y brindará alivio a las pequeñas y medianas empresas. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, dijo que los cambios violan “el deber del Estado de proteger el empleo” al eliminar el “efecto disuasorio” que tiene la indemnización sobre los despidos sin causa. Figuras de la oposición han advertido que la medida podría dar lugar a una financiación insuficiente de los planes de pensiones. Salarios y convenios colectivos Según la nueva ley, los empleadores pueden pagar salarios en moneda extranjera o parcialmente en especie, es decir, a través de alimentos, alojamiento u otros bienes y servicios. También permite renegociar los contratos para ajustar la remuneración según las métricas de productividad, el cumplimiento de objetivos o el desempeño. Los convenios colectivos de empresa o regionales tendrán prioridad sobre los convenios sectoriales. Además, se derogan ciertos estatutos profesionales, incluidas las normas que rigen a los periodistas y las normas relativas a su despido. La asociación de prensa y los sindicatos del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la derogación, calificándola de “un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”. Derecho a huelga La ley introduce requisitos mínimos de servicio durante las huelgas del 75 por ciento en sectores como las telecomunicaciones, la aviación comercial y la educación, con un 50 por ciento en una amplia gama de industrias que incluyen la farmacéutica, el acero, la producción de alimentos, la construcción, la minería y el comercio electrónico. Las asambleas de personal y los congresos de delegados también deberán recibir autorización del empleador, y los trabajadores no recibirán remuneración por el tiempo de asistencia a los mismos. Para Cremonte, “la restricción del derecho de huelga es manifiestamente contraria a todas las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. El abogado, que asesora a varios sindicatos locales, explicó que el control constitucional en Argentina es “difuso”, es decir, “pueden pasar años antes de que la jurisprudencia se consolide en torno a una determinación de inconstitucionalidad”. noticia relacionada por Tomás Viola, AFP