Expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lleva condena por corrupción al Comité de Derechos Humanos de la ONU

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el miércoles que planteó su condena por corrupción ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manteniendo su inocencia y alegando arbitrariedad judicial en un intento por apartarla definitivamente de la vida política. La mujer de 73 años, una figura dominante y polarizadora en la política interna, fue presidenta de la nación de 2007 a 2015 después de suceder en el cargo a su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner. En 2025, la Corte Suprema de Argentina confirmó su condena por fraude en la adjudicación de contratos de obras públicas en la región de la Patagonia austral durante su presidencia, dictada como parte del juicio por corrupción ‘Vialidad’. Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión, que cumple bajo arresto domiciliario, y con inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. “La proscripción perpetua es, de hecho, el castigo principal”, escribió la veterana política en una carta publicada en las redes sociales anunciando su llamamiento al organismo de la ONU. “Quieren impedir que una parte del pueblo argentino vuelva a poder elegir libremente el proyecto político que representa sus esperanzas”, alegó. La inhabilitación de Fernández de Kirchner ha alimentado un debate interno en la oposición peronista sobre quién debe liderar el movimiento. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un organismo de 18 expertos independientes, monitorea la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de sus estados miembros, incluida Argentina. Examina denuncias individuales que alegan violaciones del tratado después de que se han agotado los recursos legales internos. Aunque el comité no puede obligar a los estados a cumplir con sus conclusiones, sus decisiones tienen un peso político y de reputación significativo. Si concluye que se han violado derechos, puede emitir recomendaciones pidiendo al Estado que proporcione reparación. Según Fernández de Kirchner, su petición busca que los jueces que presidieron el proceso que llevó a su condena sean “sometidos al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos”. Sostiene que fue víctima de un “machismo estructural” que aún persiste dentro de sectores del sistema judicial argentino. Un tribunal de apelaciones rechazó recientemente una solicitud de su equipo legal para revocar una orden de confiscación de casi 500 millones de dólares en activos vinculados a la expresidenta y su familia. También perdió los pagos mensuales especiales que recibía como exjefa de Estado y la pensión que cobra como viuda de Néstor Kirchner, aunque esta última fue restituida parcialmente tras un recurso de apelación. En junio, otro tribunal advirtió a Fernández de Kirchner que “se abstuviera de participar en conductas” que violaran las condiciones de su arresto domiciliario, que incluye el uso de un monitor electrónico en el tobillo, después de que manifestaciones de sus partidarios supuestamente perturbaran su vecindario. Le dijeron que el privilegio del arresto domiciliario podría ser revocado si tales disturbios continuaban. Fernández de Kirchner sigue siendo una de las figuras políticas más influyentes del país, venerada por muchos en la izquierda pero con la feroz oposición de conservadores y libertarios. – Noticias relacionadas con TIMES/AFP/NA