El juicio de Martín Vizcarra por presuntos sobornos atraviesa su recta final y se acerca con cada audiencia a su esperada resolución, prevista para el mes de noviembre. De cara a la sentencia que dictarán en las próximas semanas, el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional dio este martes a la fiscalía ya la defensa de los acusados la oportunidad de jugar sus últimas cartas: las “pruebas excepcionales”.
Este tipo de pruebas son adicionales y distintos a los testigos y documentos previstos inicialmente para el juicio, los cuales ya fueron evaluados en su totalidad. Luego del ofrecimiento hecho este martes respecto a por qué estas evidencias serían útiles para la resolución del juicio, el juzgado anunciará este miércoles en audiencia si las admite.
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Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.
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el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jatoofreció como su “prueba excepcional” siete documentos. Todos están ligados al proceso de adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Según su acusación, el entonces gobernador de Moquegua pidió y recibió por estos un total de 2,3 millones en sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, respectivamente.
Así, las nuevas evidencias del Ministerio Público no se relacionan directamente con la presunta entrega del dinero de los sobornos, ya detallada por distintos testigos durante el juicio. En cambio, buscan reforzar el aspecto anterior: el supuesto condicionamiento a las empresas para favorecerlas con los proyectos a cambio de un acuerdo para que accedan a pagar.
El proceso de licitación para ambas obras se hizo luego de un acuerdo entre el Gobierno Regional de Moquegua y la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos). Según esto, el organismo se encargaba del concurso público para evaluar la mejor oferta y luego la entidad firmaba el contrato.
La acusación sostiene quee la UNOPS hacía el concurso y recomendaba al mejor postor, pero que el Gobierno Regional tenía la última palabra por su capacidad para observar al ganador antes de la firma del contrato. Por el contrario, la defensa del expresidente afirma que el Gobierno Regional simplemente debía proceder a firmar el contrato con la empresa o consorcio que el organismo internacional dé como ganador.
Para la fiscalía, ello permitió a Martín Vizcarra “condicionar” a ICCGSA a pagarle una coima de S/ 1.3 millones a cambio de no observar la firma del contrato por el Hospital de Moquegua. Agreguen que su conocimiento del proceso de licitación le permitirá ofrecer “información privilegiada” a Obrainsa para que su oferta gane el concurso por Lomas de Ilo, a cambio de S/ 1 millón. Ambos hechos, ampliamente negados por el exmandatario, habrían ocurrido entre noviembre y diciembre del 2013.
Martín Vizcarra es interrogado durante su juicio. Foto: GEC / Joel Alonzo
Las últimas pruebas de la fiscalía
Los dos primeros documentos ofrecidos por la parte acusadora este martes fueron un formato de autorización de comisión de servicios emitidos por el Gobierno Regional de Moquegua a favor de Martín Vizcarra y un informe de viajes firmado por el entonces presidente regional. el fiscal Germán Juárez dijo que estos buscan acreditar que el acusado tuvo una reunión con la UNOPS en Lima a fines de noviembre y contradecir al acusado, quien dijo que “no tenía conocimiento del desarrollo del proceso de selección con UNOPS”.
“Este documento (el informe de comisión) desacreditar la versión [de Martín Vizcarra] y queda acreditado que sí tenía reuniones y un interés directo con los funcionarios de UNOPS que llevaban a cabo la licitación de los dos procesos antes mencionados (…) Queda acreditado que el señor Martín Vizcarra sí tuvo reuniones con UNOPS dentro del marco de los procesos de selección antes mencionados”, dijo.
Los otros cinco documentos presentados por la fiscalía buscan acreditar que el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG)la unidad ejecutora del proyecto lomas de ilo dentro del Gobierno Regional de Moquegua, apuntó a evaluar las ofertas de tres organismos internacionales para sacar adelante la licitación: la UNOPSla Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Sin embargo, según la fiscalíaMartín Vizcarra tuvo un “interés directo” en que sea la UNOPS la que desarrolló el concursocomo eventualmente acordó el Consejo Regional del Gobierno de Moquegua. De acuerdo con el Ministerio Público, esto fue porque las otras entidades planteaban encargarse del concurso hasta la firma del contrato, mientras que la UNOPS terminó con la recomendación, lo que le dio al Gobierno Regional la última palabra y la facultad para condicionar a las constructoras.
Los fiscales Germán Juárez y Osías Castañeda, representantes del Ministerio Público durante el juicio de Martín Vizcarra. Foto: CSNJPE
Para esto, el fiscal Germán Juárez ofreció una acta donde el Consejo Directivo del PERPG acuerdo plantear al Consejo Regional de Moquegua la firma de un convenio internacional para el proyecto Lomas de Ilo y donde remiten las ofertas de UNOPS, OEI y OIM; así como el oficio donde el gerente general del PERPG eleva a Martín Vizcarra, como presidente regional, las tres propuestas “para que sea bien el gobierno regional o bien el Consejo Regional los que decidan cuál era la mejor opción”.
Luego, presentó un memorando enviado por Martín Vizcarra al entonces general general del Gobierno Regional de Moquegua, Edmer Trujillodonde “el acusado, de manera unilateral, aprueba que sea UNOPS” la entidad que llevará adelante el desarrollo del proceso de selección de Lomas de Ilo; y un informe posterior en que Trujillo remite el convenio a firmar con la UNOPS al gerente general del PERPG.
Según el fiscal, estos “va a demostrar el interés directo que tenía el señor Martín Vizcarra para que sea UNOPS quien lleve a cabo el proceso de selección de los proyectos anteriormente mencionados”. “Con eso también se desacredita la versión del señor Martín Vizcarra, que el día 25 de octubre, al declarar, señaló que fue el Proyecto Especial Pasto Grande quien decidió por UNOPS, cuando no fue así”, agregó.
Finalmente, el último documento es un acta remitida este año por el Gobierno Regional de Moquegua con la que “se va a establecer con bastante claridad” que la OIM y OEI plantearon en su propuesta que “ellos concluyen con la adjudicación de la buena pro, incluso hasta cuando quede consentida el otorgamiento. Es distinto a la UNOPS, que solamente terminaba el proceso de selección con un informe de recomendación”.
Martín Vizcarra durante su interrogatorio, parte de la recta final de su juicio por presuntos sobornos. Foto: GEC / Joel Alonzo
“Esto abona a la tesis del Ministerio Público de que, efectivamente, se decantan por UNOPS porque no adjudicaba la obra y le daba un margen de maniobra al señor Martín Vizcarra para efectos de que pueda condicionar la suscripción del contrato, como es en el caso de Lomas de Ilo”, concluye el fiscal. “Estas documentales son manifiestamente útiles para el esclarecimiento de los hechos”.
En el debate posterior, la procuradora Karen Elespurú se sumó al pedido para que se admitieran las “pruebas excepcionales” ofrecidas por el Ministerio Público, alegando que van a completar, con la prueba ya accionada a nivel de juicio, para que el colegiado pueda comprender realmente cuál ha sido la participación del señor Vizcarra” en los procesos de licitación de ambos proyectos.
En cambio, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Sicchase opuso a la admisión de toda esta evidencia por dos razones: por vulnerar el derecho a la defensa del expresidente y por su “impertinencia” respecto a los hechos que se abordan en el juicio. Respecto a lo primero, sostuvo que fueron documentos que la fiscalía recibió luego de que ellos mismos cerraron la investigación del caso en diciembre del 2022.
“Estos elementos de prueba (…) son respuestas del 2025 a oficios emitidos por el Ministerio Público este año”, alegó. “Es decir, durante todo este tiempo, el Ministerio Público ha seguido investigando clandestinamente a mi patrocinado Martín Vizcarra.sin notificar a las partes procesales ni a la defensa, para que nosotros podamos ofrecer los elementos de descargo pertinentes (…) Estos elementos de prueba que se intentan ofrecer como excepcionales vulneran el contenido esencial del derecho de defensa”.
En cuanto al segundo motivo de su oposición, sostuvo que la acusación contra su defendido “no está vinculada, en lo absoluto, al proceso de selección realizado por UNOPS”. “¿En qué momento se ha cuestionado el proceso de selección de UNOPS como organismo internacional? (…) Admitir estos medios de prueba es nuevamente dar pie a desviar el debate, a desviar lo que es el tema probando (objeto de la prueba) en este juicio”, sostuvo. “Solicitamos que todos estos medios de prueba sean declarados inadmisibles”.
Martín Vizcarra es interrogado por su abogado durante su juicio. Foto: CSNJPE
Las pruebas de la defensa
A su turno, la defensa de Martín Vizcarra también presentó sus propias pruebas documentales: cuatro testigos nuevos y siete documentales.
Los primeros testigos son Tomás Portillo Alarcón, exvicepresidente del gobierno regional durante la gestión de Martín Vizcarra, y Zoila Oviedo, exsecretaria de la presidencia regional. Con ellos buscará acreditar que el vicepresidente firmaba documentos de la presidencia regional incluso cuando este último estaba presente en Moquegua. El objetivo es probar que no estuvo en Lima el día de la supuesta reunión con Obrainsa para pactar la coima.
También ofreció como testigo a Leoncio Gómez Alvarado, recepcionista del edificio donde vive Martín Vizcarra. Con su declaración, buscará desmentir lo declarado por el testigo y colaborador eficaz José Manuel Hernández respecto a que su chofer dejó en la recepción de ese edificio un empaque con dinero pagado por I CCGSA para el expresidente.
Finalmente, requirió la declaración del brasileño Fernando Cotrim Barbieri, exoficial de la UNOPS en el Perú, para que dé su testimonio sobre el proceso de licitación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
En cuanto a las documentales, ofrecimos dos pronunciamientos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) con los que busca desmentir lo afirmado por un perito de la fiscalía respecto a que la UNOPS no podía publicar información por su cuenta en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).
Martín Vizcarra dialoga con su abogado, Erwin Siccha, mientras los jueces deliberan. Foto: CSNJPE
Luego, pidió que se evalúe como prueba la sentencia de colaboración eficaz dictada contra Obrainsa para evidenciar una aparente contradicción entre lo dicho allí por su exdirectivo. Elard Pablo Tejeda y su posterior declaración este juicio, sobre la fecha de la supuesta reunión en la que Martín Vizcarra solicitó el soborno.
Otras dos pruebas son las disposiciones de la fiscalía superior del Equipo Especial Lava Jato y del juzgado que llevó el control de acusación de este caso donde se descarta el delito de usurpación de funciones por el que también fue investigado Martín Vizcarralo que -para la defensa- servirá para demostrar que no tuvo injerencia en la licitación del proyecto Hospital de Moquegua.
Además, presentó la sentencia de colaboración eficaz de jose manuel hernandez para evidenciar una supuesta incongruencia respecto a un delio archivado en su contra. Finalmente, ofreció un artículo periodístico del diario El Comercio del 2014 para acreditar que Había “transparencia” en las relaciones de Martín Vizcarra. con empresas privadas y descartar que el pedido hecho a Obrainsa para el pago de una avióneta haya sido un “beneficio privado”.
El fiscal también se opuso a la admisión de todos los testigos y pruebas documentales ofrecidas por la defensa, quien también rechazó lo dicho por el abogado sobre una supuesta. investigación “clandestina” al expresidente. “Acá lo único clandestino son las coimas del señor Martín Vizcarra Cornejo”, afirmó.
Sobre el testimonio del exvicepresidente de la gestión de Martín Vizcarra, Sostuvo que ellos también buscaron su declaración, pero que se encuentra imposibilitado por motivos de salud derivados de su avanzada edad. En cuanto a la exsecretaria, indicó que otros dos testigos que ya declararon cumplieron roles similares en ese período.
Los jueces a cargo del juicio de Martín Vizcarra, liderados por la magistrada Fernanda Ayasta, anunciarán este miércoles si permitirán más pruebas para su evaluación. Foto: GEC / Joel Alonzo
Respecto al recepcionista del edificio, cuestionó que recién se busque su declaración ahora y que no se le haya ofrecido como testigo después de varios años, calificándolo de “prueba sospechosa”. “¿Cuánto tiempo lo han tenido oculto? ¿No será que exista una declaración ya preparada para este señor”, dijo.
Añadió que el ofrecimiento de Cotrim Barbieri es un “refrito” porque ya antes ya se buscó sin éxito que declarar y porque ya se evaluó durante el juicio un comunicado emitido por la UNOPS sobre estos hechos. Añadió que el procedimiento para citarlo dilataría el juicio y, probablemente, no llegue a presentarse.
Con relación a los otros documentos, indicó que no afecta la acusación contra Martín Vizcarra o que no tienen nada que ver con esta. Además, rechazó que haya habido un cambio de versión en lo dicho por el exgerente de Obrainsa, ya que la acusación plantea que las reunión con Martín Vizcarra en cuestión fue entre el 4, 5 y 6 de noviembre; mientras que en lo relativo a jose manuel hernandezseñaló que es facultad de los jueces y fiscales variar la “calificación jurídica” de los mismos hechos.
Este miércoles desde las 9:30 am, el juzgado definirá si admite todas, solo algunas o ninguna de estas “pruebas excepcionales”, valorando si son pertinentes para el juicio. Dependiendo de ello, estas evidencias se evaluarían a fondo en las dos audiencias programadas para la próxima semana o en esas mismas fechas se pasarían directamente a los alegatos finales de las partes.
