Gobierno de Milei limita cobertura de prensa en protesta por reforma laboral

Bajo el objetivo declarado de “salvaguardar la integridad de los periodistas”, el Ministerio de Seguridad de Argentina anunció que los miembros de la prensa deben permanecer dentro de una “zona exclusiva” durante la movilización encabezada por los sindicatos del jueves contra el impulso de reforma laboral del presidente Javier Milei. En un comunicado compartido en las redes sociales, la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva advirtió que informar desde posibles focos de tensión podría implicar “autoponerse en peligro”, un eufemismo que, según los críticos, responsabiliza a los periodistas por cualquier agresión o violencia que pueda ocurrir durante las operaciones de seguridad. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) rechazaron el anuncio, advirtiendo que las medidas ponen límites al ejercicio de la libertad de expresión. La pregunta, argumentan, es sencilla: ¿cómo pueden los periodistas informar sobre lo que sucede en una manifestación si no se les permite estar en el lugar? El pasado miércoles 11 de febrero, cuando el Senado debatía el proyecto de ley de modernización laboral respaldado por el gobierno, las fuerzas de seguridad disolvieron una manifestación que había sido convocada. Las autoridades justificaron la acción policial citando la presencia de grupos violentos de manifestantes que arrojaron bombas molotov y piedras a las fuerzas de seguridad. Hubo heridos por balas de goma y gases lacrimógenos, así como detenciones. Aunque la Plaza de los Dos Congresos había sido despejada a las cinco de la tarde, el operativo de seguridad continuó hasta pasadas las ocho de la tarde. Ante la posibilidad de nuevas movilizaciones esta semana, Monteoliva incluyó en el último comunicado una advertencia interpretada por algunos como una amenaza: “En caso de violencia, nuestras fuerzas actuarán”. La declaración del Ministerio de Seguridad se emitió antes de un debate clave sobre el proyecto de reforma laboral que tendrá lugar en la Cámara de Diputados de la Cámara Baja. Se aplica a las manifestaciones del 18, 19 y 20 de febrero. Las autoridades dicen que el objetivo era “reducir las situaciones de riesgo”. Sin embargo, impedir la presencia de la prensa significaría también la ausencia de cámaras y testigos en caso de una represión represiva por parte de las fuerzas de seguridad. Asociaciones de prensa alertaron de un incidente anterior en el que un fotoperiodista resultó gravemente herido mientras cubría una manifestación el año pasado. “Cuando el 12 de marzo [2005] “Se produjo la represión que hirió a Pablo Grillo, se pudo establecer que la responsabilidad material era del gendarme Héctor Guerrero gracias a cámaras de televisión, fotoperiodistas y manifestantes que registraron con sus teléfonos móviles lo sucedido”, dijo a Perfil Agustín Lecchi, secretario general del SIPREBA. “Pudimos reconstruir los hechos junto a compañeros del proyecto Mapa de la Policía, y Guerrero fue puesto en el banquillo de los acusados a pesar de que Patricia Bullrich intentó culpar al propio Grillo”, confirmó Lecchi. En respuesta a las nuevas medidas anunciadas por Monteoliva: “El ministerio está imponiendo condiciones para los trabajadores de la prensa que son incompatibles con las convenciones de derechos humanos, como exigir que los vehículos de noticias se estacionen en un área designada o evitar posicionarse entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad bajo la amenaza de que hacerlo constituye una ‘autoagresión’”, advirtió SIPREBA. ACERA expresó una opinión similar. La organización que representa a los corresponsales extranjeros en Argentina advirtió que el anuncio del Ministerio de Seguridad no sólo obstaculiza el derecho a buscar y difundir información, “sino que también atenta contra el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”. Resaltó además que en contextos de alta conflictividad social, “es deber del Estado garantizar el más alto nivel de protección a periodistas y trabajadores de medios de comunicación”. Este principio está consagrado en estándares internacionales, incluidos los establecidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Según ACERA, las nuevas disposiciones “crean un efecto intimidante en el trabajo periodístico”. ​