Gobierno se blinda con Devoe en Fiscalía y deja Defensoría en segundo plano

En Venezuela aún no se ha iniciado un proceso de transición a la democracia, luego de los eventos del 3 de enero, pero del llamado “rodrigato” y del chavismo aún se espera alguna señal que indique que estarán dispuestos a facilitar la ruta. Políticos, juristas y defensores de derechos humanos consideraron que la designación de un nuevo fiscal y defensor del pueblo apegada a las leyes era una oportunidad para demostrar voluntad de cambio. Pese a la demanda de la sociedad civil, la Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo, con los votos de la Alianza Democrática, ratificó en el cargo al fiscal general encargado, Larry Devoe, y nombró a la exconsultora jurídica del Poder Electoral, Eglée González Lobato, como nueva defensora del pueblo. En un proceso que se excedió en los lapsos establecidos (hubo una prórroga de 48 horas para las postulaciones) no se publicó el baremo ni la lista final de elegibles, el Parlamento descartó a juristas de amplia trayectoria como Magaly Vásquez para dirigir el Ministerio Público y nombres como el del director de Derechos Humanos, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Vladimir Alvarado, para la Defensoría del Pueblo. El hecho de que Davoe, muy cercano a la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, pasara de encargado a fiscal titular, evidencia, desde la mirada de analistas consultados por Efecto Cocuyo, que el chavismo no estaba dispuesto a negociar el control institucional y sigue sin dar grandes muestras de una apertura democrática a 100 días de la captura de Nicolás Maduro. En el caso de la Defensoría del Pueblo, recordaron, el propio sistema se ha encargado de restaurarle el poder que debería tener, por lo que al Interinato no le resultaba un problema designar en dichas funciones a una persona sin militancia partidista y más “potable” tanto para un sector de la oposición como para el chavismo. Para abogados, los nombrados deben abocarse de inmediato a revisar los casos de los presos políticos y solicitar el sobreseimiento de las causas porque no han cometido delitos. Adaptación autoritaria El doctor en Procesos Políticos Contemporáneos, Juan Manuel Trak, subraya que en Venezuela no se ha iniciado una transición democrática, por lo que la renovación parcial del Poder Ciudadano (falta la Contraloría) por parte de la AN, este 9 de abril, no entra en el marco de una ruta hacia ese proceso, sino hacia lo que llama “una adaptación autoritaria«.“Lo que tenemos es un autor sistemaitario que sufrió una presión muy fuerte con la extracción de Maduro. Un evento que lo podemos denominar como un cisne negro; es decir, un evento disruptivo que ha provocado algunas modificaciones en la estructura de poder. “Es una señal inequívoca de que el control institucional de la Fiscalía no es negociable. De modo que lo que estamos viendo es un reacomodo de quiénes son los actores dentro del chavismo y no tanto una apertura democrática”, subrayó Trak. El grupo parlamentario Libertad, encabezado por el jefe de la fracción, Stalin González y Henrique Capriles Radonski, propusieron durante la sesión ordinaria a la destacada jurista Magaly Vásquez como nueva fiscal y la exdiputada Marialbert Barrios como defensora del pueblo. Sin titubeos, el chavismo pasó la aplanadora y, con ironía, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, contó los votos de la plenaria: 10 votos para Vásquez y Barrios y 275 para Devoe y González Lobato, quienes además del Psuv fueron apoyados por la Alianza Democrática y Fuerza Vecinal “La Defensoría del Pueblo, desde su creación, nunca ha jugado un papel relevante en la defensa de los DDHH de la ciudadanía. Básicamente tiene un papel testimonial. Ahora cae en manos de una persona vinculada a sectores no oficialistas, cuya característica principal es oponerse más al liderazgo de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria. Veremos si será un papel simbólico o si vamos a tener a una Defensoría del Pueblo defendiendo los derechos de la ciudadanía”, dijo Trak sobre el nombramiento de la exconsultora jurídica del CNE. Devoe ha negado violaciones de DDHH en Venezuela ante organismos internacionalesPolítica vs. oportunidad para escoger a una persona sin militancia política, independiente, defensora de la Constitución y las leyes Jorge Rodríguez, al defensor a Devoe, le respondió al diputado que no contaba con los votos para imponerse. la nueva justicia penal” y “un nuevo estado democrático de derecho y de justicia”. Mientras que González Lobato aseguró que las puertas de la Defensoría del Pueblo estarán “abiertas para todos”. “Todos los cambios que ha hecho Delcy Rodríguez en los últimos meses son básicamente de equipo político, no hay un origen por cambio de gestión. Todos los que salieron del Gabinete eran cercanos a Maduro y los que entraron son del entorno de Rodríguez. No es diferente en el caso de la Fiscalía. Devoe es una persona ligada a la gestión de Rodríguez, cercana a ella, con vínculo político; esa es la naturaleza de la designación ”, advirtió el consultor político Ricardo Ríos.El presidente de la firma Poder y Estrategia dice que si bien González Lobato es conocida por su trayectoria en materia electoral y su vinculación gubernamental es de datos recientes, en los últimos meses se ha alineado narrativamente con los hermanos Rodríguez. En todo caso, en coincidencia con Trak, apunta que se le puede dar el “beneficio de la duda” y que se espera de ambos funcionarios una clave institucional de gestión, para una eventual transición política. González Lobato es doctora en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y coordinó la Cátedra Libre Democracia y Elecciones, de la UCV, además de consultora jurídica del CNE entre 2014 y 2016.¿Qué dice EEUU?La designación del fiscal y la defensora del pueblo se dio el mismo día en el que los cuerpos policiales y colectivos afectos al chavismo reprimieron una marcha de trabajadores que se dirigió a Miraflores para exigir aumento del salario mínimo y las pensiones. agredidos al menos 10 trabajadores de la prensa, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en redes sociales se exigió a los nuevos titulares de los cargos establecer responsabilidades en las agresiones y reivindicar el derecho a la protesta. Todo ello ocurre bajo el tutelaje de EEUU sobre el gobierno interino y la presencia de la embajadora Laura Doug en Caracas, se ha mostrado satisfecho con la cooperación petrolera y minera entre el interinato y la Casa Blanca. este 9 de abril, la AN también sancionó la nueva Ley de Minas que abre el sector a privados nacionales y extranjeros para la extracción de recursos, lo cual es clave para el intercambio con Washington. ¿Por qué EEUU no dice nada sobre las violaciones de DDHH que siguen ocurriendo en el país y la retardada liberación de presos políticos? indispensables para el nuevo posicionamiento que está buscando el país en el ámbito global, que por la democracia en Venezuela. “El nombramiento del fiscal y de la Defensoría del Pueblo, por lo menos, en este momento parece no tener relevancia para las tres fases de Marco Rubio. Ellos están tratando de garantizar que haya estabilidad y acceso a los recursos venezolanos y, por lo tanto, que haya una apertura real democrática no es la prioridad de los EEUU”, sostuvo. En coincidencia, Ríos añade que es en el tema económico, principalmente el petrolero y minero, en el que el interinato tiene poca capacidad de negociación con EEUU, que ejerce un tutelaje directo en esas áreas. Pero en otros temas, sostiene, tiene un margen de maniobra mayor, un cambio de cooperar económicamente, y es lo que se ve en las designaciones del fiscal. y la defensora del pueblo “EEUU puede que no imponga designaciones, puede que vete algunas, pero hay mayor margen de maniobra. Es un tutelaje relativo en algunos temas no económicos”, apuntó. Foro Penal, 485 personas permanecen privadas de libertad injustamente, por motivos políticos hasta el 6 de abril de 2026. Mientras que Justicia, Encuentro y Perdón registra 669 presos políticos hasta el 16 de marzo de 2026. y así quienes permanecen detenidos indebidamente pueden salir en libertad”, dijo el abogado de presos políticos, Joel García. En el caso de la defensora del pueblo, el penalista y el abogado experto en derecho penal internacional, Simón Gómez Guaimara, indicó que lo primero que debería hacer es visitar los sitios de detención para escuchar directamente a los presos políticos, documentar las situaciones de inconstitucionalidad y violaciones de DDHH y exigir las liberaciones. “Con la amnistía no hay medias tintas. Estos funcionarios (fiscal y defensora) deben hacer cesar los procesos penales por motivos políticos y deben promover la liberación de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos constitucionales. El MP debe revisar las causas, solicitar sobreseimiento y poner fin a la criminalización de la disidencia”, recalcó Gómez Guaimara. Otra de las acciones del MP, acotó, debe ser la de iniciar investigaciones por las graves denuncias de violaciones de DDHH que han ocurrido en Venezuela, denunciadas por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, y cooperar con la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad ocurridos en 2017. Eso sí, dijo, si aspiran a ganar credibilidad “De momento, la designación de Devoe envía un mal mensaje a los organismos internacionales de DDHH que realizan investigaciones sobre Venezuela, ante los cuales, como agente alterno, ha negado la comisión de violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad a pesar de la contundencia de las pruebas. El mensaje no es de apertura ni de reconocimiento del problema, sino de continuidad de la misma línea del Estado, lo que puede afectar la cooperación y la confianza en que pueda haber avances reales en materia de justicia y rendición de cuentas en el país”, agregó Gómez Guaimara.