Investigación de alianza periodística identifica a 18 víctimas de los 179 muertos por bombardeos del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico

El gobierno de Donald Trump ordenó, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, la destrucción de 58 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico mediante misiles del Comando Sur de Estados Unidos. El saldo: 179 muertos. Las autoridades estadounidenses califican las operaciones como acciones necesarias contra narcoterroristas en aguas internacionales. Una investigación transfronteriza liderada por el CLIP, con aliados en Venezuela, Colombia, Trinidad y Tobago y otros países, identifica a 18 de las víctimas. La mayoría son hombres humildes de comunidades costeras que buscan sustento para sus familias. Eduardo Jaime, alias Pichirilo, jugador de fútbol sala conocido en Güiria (estado Sucre, Venezuela), murió el 14 de octubre de 2025. Un misil alcanzó la lancha en la que viajaba. Amigos y familiares lo recuerdan como un deportista local. En la misma embarcación fallecieron Chad Joseph y Rishi Samaroo, dos jóvenes trinitenses. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CLIP (@el_clip_org) Sus familias presentaron demandas en tribunales estadounidenses por ejecuciones extrajudiciales. En La Guajira colombiana aparecieron restos de dos dominicanos de Pedernales, una zona de alta pobreza. Comunidades wayúu los enterraron. La investigación vincula estos casos a un ataque del 6 de noviembre de 2025. Los reporteros documentan que las víctimas suelen ser transportadores de bajo nivel o pescadores enrolados por necesidad económica. No corresponde al perfil de capos del narcotráfico que describen las declaraciones oficiales. Familiares enfrentan amenazas, miedo y ausencia de cuerpos para el duelo. Impactos adicionales Los bombardeos paralizan economías locales en pueblos nariñenses y guajiros. Pescadores y viajeros reducen actividades por temor. Al menos 18 vuelos comerciales sufrieron alteraciones en el Caribe colombiano. La cooperación internacional contra el narcotráfico se resiente porque varios países cuestionan la legalidad de los ataques. Expertos en derechos humanos, congresistas estadounidenses y organizaciones como Amnistía Internacional y WOLA critican estas acciones. Argumentan que las sospechas de tráfico no justifican ejecuciones sin juicio ni identificación previa de las personas. El Comando Sur afirma que cada operación se basa en inteligencia confiable y cumple con el derecho. Sin embargo, los funcionarios reconocieron en informes internos desconocer identidades y trayectorias de las víctimas. La alianza periodística construye una base de datos con nombres, apodos y nacionalidades verificados. El trabajo continúa para dar rostro a los 179 muertos y recordar que merecían un proceso judicial en caso de sospecha. Fuentes: Investigación “Bombardeados, sin derecho a la defensa” del CLIP y aliados, mayo 2026.