Justicia, Encuentro y Perdón afirma que persecución en Venezuela no se limita solo a actores políticos

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón afirmó este miércoles que, según sus registros, la persecución en el país «no se limita a actores políticos», sino que incluye otros «perfiles», como «profesionales, ciudadanos y activistas». En una publicación en X, la organización informó que hasta este miércoles registra 1.080 presos políticos en el país, 177 mujeres y 903 hombres. El informe detalló que, de esos detenidos, 42 son extranjeros y 50 son venezolanos con doble nacionalidad.Además, señaló, 170 son «funcionarios de seguridad del Estado activos», 35 «exmiembros» de los cuerpos de seguridad, otros 224 pertenecen a organizaciones políticas y 564 son parte de la «sociedad civil».En el registro también hay 20 periodistas, 14 representantes sindicales, 11 «defensores». subrayó que «persisten» casos en los cuales el paradero de las personas detenidas no se informa «de forma oportuna» o se impide el contacto con sus familias y defensores, «profundizando su vulnerabilidad jurídica y personal». En este sentido, el recuento destaca 145 personas cuyo paradero es desconocido o no ha sido informado oficialmente por las autoridades. «motivos políticos» y considera «constituye una violación particularmente grave». También alude a la situación de personas detenidas que padecen «enfermedades severas» y que, según la ONG, no tienen «acceso adecuado» a atención médica. libertad con condiciones de salud «críticas». Por su parte, la ONG Foro Penal, que también asiste a presos políticos, contabiliza menos casos. Hasta el 10 de noviembre, su registro incluye un total de 882 presos políticos en el país -766 hombres y 116 mujeres- y reporta que «se desconoce el paradero» de 59 personas. Foro Penal indicó a EFE el pasado domingo que en el país hay 43 presos políticos extranjeros y 41 venezolanos con otra nacionalidad, tras la liberación de Camilo Castro, ciudadano francés con raíces chilenas, quien estaba encarcelado desde finales de junio pasado. El Gobierno de Nicolás Maduro y también el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.