Sorpresa y gran polémica provocó, principalmente en el mundo político, el fallo absolutorio del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago a favor de los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivielso Almarza, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami Gumucio, Pablo Longueira Montes y Cristián Warner Villagrán, imputados por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos por presuntos delitos tributarios en el marco del llamado caso SQM.
La resolución generó distintos puntos de vista a nivel nacional, los que también se reflejaron en la región.
Al respecto, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) sostuvo que el fallo evidencia la necesidad de actuar “con el máximo rigor y profesionalismo” cuando una investigación involucra a una arista política, ya que “la tentación de perjudicar a personas o conglomerados es alta”.
Agregado que el juicio, que se extendió por casi 11 años, debe servir como precedente para que la justicia en Chile no se demore de manera extrema. “Cuando la justicia tarda tanto tiempo, no es justicia”, enfatizó.
DISCONFORMIDAD CON EL FALLOEn contraste, el diputado Ricardo Cifuentes (DC) calificó la absolución como una “vergüenza” y cuestionó la eficacia del sistema judicial chileno. “Después de 11 años de investigación, audiencias y recursos, se llega a esta absolución. Esto amerita una revisión profunda del sistema, porque genera un daño enorme a la fe pública”, afirmó.
Cifuentes recordó otros casos pendientes en la región, como la adquisición de terrenos conocidos como “Papaya Gate”, señalando que la falta de formalizaciones afecta la confianza ciudadana. “Si no hay justicia, no hay estado de derecho, y si no hay estado de derecho estamos en la ley de la selva”, sentenció.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) sostuvo que los fallos judiciales deben acatarse, aunque reconoció preocupaciones respecto al reproche del tribunal a los fiscales y querellantes por la politización del caso.
“Muchas veces estos procesos obedecen más a motivos políticos que jurídicos, generando una percepción equivocada de las normas que nos rigen. El fiscal nacional tendrá que revisar el actuar de los fiscales”, indicó, haciendo alusión a situaciones anteriores con la fiscal Chong. y casos vinculados a Carabineros.
PROCESO AÚN NO CONCLUIDOPor su parte, la diputada Carolina Tello (Frente Amplio) recordó que el proceso judicial aún no ha finalizado, ya que el Ministerio Público anunció que apelará la sentencia.
“Existen antecedentes que permiten continuar con el proceso el próximo año, lo cual es fundamental para dar una resolución definitiva. La ciudadanía espera respuestas y se encuentra expectante ante este caso emblemático, que ha generado indignación”, subrayó.
El fallo absolutorio del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, más allá de las discrepancias políticas, pone en evidencia la tensión entre la duración de los procesos judiciales, la percepción ciudadana sobre la justicia y la responsabilidad de los fiscales y tribunales en casos de alto impacto nacional.
Mientras la apelación se prepara, el debate sobre la eficacia y transparencia del sistema judicial chileno continúa en el centro de la agenda política y mediática del país.
EL CASO: Más de 10 años de investigación, tres años de juicio oral y 16 mil pruebasLa causa comenzó en 2014 como una arista del caso Penta y terminó transformándose en una investigación de gran escala sobre los vínculos entre Soquimich (SQM) y el mundo político. El Ministerio Público indagó el presunto pago de aportes irregulares a campañas electorales mediante boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas entre 2008 y 2014.
Según la Fiscalía de Valparaíso, SQM habría desembolsado más de 14,7 millones de dólares a través de más de 1.200 documentos tributarios falsos. Estas operaciones, autorizadas directamente por el entonces gerente general Patricio Contessehabrían servido para financiar campañas, donaciones y gastos personales de dirigentes y partidos políticos.
El juicio oral comenzó el 13 de febrero de 2023 y se extendió por casi mil días y 560 audiencias, en las que declararon cerca de un centenar de peritos y mil testigos, 14 de ellos murieron en medio del proceso.
Además, se presentó más de 16 mil documentos y dos mil medios de prueba, convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más extensos y costosos en la historia reciente del Ministerio Público.
Los imputadosA lo largo del proceso, el número de imputados fue disminuyendo drásticamente. De las más de 240 personas inicialmente investigadas, solo ocho acusados llegaron finalmente al juicio oral:
Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI
Roberto León, exdiputado
Marcelo Rozas, exembajador
Carmen Luz Valdivieso, exasesora de Pablo Longueira
Cristian Warner, exjefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami
A ellos se suman el exgerente general de SQM, Patricio Contesseel candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y el exministro de Economía y exsenador UDI Pablo Longueira, sindicalizados como los principales imputados de la causa.
