La Justicia en Nueva York rechazó el pedido de Burford para revisar la sentencia en el juicio YPF

La Corte de Apelaciones denegó la solicitud de los demandantes en el caso de la petrolera con participación estatal, luego de rever el fallo del 27 de marzo. La Justicia frenó el cierre del INTA AMBA, suspendió despidos y prohibió al Gobierno vender los inmuebles Otro desmarque de Bullrich: toma distancia de Milei por el retiro de pliegos judiciales Una vez más la justicia en Nueva York falla a favor del Gobierno Nacional en el caso YPF. yLa Procuración del Tesoro de la Nación informó este martes que en esta jornada la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de “rehearing in banc” presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina en el Caso YPF. La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”, se informó oficialmente. Además, resalta “la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”. Por último, la Procuración ratificó “su compromiso de continuar ejerciendo una defensa firme, estratégica y técnicamente sólida de los intereses de la República Argentina a nivel nacional e internacional”. El fallo que sigue vigente En marzo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió revocar la sentencia de primera instancia en el extenso juicio por la expropiación de la petrolera de bandera YPF. Gracias a esta determinación, la Argentina queda eximida de abonar una cifra superior a los u$s16.100 millones. Asimismo, el tribunal ratificó que la firma fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012. Este litigio, que se remonta al año 2015, había tenido su punto más crítico en 2023. En aquel entonces, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York condenó al Estado nacional a pagar la millonaria indemnización más intereses, al considerar que se había violado el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Eton Park y Burford.