La Ley de Amnistía ha sido una burla, denuncian familiares de presos políticos a un mes de su promulgación

Ser abogada e introducir un amparo en contra del cierre del diario La Voz, en el estado Miranda, le costó la libertad a Blanca Suárez Camacho. Desde hace un año y dos meses, la jurista permanece recluida en el centro penitenciario La Crisálida, en Los Teques, tras un proceso marcado por la opacidad inicial sobre su paradero. Su detención ocurrió luego de que intentara ejercer recursos legales para reactivar las operaciones del medio de comunicación donde laboraba. “Ella pidió un amparo para abrir el periódico y por eso fue encerrada; duros desaparecida dos meses por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”, afirmó su hermana, Magdalena Suárez. Familiares de detenidos por motivos políticos y activistas de derechos humanos se reunieron este jueves 19 de marzo frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario, en El Rosal. El grupo denunció que, tras un mes de la aprobación de la Ley de Amnistía, más de 500 personas continúan en prisión y expusieron las condiciones de reclusión en centros como El Rodeo I. Durante la jornada, los asistentes recrearon los protocolos de traslado que denunciaron a los parientes en los centros penitenciarios. Señalaron que en El Rodeo I deben usar capuchas para ingresar a las áreas de visita. Opacidad en La Crisálida El rastro de la abogada Suárez se perdió durante semanas en diferentes centros de detención preventiva antes de ser trasladada a su sitio de reclusión actual. Los familiares reportan que la comunicación ha sido intermitente y condicionada a las disposiciones de los custodios del recinto de Los Teques. La defensa legal de Blanca Suárez enfrenta cargos que la vinculan con la supuesta comisión de delitos graves sin que medie, según su familia, una base probatoria sólida. “Ella la acusan de delitos relacionados con funcionarios públicos y asociación para delinquir”, aseguró Suárez a Efecto Cocuyo durante la concentración frente al Ministerio. El impacto del encarcelamiento de Suárez va más allá de los tribunales y golpea a su núcleo familiar. En su casa, la ausencia de la abogada transformó la dinámica cotidiana de sus tres hijos, que esperan con ansias el regreso de su madre. Su hermana insiste en que no existen motivos legales para mantener la medida de privación de libertad tras más de catorce meses. “Sus hijos están sufriendo porque necesitan estar con su mamá, de la cual ya tienen un año y dos meses sin ella”, reiteró Magdalena. Promesas de amnistía En la refinería Cardón, en el estado Falcón, un incidente técnico ocurrido en mayo de 2022 derivó en la detención del exmilitar e ingeniero Hebro Leonardo Delgado Briceño. A pesar de que los informes internos señalaban que el origen del siniestro se debía a un accidente, el hombre fue privado de su libertad. La vinculación de Delgado con el incendio contradice los registros operativos levantados por la gerencia de operaciones de la planta petrolera en Falcón según la declaración de su familiar. “El incendio fue provocado por fallas mecánicas y quedó sentado en los registros de ese momento”, dijo su esposa, Marjolín González, quien se encontraba protestando frente a la cartera de cárceles. La expectativa generada por la Ley de Amnistía se ha transformado en escepticismo entre los familiares de los detenidos por causas políticas. Las cifras de excarcelaciones no coinciden con el universo total de personas que permanecen tras las rejas bajo diversas figuras de imputación, según sostiene el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve). El flujo de liberaciones parece haberse estancado tras los primeros anuncios oficiales realizados a principios del año en curso. “La ley de amnistía ha sido una burla para todos nosotros porque no entra ni siquiera el 20% de los presos políticos. No dejan ingresar a la Cruz Roja Internacional a atender a los presos políticos que se encuentran con un estado grave”, aseguró González. casos en medio de protestas. La mayoría de los familiares de los reclusos que se encuentran detenidos en estos dos centros penitenciarios coinciden al describir el estado físico de los presos: “Están desnutridos, han perdido mucho peso”, dijo Maira Morales, familiar de un preso político. Morales recordó que dentro de estos centros no existe atención médica especializada y que hay muchos privados de libertad que están enfermos y con patologías crónicas. La mujer mostró fotografías de antes y después de su familiar detenido, donde era notorio que había bajado rígidamente de peso. Las autoridades penitenciarias han negado estas versiones en reuniones privadas con los familiares de los internos. “El señor Wilman Corojo me dijo que mi hermano estaba gordo, pero aquí está la prueba de cómo lo conseguimos”, dijo Morales mientras mostraba la foto. El silencio administrativo tras las rejas Blanca Guerrero, recientemente excarcelada de La Crisálida, relató que en dicho penal existen áreas específicas para mujeres detenidas por distintos órganos de seguridad. El ala B del recinto penitenciario para mujeres, alberga a decenas de ciudadanas cuyos casos no siempre son visibilizados por las organizaciones de derechos humanos. La cifra de mujeres detenidas en este centro supera las estimaciones iniciales de los registros públicos de las organizaciones civiles, según denunciado. “Aproximadamente hay entre Cicpc, Dgcim y Sebin unas 70 mujeres allí; muchas familias tienen temor de hablar”, aseguró la exdetenida. Guerrero señaló que no salió de La Crisálida con libertad plena y que está sometida a un régimen de presentación, que la obliga a viajar cada 15 días desde Barquisimeto, estado Lara, a la ciudad de Caracas.“Hay mujeres que están esperando que esas puertas se abran para ir a reunirse con sus hijos”, concluyó Blanca Guerrero.