En los húmedos pasillos de Brasilia, donde la democracia brasileña vibra con el trueque de favores, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está podando su jardín de aliados, apenas unos meses antes de las elecciones de 2026 que podrían remodelar la economía más grande de América Latina.
Este octubre, en medio de una cascada de derrotas en el Congreso, la administración de Lula despidió a más de 400 funcionarios del Centrão, un cartel pragmático de partidos de centroderecha: Progresistas, União Brasil, Republicanos, PSD y MDB.
Estos grupos, dueños de la política fragmentada de Brasil, intercambian votos por clientelismo, un sistema que se hace eco de los escándalos de compra de votos que alguna vez mancharon el propio legado de Lula.
¿La chispa? Los legisladores destriparon la Medida Provisional 1.303 el 10 de octubre, rechazando un plan para recaudar R$ 20.600 millones (a través de impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las apuestas de élite y las ganancias de las tecnologías financieras) para impulsar los programas sociales en un año electoral.
Los diputados de Centrão, presionados por magnates del juego y banqueros, se pusieron del lado del jefe del Partido de los Trabajadores, exponiendo la fragilidad de la coalición en un Congreso donde ninguna facción domina.
La mano oculta de Brasil: la lucha de Lula para domar la máquina Centrão. (Foto reproducción de Internet) Lula contraatacó rápidamente: congelando R$ 7.500 millones en enmiendas de barril de cerdo y expulsando a los jefes de nivel medio de los puestos agrícolas avanzados a las direcciones de transporte del Departamento Nacional de Infraestructura (DNIT, presupuesto de R$ 15.300 millones) y al banco estatal Caixa Econômica Federal.
La lucha por el poder de Lula expone la profunda política clientelista de Brasil Sin embargo, la purga apenas hace mella en la fortaleza del bloque. Todavía cuenta con 97.800 millones de reales (casi igualando el fondo de guerra del Ministerio de Finanzas) y 63 puestos importantes en ministerios, reguladores como la Agencia Nacional del Petróleo y empresas que reparten generosidad regional.
El vástago del PSD, Gilberto Kassab, susurrando estrategias al gobernador derechista de São Paulo, Tarcísio de Freitas (un rival de 2026), se ocupa de Agricultura, Minas y Energía (R$ 3,8 mil millones) y Pesca (R$ 22,8 mil millones en total).
Los BMD dominan las ciudades, la planificación y los transportes (51.800 millones de reales), impulsando las carreteras y la vivienda. El poderoso representante del Senado, Davi Alcolumbre, de União Brasil, protege a Lula de golpes peores. Bloqueó la amnistía para los alborotadores de 2023.
Al mismo tiempo, conserva el control del Ministerio de Turismo (R$ 3,1 mil millones) y del feudo de comunicaciones (R$ 12,2 mil millones). Incluso los progresistas aparentemente desaparecidos se aferran a Deportes (3.100 millones de reales) y a agencias de ayuda para la sequía.
Esto no es una mera lucha interna; es un microcosmos de la política clientelista de Brasil, donde miles de millones caen en cascada hacia proyectos provincianos, estancando las reformas sobre la desigualdad y el clima, cuestiones que repercuten en los mercados globales hambrientos de soja, hierro y estabilidad brasileños.
Con la aprobación de Lula en un 50%, su táctica pone a prueba si puede forjar lealtad o alimentar el resurgimiento de la derecha. Para los de afuera, es un recordatorio: en la novena economía más grande del mundo, el verdadero progreso exige desmantelar estas redes invisibles, para que la democracia no se convierta en acuerdos y las elecciones en subastas.
