La política de la postergación

La ampliación del REINFO por parte del Congreso es la confirmación de una forma de hacer política basada en aplazar indefinidamente los problemas estructurales. Que el pacto parlamentario autoritario haya vuelto a optar por la prórroga como sustituto de la reforma minera que necesita el país, hace más complejo el problema de gobernabilidad que no distingue entre minería artesanal, informal e ilegal, además de acrecentar las brechas que las mantiene sin trazabilidad. La paradoja es notable. La minería sigue siendo uno de los principales motores de la economía peruana, clave para el PBI, las exportaciones y los ingresos fiscales. Sin embargo, una parte significativa de esta actividad se desarrolla fuera del control efectivo del Estado. En ese campo, sin fiscalización ni distribución eficiente de la tierra, economías ilegales articulan la extracción aurífera con crimen organizado y violencia territorial. De esa manera, esta informalidad, lejos de ser un tránsito hacia la legalidad como ya se ha constatado, se ha convertido en el punto de entrada a la ilegalidad y freno al desarrollo. En el centro de esta crisis se encuentra una forma que ejecuta la política que elude sistemáticamente el problema que nace, por ejemplo, de la titularidad de las concesiones mineras. La mayoría de los inscritos en el REINFO no tiene derechos sobre las áreas que explotan. Por lo tanto, mantener este vacío legal dificulta la seguridad jurídica y, por lo tanto, perjudica tanto a pequeños productores como a la minería formal que sí cumple las normas. La norma fue aprobada con los votos de Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, el Bloque Magisterial y sectores de Podemos y Avanza País. Este respaldo transversal confirma que la minería informal e ilegal sigue siendo tratada como un problema político de corto plazo y no como un desafío prioritario para el Estado. No obstante, junto con esta ampliación por un año, la ley ordena un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, con georreferenciación obligatoria, coordinado por el INEI, el Minem y el Ingemmet. Su correcta implementación es vital para identificar zonas de explotación no autorizadas y rutas que se intersecan con economías criminales. De cara a las elecciones de 2026, los candidatos están obligados a plantear una discusión seria sobre la futura ley MAPE, que llegará a la primera legislatura del próximo Congreso. Allí se definirá si el país avanza hacia una formalización real, con control territorial y estándares ambientales, o si persiste en la política de la postergación de su propio desarrollo.