Lara en voz baja: el miedo a la represión impone un silencio obligatorio en la disidencia

El temor a llamar la atención, a ser blanco de preguntas o, más allá, de detenciones, obliga al cuidado en espacios públicos, a tomar precauciones, incluso a autocensurarse. Como observar un joven en una panadería en el centro de la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara. Es una mañana reciente, esperaba a ser atendido mientras otros compartian en una mesa en medio de la bulla propia de este tipo de gastos. De repente, en una mesa al fondo del local se escuchó el sonido de un video de TikTok sobre el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe. La mujer que manipulaba el celular le bajaba el volumen abruptamente, lo que los defensores de los derechos humanos califican como una forma de autocensura. La escena no escapó de la mirada de un activista por los derechos humanos y fuente consultada por Efecto Cocuyo, cuya identidad se reserva por protección, quien apuntó que no es la primera vez que presencia una situación similar en «la ciudad de los crepúsculos».“Me pregunté cuándo fue la última vez que escuché una discusión sobre política, hablar de un tema como la violencia o las detenciones en público. sociales”, comentó el activista. Se está, asegura, ante un nuevo protocolo no escrito que se practica con regularidad en los espacios públicos para evitar una detención arbitraria, persecución o la desaparición forzada. No se hablaLa precaución, de acuerdo con testimonios recogidos en la capital larense, sustituye la conversación abierta y franca sobre la crítica a la gestión gubernamental, la disidencia política, política comunitaria, incluso sobre situaciones globales que afectan a la opinión pública venezolana. Debates sobre EEUU, ataques cinéticos a presuntas narcolanchas, María Corina Machado o temas delicados para el chavismo-madurismo están vetados instintivamente en plazas, comercios, esquinas, panaderías o cualquier espacio público concurrido.“Ahora si quieren hablar de eso, será en casa, en privado, casi como un secreto a voces. Es confiar complicado en cualquiera”, agregó un periodista radicado en el estado Lara, con años de trayectoria. persecuciones políticas y desapariciones forzadas contra la población civil en esta región, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, reservese la opinión y evite discordia sobre un tema relacionado con el gobierno es parte de la nueva cotidianidad para esta población civil disidente, agrupada en universidades, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, distintos gremios así como activistas políticos.En lo que va de 2025, Lara, ubicado en el centro occidente del país, se volvió uno de los bastiones para la contención civil impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro y figura como el cuarto estado con más detenciones por motivos políticos, Hasta la fecha de publicación de esta nota suma 17 arrestos documentados por Justicia Encuentro y Perdón (JEP). La última cifra no incluye detenciones más recientes como la de Edgar Salas Pinilla, coordinador de organización de Vente Venezuela en el municipio Iribarren, arrestado arbitrariamente por el Sebin el 7 de noviembre ni la de la familia Castellanos, el pasado 17 de octubre. Una escalada represiva“En Lara hay un nuevo hito en la escalada de la represiva hegemónica del estado a la sociedad civil”, advirtió a Efecto Cocuyo otro defensor de los derechos humanos radicado en el estado Lara y cuya identidad se reserva por medidas de seguridad Una serie de indicadores preocupan a los larenses tras la nueva embestida, replicada en otros estados del país, contra la disidencia política, que incluyen: detenciones a adolescentes, arrestos a mujeres de la tercera edad y privación de la libertad de las familias de Acusadas por la presunta comisión del delito de terrorismo. Para la sociedad civil organizada, el término «actos terroristas» es una etiqueta utilizada por el gobierno con el fin de criminalizar la protesta, expresiones por redes sociales o en público que defienden los derechos humanos fundamentales, las libertades y los derechos civiles. “La nueva escalada trajo consigo nuevos patrones de miedo que no se observaban antes de las elecciones de 2024, como la reducción de la salida de niños y familiares de la casa en contexto de determinada situación política”, señaló el activista larense. Agrega que hay tres tipos de comportamiento básico suprimidos por la represión política en el estado: el uso de la calle y espacio público para congregaciones en grupos, fuera de las hechas por el gobierno; publicar o denunciar a través de redes sociales situaciones que afectan a la comunidad y la creación de eventos, ayudas o proyectos promovidos por organizaciones no gubernamentales. “En este ambiente la sociedad civil tuvo que redefinir sus límites de acción y palabra”, subraya el activista. El exilio de 40 funcionarios El asiento político en Lara impacta a gobiernos locales, como lo ocurrió en el municipio Torres (Carora), cuyo alcalde, Javier Oropeza, tuvo que exiliarse junto a 40 funcionarios de la alcaldía, para evitar ser víctima de una detención arbitraria. Al alcalde le confiscaron sus bienes, y además se reportó la detención de un funcionario de su gobierno, Endrick Medina Veliz. “Esta situación de persecución y arrestos provocó una desarticulación profunda de los partidos que, después del 28 de julio, se quedaron sin herramientas para hacer frente a la escalada represiva y defender a sus partidarios, incluso dejando a jóvenes activistas sin la debida protección”, explica. Como resultado de esta ola de persecución, dice, los jóvenes en las universidades larenses también están desarticulados y con miedo a participar en cualquier tipo de organización. «Esto parece que pasó un huracán y que se llevó todo lo que habían logrado en términos de organización juvenil», comentó el defensor.Asegura que esta desmotivación se extiende a ciudadanos comunitarios. La familia empieza a cuidar que los hijos no participen en actividades sociales o políticas para evitar ser mal vistos por organizaciones comunitarias que dependen del ejecutivo. Un cerco al liderazgo, político, institucional y hasta empresarial La coacción estatal profundiza la autocensura, lo que afecta el liderazgo de los defensores de derechos humanos, activistas y la autonomía de las instituciones larenses. El periodista entrevistado por Efecto Cocuyo se vio obligado a reducir su trabajo y prefiere no hablar de algunos temas, porque «una entrevista puede ser el ocaso de mi vida en términos de libertad”. La presión está también en el ámbito académico, donde la autonomía universitaria se ve comprometida por el miedo y la represión. La evidencia está en el caso de Omario Castellanos, un estudiante de comunicación social de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla), detenido junto a su hermano y madre e imputados por delitos vinculados al terrorismo y luego trasladados a la cárcel de Yare, en el estado Miranda “En el caso de Lara, el Consejo Universitario de la Ucla se ha pronunciado poco sobre la detención de uno de sus estudiantes, debido a la presión existente”, dice el defensor de derechos humanos. Un sindicalista, entrevistado por Efecto Cocuyo, afirma que empresarios locales también son objeto de una nueva extorsión policial que se politizó tras el 28 de julio de 2024 como ocurrió en Carora, «donde comerciantes que apoyaron al. alcalde fueron vinculados a delitos y extorsionados por funcionarios para evitar ser detenidos”, relata el defensor. La extorsión se convirtió en una forma de obligar a los empresarios a desvincularse de la política ya guardar silencio. El silencio informativo La represión en Lara impuso una autocensura en medios de comunicación, lo que tiene impacto en los procesos de investigación y documentación de las organizaciones de la sociedad civil. Plataformas digitales y ONG son las que asumen el riesgo de comunicar de manera más clara lo que ocurre en esa entidad, pese a los riesgos. Una periodista entrevistada por Efecto Cocuyo confirmó esta situación. Explica que en más de una ocasión se vio obligado a apartarse de la profesión debido a los ataques de pánico por el miedo a ser detenida. Confiesa que frecuentemente piensa en su familia, en especial, en sus hijos, “no los puedo dejar solo en una situación como esta”. «Aquí la gente está asustada, muchos se han escondido», afirmó. Un informe de la ONG Espacio Público de octubre de 2025 documentó cómo esta presión se traduce en cifras concretas de restricción de derechos en el estado. En Lara, según esta organización, se registraron 12 casos que afectaron la libertad de expresión, a incluir ciberacoso, amenazas y censura/autocensura. El derecho a la protesta sufrió ocho casos de violación, incluyendo el uso excesivo de la fuerza y ​​detenciones arbitrarias. Por último, el derecho de asociación fue afectado por cinco casos de hostigamiento y restricciones al trabajo de ONG. Una mordaza a los sindicalistasEl liderazgo sindical y gremial también ha tenido que asumir un «silencio obligatorio» o una migración interna para evitar ser víctimas de la persecución de los agentes de seguridad del Estado. Un sindicalista de la entidad, que pidió no publicar su nombre, indicó que muchos dirigentes y colegas emigraron ante la presión gubernamental, sumado a la filtración de listas y órdenes de captura por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. “Los que se quedan están en un estado de inacción, en silencio obligatorio para evitar ser víctima de un arresto”, aseguró. “Medios de comunicación locales dejaron de llamar a los dirigentes para entrevistas, y cuando se logran declaraciones, éstas son cortadas, eliminadas o no se publican”, dijo. Contó que también recibió citaciones judiciales como tácticas para alejar y mermar su accionar sindical en el estado Lara. Compartió su preocupación por la opacidad en las detenciones que se reportan en ese estado y citó los ejemplos de Roland Carreño y de Macario González, excarcelado el jueves 20 de noviembre, luego de pasar dos meses en desaparición forzada. «La situación de verdad es una zozobra que no solamente afecta a los dirigentes sindicales, sino también a los trabajadores», dijo. continúa funcionando cuando las personas se sienten en confianza.“Allí, el ciudadano se desahoga a veces con rabia, otras veces casi que lloran, pero con cierta esperanza”, agregó. Fe, miedo y normalización Desde una parroquia eclesiástica de Barquisimeto, un sacerdote, que también prefirió no publicar su nombre, afirmó que la ola de represiones no ha cesado tras el pronunciamiento ciudadano en julio de 2024. “La gente votó masivamente en las elecciones del 28 de Julio, pues, votó por un cambio, cambio y libertad. Ya no quería este modelo político, pero este mayoritario provocó un recrudecimiento de la violencia y el miedo”, dijo. El sacerdote denuncia que en Lara hay un nivel cómodo de violencia y que las desapariciones forzadas y la Operación Tun Tun sembraron el terror en los residentes de ciudades como Barquisimeto, donde esto dejó consecuencias psicológicas graves, especialmente en los jóvenes, dominados por la incertidumbre y la desesperanza. “Esto llevó al surgimiento de ideas suicidas porque hay una pérdida de sentido y no le venimos salida a lo que estamos viviendo”, indicó. Advirtió que el miedo paralizó a la comunidad y afectó gestos mínimos de solidaridad, incluso en momentos de duelo: «Recientemente cuando falleció Jenny Torres, que no dejó a su hijo verla para abrazarla y despedirla, prácticamente no fue casi nadie al entierro. Y no fue casi nadie principalmente porque tenían miedo incluso a acompañar a un difunto amigo”. Sostiene que la autocensura en el estado Lara es absoluta cuando se tocan temas políticos. Ahora es una conversación en “voz baja”, por el temor a la represalias como han vivido no solo dirigentes o activistas, sino también sus familias. «En algunas zonas de la ciudad, más bien a partir de cierta hora, después de las 7 de la noche, la ciudad parece un pueblo fantasma», añadió.A pesar de esta opresión, el sacerdote insiste en que el deseo de cambio expresado el 28 de julio es una «espina en el corazón que no lo borra nadie, nada ni nadie.» Dice que desde la Iglesia busca fortalecer el «sujeto espiritual» y la esperanza. Y es que, para los larenses, la fe en la Divina Pastora aún mantiene su manto de protección. Esta figura se encuentra n los cafés, centros comerciales, calles, e incluso en la panadería donde la mujer del celular prefirió callar, tal vez por miedo a la represión, por no saber quién escucha y quién no.