Las ART tendrán que pagar $14.300 millones para financiar el sistema de riesgos del trabajo

Mientras el Gobierno analiza propuestas para reducir los costos laborales, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) deberán aportar $14.332 millones a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para el financiamiento de las Comisiones Médicas. Así lo determinó la SRT en una resolución publicada en el Boletín Oficial de este lunes. La norma hace referencia al fondo creado en agosto de 2023 con el objetivo de solventar los gastos fijos y variables que por todo concepto demande el funcionamiento y administración de las comisiones. Las Comisiones Médicas son las instancias en las cuales el sistema de riesgos del trabajo determina el monto de las indemnizaciones que deben pagar las ART en caso de accidentes o enfermedades laborales. Así, forma parte de los costos que enfrenta el sistema. En este caso, los $14.332 millones se deberán prorratear entre las aseguradoras del mercado que actualmente atienden a unos 8,6 millones de trabajadores registrados en el sector privado y el sector público. También la medida alcanza a las empresas autoaseguradas. La medida indica que la estimación del aporte fue realizada “teniendo en cuenta los gastos fijos y variables efectivamente afrontados por las Comisiones Médicas y distribuyendo los mismos a las ART en función a la cantidad promedio de los últimos seis meses de expedientes ingresados al sistema, y para los haberes el promedio lineal del último trimestre de enero a junio del año 2025”. Las ART y juicios laborales Más allá de que las comisiones médicas estén en funcionamiento y el sistema de riesgos del trabajo opere a nivel nacional, eso no impidió que siguiera en incremento la cantidad de juicios. Este año habrían ingresado unas 130.000 causas en los juzgados laborales de las provincias. Si bien las ART abonan las indemnizaciones en caso de enfermedades y accidentes, la litigiosidad se mantiene. Las ART plantean que la caída de siniestros es del 80%. uart Y es que, si bien a nivel nacional la ley esta vigente, como el fuero laboral pertenece a las provincias, se requiere que estas adhieran a través de ley local. Hasta ahora, la única provincia que cumplió con el circuito completo es Mendoza. Hay provincias donde hay adhesión rigen en última instancia los cálculos de indemnizaciones que establecen los peritos de los jueces locales. Y como los honorarios de los peritos están asociados como porcentaje al monto del juicio, hay una suerte de “estímulo” a que se eleve el valor de las penalidades ante el caso de un accidente laboral o de enfermedad. La ley establece que se creen cuerpos médicos forenses independientes que perciban honorarios por su tarea y no como porcentaje del juicio. Reforma Laboral y las ART En ese sentido, la necesidad de adhesión de las provincias con leyes laborales a la Ley de Riesgos del Trabajo, estará sobre la mesa de negociaciones del Gobierno nacional con los gobernadores. De alguna manera, desde la Casa Rosada se procurará que los mandatarios impulsen el sistema en sus propios territorios. En principio, si la idea es reducir los costos laborales, uno de los puntos que tendrían que abordar los gobernadores es tomar el compromiso de de impulsar las leyes en sus respectivas legislaturas para reducir la cantidad de juicios laborales y así también los costos de las empresas “Es imperativo resolver los desvíos judiciales y la actividad pericial para brindar un real servicio de justicia a empleadores y trabajadores. La conformación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF), tal como están previstos en la Ley 27.348 y sus adhesiones, de manera tal que sean independientes y transparentes, es una necesidad urgente. La justicia laboral no puede seguir en manos de peritos cuya designación pasa por anotarse en una lista y salir sorteados y que realizan pericias que nadie controla”, explica Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). “Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país”, dijo Bettiol.