Las réplicas que el país necesita: inclusión, información y transparencia

Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez En este momento en el que escribo, pareciera que todo sigue temblando. El doble terremoto del 24 de junio, que golpeó a Caracas, El Junquito, Tucacas y Guatire, y que azotó furiosamente a La Guaira -declarada zona de desastre-, nos deja un temblor tatuado cuyos efectos todavía no podemos dimensionar. Esta tragedia es, en sí misma, el temido examen de la capacidad del país para atender a las víctimas ya sus familiares. El asunto telúrico es también, por la fuerza de los hechos, un asunto político. En artículos anteriores, desde el ángulo electoral, somos abogados por consensos plurales e inclusivos con la ciudadanía como centro vital. Hemos rechazado los pactos elitistas, de espaldas a la gente. Aunque ahora la población no esté pendiente de elecciones, sino de recuperar a sus seres queridos, subyace el mismo reclamo: que la autoridad interina ponga a la gente en el centro de sus decisiones y que la transparencia sea la bandera para atender esta herida. El contraste que duele: sociedad vs. burocracia Las primeras 48 horas de la catástrofe expusieron la grieta entre la narrativa oficial y lo que ocurría en la calle. Mientras las familias y vecinos se ayudaban sin soporte institucional, el interinato burocratizó la ayuda, instaló alcabalas sin criterio y evidenció la brecha entre los manuales de gestión de desastres y su ejecución operativa en el terreno. Es un mal síntoma que al lado de los voluntarios no hubieran sus autoridades más cercanas. Hay honrosas excepciones, pero en La Guaira el silencio de la autoridad es otro sismo. Esa hermosísima agencia colectiva -vecinos, familiares, voluntarios que pusieron manos para salvar vidas, que conformaron centros de acopio y redes de transporte sin preguntar por el pensamiento político de nadie- es la mejor constancia del músculo social que sostiene el espíritu democrático de nuestra ciudadanía. Que hayan tenido que actuar casi en soledad es un síntoma de una falla estructural que debemos corregir. Informar salva vidas y audita la gestión. Un arqueo de los portales oficiales muestra la ausencia de una política comunicacional que ofrezca información útil. La mayoría replica la vocería centralizada, convirtiendo la información en un recurso escaso. La Organización Mundial de la Salud (OMS), durante la pandemia, enseñó que gestionar la información de riesgo exige datos veraces, conocimiento de expertos y credibilidad, poniendo en el centro a las personas en riesgo, identificándose con sus necesidades e incluso con su temor. En una tragedia de esta magnitud, dejar entrar a la prensa nacional e internacional cumple dos funciones esenciales. Primero, difunde información práctica que permite a la gente tomar decisiones de vida: ubicación de albergues, rutas bloqueadas, datos para una distribución eficaz de la ayuda. Segundo, permite auditar en vivo la gestión gubernamental: la exposición pública de las operaciones obliga a corregir ineficiencias y desalienta la opacidad. La información es un derecho que no se suspende ni siquiera en estados de excepción, según pauta nuestra Constitución. En estos casos puede incluso ser un gran apoyo para la comprensión de la emergencia por parte de la ciudadanía. Incluir a la sociedad civil, una decisión estratégica El interinato debe entender que el músculo social importa, no solo por solidaridad, sino por eficacia. Las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las iglesias y los voluntarios saben de estos temas sísmicos, saben organizarse, saben distribuir la ayuda con criterios de justicia y llegan a donde el gobierno no llega. Excluirlos es duplicar esfuerzos y desperdiciar conocimiento. Incorporarlos a los censos de daños, a la logística de distribución y a la verificación de recursos agiliza la respuesta y reduce los cuellos de botella burocráticos. La exclusión de los actores civiles no solo es un error político; en este momento constituye un error operativo que retrasa la llegada de ayuda a quienes más la necesitan Transparencia, la bandera que se debe enarbolar Es especialmente relevante que se publiquen los datos duros: fallecidos, heridos, desaparecidos, viviendas colapsadas. También hay que transparentar las fuentes y montos de las donaciones y el uso que se les está dando. La opacidad interna genera molestias, pero además puede provocar que el país no acceda a la ayuda internacional necesaria. Esa señal es mucho más relevante en un momento en que la desconfianza hacia las instituciones es alta y cualquier vacío informativo se llena de especulación. La transparencia en el manejo de esta crisis es un tremendo ejercicio para conducirnos de vuelta a la institucionalidad. Oportunidad en medio de la catástrofe Este doble terremoto es una prueba de estrés para el sistema político. También es una oportunidad para que el interinato tienda puentes reales con la sociedad civil, las universidades, la Iglesia y las ONG. Si no lo hace, esa omisión se convertirá en un obstáculo para cualquier intento futuro de pacto o negociación. Hemos insistido en que la gente debe estar en el centro del acuerdo nacional para destrabar el conflicto sociopolítico. Hoy reiteramos ese principio aplicado a la gestión de la catástrofe. Porque si no somos capaces de coordinar con transparencia y participación ciudadana la atención del caos que nos deja este doble terremoto, ¿cómo vamos a coordinar la reconstrucción de un país? La fuerza de los hechos podría justificar la demora de las elecciones, pero jamás justifica la demora en la verdad, en la ayuda y en el reconocimiento del otro. Una lección que nos recuerda este sismo es que el centro de toda decisión -en la emergencia y en la política- debe ser siempre la gente. *** Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores. De la misma autora: Elecciones, el antídoto contra las dosis de interinato