Los tribunales federales de Argentina huelen sangre y activan los casos de corrupción del gobierno de Milei

El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta al menos cinco procesos judiciales que investigan presunta corrupción: la investigación al jefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, el posible fraude en el lanzamiento de la criptomoneda ‘$LIBRA’, la investigación por los sobreprecios en la facturación de los medicamentos y artículos ortopédicos distribuidos por la ahora disuelta Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), el caso del sobregasto corporativo en tarjetas de crédito de Nucleoeléctrica SA, operadora estatal del las tres centrales nucleares del país (con la investigación a su expresidente Demian Reidel iniciando esta semana) y los cuestionamientos sobre los créditos hipotecarios del Banco Nación obtenidos por funcionarios del Ministerio de Economía, diputados aliados al gobierno y funcionarios del círculo de la familia Menem. Los nombres de los encargados de estos casos se repiten: Adorni es investigado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, quienes esta semana ordenaron un análisis de las llamadas telefónicas entre Marcelo Grandio y Horacio Silva, presidente de los productores de IMHouse. Los pasajes aéreos de la familia Adorni a Punta del Este para el último puente de Carnaval fueron facturados a IMHouse con el viaje de regreso a nombre de Grandio, periodista de un programa de TV Pública y amigo del funcionario. El caso ANDIS está a cargo del fiscal Franco Picardi, siendo Lijo el juez en funciones. Hasta febrero estuvo a cargo de Sebastián Casanello, quien procesó a una decena de personas y los imputados comparecieron ante el tribunal a partir de finales de abril para ampliar su interrogatorio a petición de Picardi. En la mayoría de los casos se niegan a testificar, derecho que les beneficia. El caso de la criptomoneda $LIBRA está en manos del fiscal Eduardo Taiano (quien ha cuestionado a los demandantes por el tiempo que tomó definir sus movimientos) y el juez Marcelo Martínez De Giorgi. El fiscal Ramiro González está a cargo del caso Nucleoeléctrica, ante el juez Sebastián Ramos. En el caso de los créditos hipotecarios del Banco Nación existe un conflicto competencial entre la jueza María Eugenia Capuchetti y Lijo, que ahora deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones. En el juzgado federal de Comodoro Py, en Retiro, fuentes dicen que los casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno “avanzarán” y que en algunas investigaciones se presentarán testigos a declarar. “Las causas contra el Gobierno tienen vida propia”, indicaron altas fuentes judiciales, subrayando que la cantidad de pruebas reunidas en muchos casos es abrumadora, como lo demuestra el torrente de información que circula en mensajes de Whatsapp y Excel filtrados en línea. Entre los contenidos del expediente que han llegado a la prensa se encuentran detalles de los gastos del arquitecto Matías Tabar, encargado de la remodelación del country Indio Cuá de Adorni. Tabar, en su declaración a Pollicita, dice que Adorni pagó US$245.000 en efectivo sin presentar factura alguna. El entorno de Adorni culpa al contratista por esa omisión. Dos argentinos en Nueva York. Los dolores de cabeza de Adorni comenzaron a principios de marzo cuando la estación de radio Radio Jai compartió una foto de él con su esposa Bettina Angeletti en Nueva York en la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido por los seguidores del movimiento Chabad-Lubavitch como el Rebe Lubavitcher. Adorni había viajado a Estados Unidos para participar del roadshow de inversiones de la Semana Argentina, pero la aparición de su esposa junto a él generó un aluvión de preguntas. A partir de ese momento, el ojo de águila de los tribunales se posó sobre el funcionario con revelaciones sobre sus viajes, compras de inmuebles y reformas no a priori acordes con sus ingresos. Adorni enfrenta ahora una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que semana tras semana suma nuevos datos y revelaciones. El 6 de mayo, Leandro Miano declaró ante el fiscal Pollicita, ratificando declaraciones de su socio Pablo Martín Feijoo sobre una deuda contraída por Adorni por 65.000 dólares relacionada con la compraventa de un inmueble en Caballito donde vive el funcionario. Miano y Feijoo son socios en la promotora inmobiliaria del Grupo TJS y en la constructora Avda SRL. Feijoo es padre de un amigo de los hijos de Adorni que se ofreció a comprar el piso que habían adquirido el pasado mes de mayo las pensionistas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, esta última madre de Feijoo. La transacción se realizó el pasado mes de noviembre. Feijoo dijo al fiscal que Adorni tenía 30.000 dólares para la compra del inmueble, por lo que acordaron el pago mediante una hipoteca sin intereses de 200.000 dólares para Sbabo y Viegas. Sin duda, la prueba más contundente en casi dos meses de investigación judicial la proporcionó el arquitecto Tabar en su testimonio a Pollicita el 4 de mayo, afirmando que el jefe de Gabinete le pagó 245.000 dólares en efectivo para remodelaciones de su propiedad, incluida la remodelación de la piscina con la instalación de la ahora famosa cascada del jardín, galerías y muebles. Tabar proporcionó un documento Excel con la lista de gastos y sus intercambios de Whatsapp y mensajes de texto con Adorni. El día que se conocieron las declaraciones de Tabar, medios cercanos al gobierno lo tildaron de “kirchnerista”, pero según un artículo del periodista Juan Cruz Soqueira en Perfil, un análisis de sus actividades en las redes sociales revela una postura política heterogénea. En una publicación de 2019 expresaba su apoyo a Diego Nanni, líder peronista de Exaltación de la Cruz, pero más recientemente ha aparecido vinculado a contenidos de apoyo a Manuel Adorni, con comentarios alineados con La Libertad Avanza. Los tribunales analizan transacciones relacionadas con cinco inmuebles de Adorni o su esposa Bettina Angeletti: el departamento de la calle Asamblea del Parque Chacabuco (en venta), el de la calle Miró de Caballito, la casa de barrio cerrado Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, un inmueble en el partido de Morón del Gran Buenos Aires, presuntamente a nombre de Angeletti y un departamento en La Plata, ciudad natal del jefe de Gabinete. Más recientemente, se sabe que el despacho de Pollicita recibió detalles de la herencia del padre del jefe de Gabinete: un terreno en Daireaux (Provincia de Buenos Aires) y un departamento en La Plata, del cual heredó el 33 por ciento. Los casos que involucran a funcionarios del gobierno avanzarán pero en los juzgados explican que “esto no es venganza”. Nadie puede anticipar el resultado.