El exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió al anuncio del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama –que está construyendo dos patrullas oceánicas para la Armada– y lamentó que se tomó esa decisión aunque señaló que “es poco serio y probablemente delictivo” que una empresa que quiere venderle al Estado por US$ 90 millones presenta “un aval de 4 millones inexistente”.
“Es grave y debe denunciarse como corresponde. Se deberá determinar responsabilidades y castigar a quienes actuaron con negligencia o dolo. De eso no tenemos dudas”, escribió en una columna del semanario La Mañana.
Manini Ríos fue comandante en jefe del Ejército hasta 2019 y mientras se realizó todo el proceso de licitación y la firma del contrato el subsecretario del Ministerio de Defensa era Rivera Elgue, integrante de Cabildo Abierto.
En su columna el exsenador lamentó que se “corte el proceso” de compra de las patrullas oceánicas, un reclamo que lleva más de una década por parte de la Armada, y recordó que se estima que las pérdidas por la “incapacidad de controlar” el mar supera los “US$ 100 millones anuales”.
“Compárese con el costo de las embarcaciones necesarias para evitar esas pérdidas, y cuesta creer que llevamos tantos años de idas y venidas sin poder alcanzar la solución necesaria”, escribió y agregó que “existen consideraciones de seguridad nacional que hacen impostergable” dotar a la Armada de las patrullas.
Para Manini el gobierno se está arriesgando, al rescindir el contrato, a perder los US$ 30 millones que ya pagó y exponen al país a “un eventual juicio internacional de resultado incierto”. “Ahí sí tenemos dudas de que sea conveniente para el país”, añadido.
Manini señaló que el aval o garantía “es para ejecutar en caso de incumplimiento en los términos del contrato”. “Y no nos consta, al menos con la información a la que tenemos acceso, que ese incumplimiento se esté dando” escribió y agregó que quiere creer que el gobierno “tiene información” que él no de que la empresa española “iba a estafar” al Estado uruguayo y no iba a cumplir con sus obligaciones.
“Lo cierto es que al cortarse el proceso de construcción de las OPV se vuelve a fojas 0 y habrá que reiniciar el camino que, ya vimos, no se caracteriza por su rapidez”, opinó el excomandante en jefe del Ejército.
El presidente Yamandú Orsi anunció en conferencia de prensa el miércoles 22 de octubre que dio órdenes para iniciar el proceso de rescisión del contrato con el astillero español. Ese proceso incluye algunas etapas de mediación pero el Poder Ejecutivo, según reafirmó el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz en más de una entrevista, tiene la voluntad de rescindir.
La decisión del gobierno está basada en que la empresa que Cardama presentó como garantía, Eurocommerce LTD, es “de papel” ya que está en proceso de liquidación, tuvo un solo empleado y no registra actividad.
El contrato firmado con la empresa española decía que Cardama tenía que presentar una garantía por 42 meses pero presentó una por 12 con opción de ser renovada. Sin embargo, la empresa renovó la garantía fuera de plazo y cuando el Poder Ejecutivo quiso ejecutarla antes de que venciera se encontró con que la Eurocommerce no estaba en el domicilio que declaraba.
Para Manini la rescisión del contrato con Cardama parece ser una “decisión inconveniente” para los intereses nacionales a no ser que “exista un plan B” para que a la brevedad la Armada tenga las patrulleras que precisa.
“Desandar el camino equivocado, aunque ello implique reconocer un apresuramiento o un error, puede ser lo mejor para todos. De no ser así, ojalá que no se trate de una mezquina operación política y que haya argumentos sólidos que justifiquen lo accionado por el gobierno…”, remató.
