El presidente Javier Milei ha ordenado una reestructuración de los servicios de inteligencia estatales de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE), redefiniendo sus competencias y otorgándole poderes adicionales para detener a personas sorprendidas en actos delictivos. En un comunicado, autoridades de la SIDE dijeron que el objetivo de la reforma es “limitar, definir y aclarar” tanto la estructura como las competencias del organismo. El decreto, publicado el viernes en el Boletín Oficial, estipula que “el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo notificar inmediatamente a las fuerzas policiales y de seguridad correspondientes”. También establece que las actividades de inteligencia tendrán un “carácter encubierto”. Según el gobierno, los cambios constituyen una “reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520)”. La decisión de Milei fue duramente criticada por la oposición. Un grupo de diputados de varios partidos advirtió que los servicios de inteligencia –encabezados por el recientemente nombrado jefe de la SIDE, Cristian Auguadra– “no pueden convertirse en una policía secreta”, según un comunicado. Los legisladores de Provincias Unidas, de centroderecha y centrista, la Coalición Cívica y Encuentro Federal argumentaron que la medida “abre la puerta a prácticas de vigilancia dirigidas a áreas y trabajadores que no tienen nada que ver con tareas sensibles”. Los legisladores socialistas dijeron que el decreto es una herramienta de “espionaje político”, ya que define las amenazas a la seguridad nacional en términos ambiguos. El legislador peronista de oposición Agustín Rossi advirtió que el decreto autoriza a las Fuerzas Armadas de Argentina a realizar trabajos de inteligencia interna y advirtió que su bloque trabajará en el Congreso para revocarlo, una medida que requeriría el rechazo de ambas cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. El legislador kirchnerista Leopoldo Moreau dijo que la medida “cierra el control civil de la inteligencia” y efectivamente crea una “policía secreta”. El ex ministro de Defensa Jorge Taiana, un veterano peronista, advirtió que el desmantelamiento de los órganos civiles de supervisión de la inteligencia militar convertiría a las Fuerzas Armadas en una “Guardia Nacional” dedicada a la seguridad interna. La disputa de inteligencia pasará ahora al ámbito legislativo, donde se espera que la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso presente formalmente una solicitud de información al Poder Ejecutivo. Legisladores como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Partido Socialista) pidieron el debate inmediato del decreto en ambas cámaras. En su comunicado, la SIDE dijo que las tareas de contrainteligencia establecidas en el decreto tienen como objetivo “proteger al Estado argentino contra acciones de inteligencia, espionaje o interferencia de agentes externos”. Según los términos del decreto, las divisiones de la SIDE ahora comprenderán el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); Agencia Nacional de Contrainteligencia (Agencia Nacional de Contrainteligencia, ANC); Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC); e Inspección General de Servicios de Inteligencia. Los cambios centralizan aún más el poder dentro de la SIDE, que es coordinada entre bastidores por el asesor presidencial Santiago Caputo. Argentina sufrió dos grandes ataques terroristas en la década de 1990. El 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires, matando a 85 personas e hiriendo a más de 300. Dos años antes, otra bomba había explotado en la embajada de Israel, también en Buenos Aires, dejando 29 muertos y más de 200 heridos. – Noticias relacionadas con TIMES/AFP/NA




