Morris Tidball-Binz: La negligencia estatal en la prevención de desastres no debe quedar impune (+ Claves)

Idealmente, la memoria sobre el desastre causado por los terremotos del 24 de junio de 2026 se debe construir sobre la verdad, la justicia y la reparación integral. Morris Tidball-Binz, relator especial de Naciones Unidas y pionero en la aplicación de la medicina forense a los derechos humanos, comienza por señalar que todas las personas afectadas y principalmente las que perdieron a familiares y allegados tienen derecho a saber por qué ocurrió lo que ocurrió, lo cual incluye la determinación de la responsabilidad del Estado por no haber tomado suficientes previsiones para mitigar los riesgos. La trayectoria profesional de Morris Tidball-Binz le otorga una amplia perspectiva para identificar los desafíos de las autoridades y de la ciudadanía tras los sismos que han estremecido al país. Actualmente, Tidball-Binz es Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales; fue coautor de instrumentos internacionales para facilitar la justiciabilidad de derechos humanos, como el Protocolo de Minnesota (muertes potencialmente ilícitas) y el Protocolo de Estambul (tortura); fue corredactor de las guías y manuales de la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja para la gestión forense en situaciones de desastres con muertes masivas, y fue el primer director del legendario Equipo Argentino de Antropología Forense. En la edición de La Conversa ARI y Con La Luz de este 13 de julio, Tidball-Binz habló extensamente con los periodistas Luz Mely Reyes, Ronna Rísquez, Luis Ernesto Blanco y Edgar López sobre lo que se ha hecho y lo que queda por hacer en Venezuela. Aquí están diez aspectos claves de la conversación: 1.- Preparación, preparación, preparación Cada vez que se refería al asunto, Tidball-Binz repetía la palabra al menos tres veces: “preparación, preparación, preparación”. En su opinión, la prevención de desastres debe estar sustentada en políticas públicas permanentes. A modo de ejemplo, mencionó que países con una robusta cultura sísmica, como Chile o Costa Rica, demuestran que el respeto estricto a las normas antisísmicas y los simulacros forenses reducen excesivamente la letalidad. En ese orden de ideas, la vulnerabilidad de Venezuela ante los sismos no es solo geográfica, sino institucional, y aumenta por la falta de control en las edificaciones y la omisión de protocolos de seguridad. La gestión forense, insiste Tidball-Binz, debe ser parte de los aviones de defensa civil mucho antes de que ocurra la tragedia. En su opinión, esta falta de previsión se vuelve crítica cuando el apremio se traslada a la recuperación física de los cuerpos atrapados entre escombros. 2.- El derecho inalienable de las familias a saber El acceso a la verdad no es una concesión administrativa, sino un derecho de las personas que genera obligaciones para el Estado. Como señala el experto, en este tipo de situaciones el derecho a la información debe ser garantizado por encima de cualquier conveniencia política: “Las familias tienen el derecho a saber, desde el momento cero tienen el derecho a saber”. Este orden comunicacional es el que permite validar soluciones técnicas complejas, como las inhumaciones temporales, insiste Tidball-Binz. La transparencia informativa es la herramienta más potente para gestionar el trauma social y evitar la desconfianza hacia las instituciones, señala el experto. Destaca que el flujo de información debe establecerse a través de puntos focales o unidades de atención donde el intercambio sea bidireccional: el Estado reporta los hallazgos y las familias aportan los datos ante-mortem (rasgos físicos, registros dentales) cruciales para el cotejo científico. Sin este canal de comunicación humanizado, razón Tidball-Binz, el proceso forense se queda sin su pieza fundamental de contraste. 3.- La paradoja de la cooperación internacional Con más de 40 años de experiencia, Tidball-Binz advierte que la ayuda externa puede convertirse en una torre de Babel forense si no existe una estructura nacional de acopio y coordinación. Recordó que el terremoto de Haití en 2010 es el ejemplo más doloroso: cientos de especialistas internacionales quedaron varados en el aeropuerto de Puerto Príncipe porque el país no tenía capacidad logística para integrarlos. La cooperación internacional no debe imponer “recetas” ni estándares ajenos, sino adaptarse a los protocolos del país receptor para evitar que la sobrepoblación de expertos complique las labores de rescate y documentación en lugar de agilizarlas, explica el experto. La soberanía técnica es la base de una cooperación exitosa, donde los recursos externos se suman a un plan preestablecido. Tidball-Binz alerta sobre los riesgos de una ayuda desordenada que ignora la realidad del terreno: “El intento de imponer la ayuda en realidad puede generar exactamente lo contrario y complicar más el trabajo”. Para que esta integración sea posible, el Estado debe haber invertido en el único antídoto contra el desbordamiento: la preparación. 4.- Un protocolo despreciado a un alto costo Tidball-Binz relató que, entre 2021 y 2022, trabajó conjuntamente con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas para elaborar un protocolo unificado de investigación penal en casos de presunta violación del derecho a la vida. Se trataba de una herramienta para fortalecer el sistema médico-legal venezolano mediante la adopción de estándares internacionales y buenas prácticas forenses. A pesar de que la presentación oficial del documento ya estaba coordinada con la misión permanente de Venezuela en Ginebra y las autoridades locales para marzo de 2023, a último momento el gobierno decidió no implementarlo, reveló el experto. “Yo creo que si el gobierno venezolano hubiera aprovechado la oportunidad que le estaba brindando Naciones Unidas, la respuesta a esta tragedia ya otras hubiera sido un poco más ágil”, agregó. 5.- Inhumaciones temporales vs. fosas comunes Técnicamente, una fosa común es sinónimo de caos y pérdida de identidad, mientras que una inhumación temporal es una técnica de resguardo ordenado. Cuando la cadena de frío y las morgues se saturan, el uso de zanjas o corredores que respeten la individualidad de los cuerpos es una práctica aceptada. Esta validación técnica es la que Tidball-Binz aplica al analizar las imágenes satelitales del “Camposanto de la Esperanza” provistas por Bellingcat y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), donde se observa un ordenamiento que permitiría futuras exhumaciones para identificación. El método es válido siempre que sea reversible y esté debidamente documentado para que cada cuerpo recupere su nombre. El Relator de la ONU confirma que esta práctica, aunque dura, es preferible a la cremación si se ejecuta bajo protocolos estrictos: “La inhumación temporal es completamente aceptable… en la medida en que se realice de una manera adecuada, ordenada”. Para que este sistema funcione, deben aplicarse métodos científicos rigurosos de recolección de datos. 6.- Uso eficiente de recursos El éxito de la identificación masiva no depende de la tecnología más cara, sino de la organización de la información. Mientras que las huellas dactilares pueden degradarse rápidamente en climas tropicales, la odontología forense y la genética permanecen como pilares infalibles. En este sentido, sistemas como el CIRDEC de Colombia representan el estándar regional a seguir: bases de datos integradas que cruzan información de los restos con las muestras de referencia aportadas por los familiares mediante hisopados bucales. La identificación es el único camino para cerrar el ciclo de la desaparición que impone el desastre. Tidball-Binz advierte que cualquier error en este proceso, como la entrega de cuerpos equivocados por la prisa de dar una respuesta, solo multiplica el sufrimiento: “Todo cadáver no identificado es una persona desaparecida”, y es responsabilidad de las ciencias forenses restituir esa identidad con certeza científica absoluta. 7.- Profesionalización de la gestión forense La respuesta ante desastres masivos ha evolucionado de la “buena voluntad” de los voluntarios hacia la rigurosidad de la criminalística aplicada. El manejo de restos humanos por personal no capacitado es, a menudo, el primer paso hacia la desaparición administrativa de las víctimas. Aunque el deseo de ayudar sea genuino, Tidball-Binz es tajante al señalar que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones; en la gestión forense, la improvisación se traduce en la pérdida de identidades y en un duelo eterno para los familiares que nunca recibirán una respuesta fehaciente. Sustituir la logística espontánea por la intervención de médicos forenses y expertos en criminalística es el único método para preservar la cadena de custodia y la integridad de los datos. El experto subraya el cambio de paradigma al destacar el “rol fundamental, yo diría que central, que cumplen los y las médicos forenses y expertos en criminalística en todo lo que respeta a respuesta de desastres”. Esta profesionalización local es la que debe articularse, sin subordinarse, a la ayuda que pueda llegar desde el exterior. 8.- El manejo de cuerpos en escombros y el mito sanitario Tidball-Binz explica que la recuperación de restos en estructuras colapsadas exige un análisis de patrones de sedimentación y la participación de ingenieros y arqueólogos. No es una remoción de escombros ordinaria; es un proceso de “desarmar” la estructura para preservar la integridad de los cuerpos. La urgencia por “limpiar” la zona de desastre no debe sacrificar el derecho a la identificación. Tidball-Binz desmitifica el peligro biológico de los restos al afirmar enfáticamente que “las personas muertas no transmiten enfermedades”, instalando a las autoridades a priorizar la recuperación técnica sobre el miedo social. Una vez recuperado el cuerpo, la gestión se traslada del plano físico al derecho humano de los allegados a ser informados. 9.- Transparencia sobre personas desaparecidas Tidball-Binz recomienda que la atención a las personas desaparecidas sea un eje central de la respuesta estatal ante desastres y destaca la necesidad de brindar acompañamiento psicosocial a las familias, pues es posible que no todas las víctimas logren ser recuperadas o identificadas. Sobre los señalamientos del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al ser consultado sobre el número de personas desaparecidas luego de los terremotos del 24 de junio, el experto coincide en que la especulación sobre cifras de desaparecidos es peligrosa e inconducente. Sin embargo, advierte que negarse a gestionar el tema bajo esa premisa es un error, pues la desaparición de personas causa los duelos inconclusos y retraumatiza a familiares y allegados. Tidball-Binz sostiene que el Estado debe ser transparente sobre lo que se sabe y lo que se ignora, evitando un manejo informativo que pueda interpretarse como un desinterés por la identidad de las víctimas. 10.- Responsabilidad de Estado Tidball-Binz sostiene que la falta de preparación, inversión o atención por parte de las autoridades ante eventos sísmicos como los terremotos del 24 de junio de 2026 puede derivar en una responsabilidad jurídica, tanto civil como penal. Para el experto, el hecho de que Venezuela tiene un historial sísmico conocido y constante hace que el Estado tenga la obligación de ejercer una “debida diligencia” para proteger el derecho a la vida de sus ciudadanos. En este sentido, señala que omitir la aplicación de normas de ingeniería antisísmica o no disponer de recursos básicos de emergencia constituye una irresponsabilidad que no debería quedar impune. Tidball-Binz compara la desatención de estas normas preventivas con otras formas de negligencia legal, como conducir en estado de ebriedad o la mala praxis médica, las cuales conllevan consecuencias jurídicas claras. En todo caso, advierte sobre la complejidad técnico-jurídica de establecer un nexo causal directo entre el suceso y la omisión estatal.