Ocho claves del informe de la JEP tras la aplicación de la Ley de Amnistía

La promulgación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026 fue presentación por el Estado venezolano como el pilar de una nueva era de «pacificación» y reconciliación nacional. Sin embargo, tras el estruendo mediático de las primeras excarcelaciones, un informe revela que el sistema de justicia no se ha reformado, sino que ha perfeccionado la instrumentalización de la arbitrariedad como una herramienta de control social. El informe «El balance de la arbitrariedad (2014-2026)», elaborado por las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela, señala que la estructura represiva permanece intacta. En Efecto Cocuyo, elaboramos ocho claves de los datos más relevantes señalados en este informe que se publica a un mes de la aprobación de la Ley de Amnistía. 🔴​Estacamiento de liberaciones y subregistroEl informe de JEP alerta que, aunque se verificaron 677 excarcelaciones en el primer trimestre de 2026, la cifra total de presos no disminuye de forma proporcional que se establece en 689. Según la investigación, esto ocurre por la revelación de cientos de casos de vieja datos que permanecían ocultos por el terror y el miedo a represalias directas contra los familiares.🔴​Amnistía como «filtro de conveniencia»La investigación advierte que la Ley de Amnistía actúa como un filtro político donde se utiliza a los detenidos recientes para cumplir con cuotas de «buena voluntad» exigidas en mesas de negociación. De acuerdo con la JEP, el Estado instrumentaliza el volumen de presos del contexto de 2024 para alimentar una ilusión de pacificación. La ONG critica que la ley garantiza que las personas más críticas y conocidas, que ya estaban detenidas antes de 2024, seguirán encarceladas. El informe detalla que 41,65% de los detenidos actualmente fueron arrestados entre 2018 y 2023, un período que, según la ONG, la nueva ley ignora intencionadamente. sexual y la denominada «tortura blanca», caracterizada por privaciones sensoriales y aislamiento prolongado. La organización identifica al Centro Nacional para Procesados Militares (Ramo Verde) como el recinto con mayor cantidad de presos políticos a nivel nacional, seguido por El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro. El documento sostiene que estos adolescentes quedaron expuestos a vejaciones que atentaron contra su integridad psíquica, al punto que sus padres denunciaron que algunos de ellos «pensaron en el suicidio como una salida al infierno». La investigación condena la aberración jurídica de procesar a menores de edad bajo los mismos estándares que a la población adulta. Según señala la ONG, el Estado vulneró tratados internacionales al despojar a los jóvenes de la justicia especializada que les corresponde por ley.🔴​Mujeres presas políticasDe los 689 presos políticos registrados por la JEP al 16 de marzo de 2026, 99 son mujeres. El informe destaca que ellas sufren un impacto diferenciado, siendo objeto de comentarios sexistas, amenazas de violación y desnudos forzados por parte de los funcionarios estatales. Además, la ONG denuncia que el hacinamiento y la escasez de agua en los centros de reclusión generan problemas críticos para las mujeres durante sus días de menstruación, al impedirles asearse adecuadamente, lo que vulnerarn su dignidad.🔴​Desacato al COPPJEP sostiene que la justicia venezolana no requiere nuevas leyes si se decide cumplir con las existentes, pues la libertad de más de 300 personas podría resolverse aplicando el Código Orgánico Procesal Penal (Coop). La organización indicó que 62 personas están bajo una «condena anticipada» al superar los dos años de prisión preventiva sin sentencia firme, violando el artículo 230. Asimismo, el informe identifica a 52 personas con enfermedades graves que califican para medidas humanitarias según el artículo 231, ya 22 adultos mayores de 70 años. que deben cumplir su medida en residencia bajo el artículo 490.🔴​Asfixia económica y extorsión a las familiasLa detención arbitraria impone una «carrera de obstáculos» financieros para las familias de bajos recursos. Según los testimonios recabados por la JEP, los familiares deben costear alimentos, medicinas y productos de aseo personal, debiendo llevar a veces el doble de insumos porque los funcionarios exigen quedarse con una parte para entregarlos. La organización también revela la existencia de un mercado negro de «beneficios básicos», donde las familias deben pagar cuotas informales para permitir que el detenido reciba llamadas telefónicas o medicamentos, lo que la ONG califica como extorsión administrativa. denuncia que el Estado ha comenzado a implementar una política de negación selectiva de la amnistía para ciudadanos ya excarcelados, como el abogado Perkins Rocha y la periodista Nakary Ramos. Según la investigación, estas personas ven bloqueada la posibilidad de recuperar plenamente sus derechos civiles a pesar de la ley. La ONG advierte que esta maniobra convierte a los ciudadanos en «rehenes civiles» cuyo comportamiento queda bajo el tutelaje del miedo, manteniendo un expediente abierto que les impide trabajar o ejercer cargos públicos.