ONG ambientalistas buscan mayor demanda colectiva de la historia en defensa de los glaciares argentinos

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó una reforma a la Ley de Glaciares, dando luz verde a una serie de cambios que – según organizaciones ambientalistas – “ponen en riesgo el agua de millones de personas en todo el país” y debilitan los controles sobre las actividades extractivas en áreas sensibles. En respuesta, organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la ONG ambientalista Greenpeace han anunciado que emprenderán acciones legales para que la reforma sea declarada inconstitucional. “No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tras la traición de la voluntad pública, acudimos a los tribunales, pero necesitamos apoyo social para frenar este retroceso”, afirman los grupos en un comunicado, en el que llaman a sumarse a lo que califican como “el mayor pleito colectivo de la historia” en defensa de los glaciares. En declaraciones a Perfil, Quique Viale de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas dijo: “No nos resignaremos a entregar el agua de Argentina. Seguimos con un pie en las calles y el otro en los tribunales. El movimiento socioambiental conoce largas luchas. La propia Ley de Glaciares, ahora modificada regresivamente, ya había sido vetada y juntos logramos aprobarla nuevamente. La ‘seguridad jurídica’ que exigen las empresas es hoy más que nunca una quimera”. La reforma de Milei a la Ley de Glaciares, que fue aprobada por la Cámara Baja luego de casi 12 horas de debate, introduce modificaciones claves al régimen de protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Entre los principales cambios: se ha reducido el alcance del concepto de “ambiente periglaciar”, lo que, según los críticos del cambio, reduce las áreas protegidas. Algunos proyectos de minería e infraestructura ahora se permitirán en zonas que anteriormente tenían restricciones más estrictas. Se introducen mecanismos para actualizar el Inventario Nacional de Glaciares utilizando criterios que podrían excluir cuerpos de hielo más pequeños y se otorga mayor margen a las provincias para autorizar actividades dentro de sus territorios. El partido gobernante, su coalición y sectores aliados sostienen que la reforma busca “lograr un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo productivo”, particularmente en regiones donde la minería es un importante motor económico. Gobernadores y representantes de provincias andinas con fuerte presencia minera respaldan los cambios. Sostienen que las normas anteriores creaban obstáculos excesivos para la inversión y los proyectos productivos. Las autoridades de las jurisdicciones insisten en que la reforma no elimina las protecciones a los glaciares, sino que “corrige distorsiones” y proporciona mayor previsibilidad legal. También enfatizan que las provincias deben desempeñar un papel central en la gestión de sus recursos naturales, como lo establece la Constitución de Argentina. El gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, en una aparición en el canal de streaming Gelatina, calificó los cambios como “un paso positivo”. “Los recursos naturales pertenecen a las provincias. La minería debe estar sujeta a controles ambientales. No hay sector con mayor fiscalización. Las provincias vecinas tendrán voz y voto. Hoy no podemos vivir sin minería. “Tenemos inversiones de más de 8 mil millones de dólares” en riesgo, afirmó Jalil. Organizaciones ambientalistas, científicos y asambleas ciudadanas reaccionaron fuertemente a la aprobación del nuevo proyecto de ley. Argumentan que las modificaciones representan un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce en el contexto de la crisis climática. Según los grupos, la reducción de áreas protegidas y la autorización de actividades extractivas en zonas sensibles, como las zonas periglaciales, podrían afectar el balance hídrico de regiones enteras. “Los glaciares son reservas de agua fundamentales. Debilitar su protección es poner en peligro el acceso al agua ahora y en el futuro”, advierten. También argumentan que los cambios contradicen el espíritu original de la ley aprobada en 2010, que establecía restricciones estrictas a la actividad minera en zonas glaciares y periglaciales. Las organizaciones ambientalistas promueven una estrategia jurídica para frenar la implementación de la reforma. La iniciativa pretende que las reformas sean declaradas inconstitucionales, por considerar que violan el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente sano. Suena un canto de sirena que busca reunir “Este es un punto de inflexión: o defendemos nuestras fuentes de agua o habilitamos un modelo que las pone en riesgo”, dicen los organizadores. El debate se intensificará tanto en los tribunales como en la arena política, en una cuestión que una vez más pone en tensión el desarrollo económico, la autonomía provincial y la protección del medio ambiente.