Plataforma Unitaria califica la Ley de Amnistía como trampa que perpetúa la persecución política

Saltar al contenido Home / Política / Plataforma Unitaria califica la Ley de Amnistía como “trampa” que perpetúa la persecución política EFE La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) calificó la Ley de Amnistía como una trampa que mantiene abierta la puerta a la persecución política y solo simula utilidad real. Delsa Solórzano, presidenta del Encuentro Ciudadano e integrante del PUD, expuso estas críticas en rueda de prensa. Denunció que la norma permite la «puerta giratoria»: liberar a algunos detenidos mientras otros entran en prisión por motivos similares. El dirigente rechazó especialmente el artículo 8, que limita la amnistía a 13 hechos puntuales ocurridos en 13 años distintos. Esta restricción excluye a numerosos presos políticos y no abarca todo el período contemplado (1999-2026). Solórzano destacó varias exclusiones graves: Civiles con causas en tribunales militares. Personas procesadas bajo la Ley contra el Odio (norma que varias ONG exigen derogar). Decenas de ciudadanos cuyos casos no encajan en los artículos de la ley. Ejemplificó: «Si alguien sufrió persecución por publicar un estado de WhatsApp contra el Gobierno, esta ley no lo protege». Además, criticó que los tribunales —integrados por jueces que, según ella, actuaron como verdugos en la represión— verificaran la aplicación de la amnistía. Subrayó que el beneficio depende exclusivamente de quienes antes persiguieron, y que la norma permite al «verdugo» negar la amnistía a discreción. El Parlamento de mayoría chavista aprobó la ley por unanimidad el jueves pasado. Foro Penal confirmó al menos 54 excarcelaciones de presos políticos tras su entrada en vigencia (cifra que aumentó desde las 40 reportadas inicialmente y contrasta con los «cientos» anunciados por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez). No obstante, el Foro Penal estimó que al menos 400 presos políticos quedan excluidos. La organización registra más de 600 detenidos por motivos políticos que continúan encarcelados. El Gobierno insiste en que no existen presos políticos en Venezuela y atribuye las detenciones a delitos comunes, postura que la oposición y varias ONG rechazan de forma tajante.