En el marco de las irregularidades detectadas en la Corporación Gabriel González Videla por más de $780 millones, en marzo de 2024 se concretó el despido de la exdirectora del Departamento de Salud de esta entidad, la doctora Lorena Casarín, quien recibió su indemnización tras ser desafectada. de su carga.
Tras ser despedida y perder la confianza del entonces alcalde Roberto Jacob, presidente de la Corporación Gabriel González Videla, ella recibió una indemnización por sobre los 50 millones de pesos.
El hecho provocó sorpresa y sobre toda indignación por parte de integrantes del Concejo Comunal, ya que consideraron que era la responsable de supervisar las irregularidades con boletas de honorarios que se habían generado bajo su dirección.
Tras su despido Casarín demandó a la Corporación, alegando dos cosas: que su despido violó sus derechos fundamentales y que su despido fue improcedente (injustificado).
En una primera instancia el tribunal rechazó la demanda del médico por vulneración de derechos fundamentales y aceptó la demanda subsidiaria, declarando que el despido era improcedente. Por lo tanto, condenó a la Corporación a pagarle a Casarín una indemnización con un incremento del 30%.
Desde la Corporación municipal GGV apelaron para que se declarara que el despido sí era procedente, para no pagar la indemnización. Alegando que el juez no valoró bien las pruebas que demostraban que Casarín tenía un cargo de alta responsabilidad (con “facultades de administración”), lo que justificaría su despido.
Mientras Casarín apeló que se aceptara su demanda principal, es decir, que se declarara que su despido sí vulneró sus derechos fundamentales. Alegó que el juez se equivocó al no considerar que existían “indicios suficientes” de que la despidieron para proteger la imagen del alcalde y no por su desempeño.
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RECHAZO DE AMBAS APELACIONESEn ese contexto, el pasado 17 de octubre, la Corte de Apelaciones revisó la determinación del juez de primera instancia y explicó que se evaluaba como correspondían las pruebas.
En ese sentido, la Corte explicó claramente por qué, a pesar de que Casarín tenía un cargo directivo, sus facultades no eran tan amplias como para justificar su despido.
Respecto a la queja de la profesional en cuanto a que la despidieron solo a ella y no a otros jefes de departamento, el tribunal de alzada indicó que ésta no es prueba por sí sola para determinar una vulneración de derechos, agregando que en el primer juicio el juez correctamente ajustados que no Había “indicios suficientes” de esta vulneración.
Es así como la Corte de Apelaciones asume que el juez de primera instancia no se equivocó en su razonamiento ni en la evaluación de las pruebas. Por lo tanto, la sentencia original se mantiene: la trabajadora gana su demanda por despido improcedente y recibe la indemnización correspondiente, pero no se le acoge la demanda por vulneración de derechos fundamentales.
En definitiva: ninguna de las dos partes logró cambiar el resultado a su favor.
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SISTEMA CON FALENCIASConsultados por El Día, desde la Corporación Gabriel González Videla, señalaron que ante la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de La Serena, los hechos analizados en dicha causa corresponden a situaciones ocurridas durante la administración anterior, en el período en que Lorena Casarín ejercía como director del Departamento de Salud.
“Tal como se desprende del fallo y de los antecedentes del proceso, la señora Casarín detentaba atribuciones directivas y operativas propias de su carga, incluyendo la supervisión funcional de los equipos, la gestión administrativa y el control de los procedimientos internos vinculados a la red de salud primaria. comunal”, manifestó en un escrito.
Agregaron que las observaciones formuladas en su momento por la Contraloría General de la República, así como los perjuicios administrativos y financieros detectados, ocurrieron bajo dicha estructura de gestión, sin participación de la actual administración, la cual adquirió con un sistema debilitado y con importantes falencias de control. interno.
En el documento, la corporación reafirmó que ha colaborado activamente con los órganos fiscalizadores y ha impulsado medidas de corrección, regularización y fortalecimiento institucional para asegurar el uso correcto de los recursos públicos y el adecuado funcionamiento del área de salud.
“Resulta importante reiterar que este caso no se origina en decisiones adoptadas por la actual administración, sino en hechos previos cuya responsabilidad fue determinada conforme a las instancias judiciales correspondientes”, explicaron desde la actual administración de la corporación municipal.
