La pesca ilegal continúa siendo una de las grandes amenazas para los recursos naturales del país. Un reciente análisis del especialista en la actividad, César Lerena advirtió que flotas extranjeras capturan cada año alrededor de 250.000 toneladas de recursos pesqueros en aguas del Atlántico Sur, especialmente en la denominada milla 201, área lindera a la Zona Económica Exclusiva vinculada a las Islas Malvinas. El impacto no solo es económico, sino también ambiental y estratégico para la Argentina. Pero el problema no se limita al océano. A lo largo y ancho del país, los peces también sufren una alta presión piscatoria, impulsada por prácticas furtivas que ponen en jaque la biodiversidad y la sustentabilidad de los ecosistemas. En el sur argentino, recientes operativos derivaron en el secuestro de artes de pesca ilegales en zonas sensibles como Punta Loyola, El Obispado y la Reserva Provincial de Aves Migratorias. Se trata de espacios de altísimo valor ambiental, utilizados como áreas de descanso y alimentación por especies que recorren miles de kilómetros cada año. Según informó la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, durante patrullajes preventivos se detectó una red instalada de manera irregular, una práctica que viola la normativa vigente y representa una amenaza directa no solo para los peces, sino también para aves migratorias que pueden quedar atrapadas accidentalmente. A cientos de kilómetros de allí, en Salta, la División Lacustre y Fluvial interceptó un cargamento ilegal de cerca de mil pejerreyes sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de Coronel Moldes. Los ejemplares eran transportados desde el dique Cabra Corral hacia la capital provincial en un automóvil particular. Además del pescado, se secuestraron diez redes paradoras, y los responsables fueron notificados por infracción al Artículo 91 del Código Contravencional. Desde la División señalaron que solo en lo que va de 2025 ya se incautaron más de cinco kilómetros de redes en la zona, una cifra que refleja la magnitud del problema. En Tucumán, la pesca furtiva también volvió a ser noticia. Personal de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales llevó adelante un operativo preventivo en ríos y espejos de agua del sur provincial para garantizar el cumplimiento de la Ley N.º 6292, que protege la fauna y flora local. El resultado fue contundente: más de 300 peces, entre sábalos, bagres y dorados, fueron rescatados con vida de trasmallos ilegales en el Dique Frontal y devueltos a su hábitat natural. La provincia de Buenos Aires tampoco escapa a esta realidad. En Junín, el Comando de Prevención Rural labró quince infracciones por violaciones a la Ley 11.477 tras detectar pescadores furtivos en distintas lagunas del distrito. Desde el área de Seguridad indicaron que se intensificaron las recorridas preventivas en la Laguna de Gómez y otros espejos de agua, advirtiendo que se atraviesa un momento crítico: “Los peces recientemente reintroducidos son extremadamente vulnerables, y la pesca ilegal puede afectar seriamente la recuperación de las especies”, señalaron. En Pehuajó, aunque la riqueza ictícola del Club de Pesca “Las Mellizas” no fue afectada, la institución volvió a ser víctima de la inseguridad. Personas desconocidas ingresaron al predio, provocaron destrozos y sustrajeron elementos, sumando un nuevo episodio a una serie de hechos similares que generan preocupación entre los pescadores y la comunidad. La reiteración de estos casos deja en claro que la pesca ilegal es una mala costumbre profundamente arraigada, cuyos efectos se sienten tanto en el mar como en los ríos y lagunas. Un problema que requiere controles constantes, conciencia social y políticas firmes para proteger un recurso que, una vez agotado, no se recupera fácilmente. ¿Te apasiona la vida al aire libre, la aventura y la naturaleza? Recibí las mejores notas de Weekend directamente en tu correo. Suscribite gratis al newsletter Galería de imágenes
Redes clandestinas y saqueo pesquero: una problemática que se agrava en todo el país
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