¿Reforma o derogación? Ley Contra el Odio fue diseñada para la persecución política

En un informe reciente, la ONG Provea analizó violaciones sistemáticas a la libertad de expresión en Venezuela ocurridas entre enero de 2024 y octubre de 2025 para evidenciar la continuación de una “estrategia estatal de silenciamiento y represión». entonces.Casi una década después, voceros del chavismo, encabezados por el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, admiten “excesos” por la aplicación del instrumento legal de 25 artículos y anuncian una reforma de la ley por parte de la AN. chavismo, amparados en la norma, ha considerado “delitos de odio”. Cocuyo, le dicen a Jorge Rodríguez y al Parlamento de mayoría chavista que lo que procede es la derogatoria del texto legal como uno de los pasos para avanzar en la ruta de la transición a la democracia en Venezuela. Convivencia y Paz designada por la gobernante interina A la fecha, aun el tema no ha sido considerado por la plenaria de la AN.“La Ley contra el Odio y todo el andamiaje institucional que se construyó durante todos estos años, especialmente en la última década para servir a la maquinaria represiva, debe ser derogado, eliminado y transformado a profundidad. De momento lo que se ha anunciado apunta a un maquillaje para dar la idea de cambio institucional, pero la maquinaria represiva no ha cesado y existe el riesgo de que se pueda activar en cualquier momento”, advierte la politóloga y consultora en derechos humanos, Nastassja Rojas. Cuando hay transiciones reales hacia la democracia, subraya, se desmonta todo el aparato represivo, incluyendo normas, que aunque son defendidas por el poder por ser “legales” y como “constitucionales” han dado paso a innumerables violaciones de derechos fundamentales en Venezuela, consagrados en la Carta Magna. En el informe de Provea, divulgado el 2 de marzo de 2026, se documentaron (entre enero de 2024 y octubre de 2025) 40 imputaciones judiciales, 36 detenciones arbitrarias y 3 condenas a más de 10 años de prisión por delitos vinculados a la opinión y 125 casos relacionados con la libertad de expresión. arreció a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En los primeros seis años de la norma, la ONG Espacio Público registró que 162 personas sufrieron los rigores de la aplicación de la Ley contra el Odio que castigaba con penas de hasta 20 años de cárcel, amenaza con cierre a medios y hasta ilegalización de partidos políticos en caso de que promuevan «el fascismo». detenido durante 51 días en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tras ser imputado por “instigación al odio contra la ideología de Nicolás Maduro”. El antiguo aliado del chavismo atribuyó la medida a un tuit del 12 de julio de 2020, dirigido al partidario del chavismo, Fidel Madroñero fue encarcelado de nuevo en diciembre de 2025, en el contexto de la represión postelectoral y. excarcelado el 14 de enero de 2026.La ANC, presidida por Delcy Rodriguez, aprobada la Ley contra el Odio en 2017. Foto: AVNSe desconoce persecuciónDe acuerdo con el artículo 20 de la Ley Contra el Odio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados, “quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio”. “Las afirmaciones del señor Rodríguez en torno de que la Ley contra el Odio simplemente fue mal aplicada, o que contiene elementos que deben ser revisados, es desconocer que esta ley fue aplicada de manera sistemática para perseguir a opositores o personas percibidas como tal; que centenares de personas fueron detenidas arbitrariamente, procesadas sin derecho a un juicio justo en el país en virtud de esta ley. Es también desconocer que los mecanismos de DDHH venían advirtiendo desde hace tiempo la utilización de esa ley como instrumento de persecución”, criticó el miembro de Provea, Calixto Ávila. La ONG enfatizó en su análisis que la Ley contra el Odio y las figuras penales de terrorismo o traición a la patria continúan sirviendo como instrumentos de control del discurso público en Venezuela. Asimismo, que la figura legal de la instigación al odio ha sido empleada para justificar detenciones y represión a personas que usan redes sociales o internet para hacer uso de su derecho a libertad de expresión.Otro caso recogido por Provea en su informe es el de Jesús Manuel Martínez, de 36 años, detenido por funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui el 31 de julio de 2024. El diario El Tiempo de Puerto La Cruz mostró la parte policial que indicaba que la detención ocurrió tras la incautación de su teléfono celular, el cual —según las autoridades— “era utilizado para difundir contenido relacionado con delitos de promoción e instigación al odio”. La acusación se enmarcó en la aplicación de la ley contra el Odio. Martínez murió bajo custodia del Estado el 14 de noviembre de 2024. Se denunciaron condiciones “inhumanas” de reclusión y falta de atención médica. No es cuestión de mala aplicación“Aquí se ha aplicado a veces muy bien ya veces muy mal la Ley contra el Odio”, dijo el presidente de la comisión que hace seguimiento a la aplicación de la Ley de Amnistía, el diputado (Psuv) Jorge Arreaza, Durante una entrevista radial el 24 de febrero El excanciller admitió que tras revisión ilegal de celulares a ciudadanos, por parte de organismos de seguridad, hubo gente que terminó privada de libertad por mensajes o estados de Whatsapp, sin que mediara una investigación formal, orden judicial o imputación previa de algún delito en específico. personas. Es una ley altamente peligrosa y se hizo precisamente para justificar normativamente acciones de represión y de violencia institucional. No creo que exista una reforma de una ley de este tipo que sea acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y que pueda responder a una transición real”, sostuvo Rojas. Ávila recordó que en 2023, el Comité de DDHH de Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado venezolano abstenerse de procesar y encarcelar a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de DDHH y activistas políticos en virtud de la Ley contra el Odio. También, que un año antes el Examen Periódico Universal, igualmente sugirió modificar la ley, específicamente para que no pueda ser utilizada contra periodistas y defensores. “Desde la comunidad internacional y en particular desde los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas se venía ya constatando el uso de esta ley para sancionar sectores específicos de la población. Entonces, afirmar que se trata simplemente de una mala aplicación es desconocer que realmente se ha aplicado de manera sistemática como una política de Estado”, reiteró. “Debe ser derogada”La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW), reseña Provea, han cuestionado la aplicación de la Ley contra el Odio. En el caso de HRW, señala que la normativa “carece de garantías de legalidad y proporcionalidad, y que su aplicación ha derivado en detenciones arbitrarias, censura y criminalización de la disidencia política”. El dirigente sindical del estado Bolívar, Juan Valor, de 66 años, fue excarcelado en el mes de enero de 2026, luego de un año de injusta detención, tras protestar por reclamaciones de trabajadores de Sidor y publicar en redes sociales videos en los que denunciaron la corrupción sindical y represión. Fue imputado por instigación al odio y asociación. para delinquir, contemplados en la Ley contra el Odio y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada “Los agentes del Estado implicados en esa mala utilización de la ley deben ser investigados para establecer sus responsabilidades y, además, se debería abrir la posibilidad de que las víctimas también puedan tener derecho a la justicia ya una reparación adecuada. Desde una perspectiva de protección de DDHH, garantista, lo que debería suceder es que la Ley contra el Odio sea derogada”, sostuvo el miembro de Provea. Entre los casos recopilados entre 2024 y 2025, la ONG igualmente documentó la detención de la funcionaria del Poder Electoral, Wileidis Coromoto Cubillán, en Maracaibo, estado Zulia (10 de agosto de 2025) bajo la acusación formulada por la Fiscalía por supuesta incitación al odio, a raíz de un mensaje de texto enviado a una líder del Consejo Comunal del barrio Andrés Eloy Blanco El mensaje fue enviado por su hijo de 14 años que usaba un número telefónico a su nombre, por lo que la imputación recayó en ella. La funcionaria fue víctima, recalca Provea, de retardo procesal y de la instrumentalización de la justicia con multas de persecución política y social. «mal aplicado» Foto: ANNo es la única ley El artículo 22 de la Ley contra el Odio establece que el “prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza serán sancionados con la revocatoria de la concesión”. de sitios web y autocensura por miedo a sanciones Igualmente para la presión legal y administrativa. Incluso sin juicios penales, resalta la ONG, medios independientes para enfrentar sanciones administrativas, multas y amenazas de revocación de licencias. Pero no es solo la Ley contra el Odio venezolanas en coincidencia con los defensores de DDHH consultados consideran que deben ser derogadas otras normativas que también sirven a la persecución política y la restricción del espacio cívico, tales como la Ley contra las ONG; Simón Bolívar, con penas de prisión de hasta 30 años e inhabilitaciones casi perpetuas para quienes se consideran apoyen o promuevan invasiones y sanciones contra la República, y la Ley Antibloqueo también se menciona La Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por su aplicación igualmente discrecional, al punto que Venezuela, destacan las ONG, lideran las causas penales imputadas por una ley de antiterrorismo en América Latina. que se adopta para abordar temas como la lucha contra el terrorismo, control de manifestaciones o delitos de odio, deben cumplir con los estándares internacionales, especialmente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el Plan de Acción de Rabat (sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia) como lo recomendó el alto comisionado de la ONU en s. u informe de 2023”, apuntó Ávila.