Las firmas de los contratos con empresas petroleras es un paso clave para el desarrollo de Venezuela, cuya reforma de la Ley de Hidrocarburos, en parte, así lo permite. Pero aunque este primer impulso marca un rumbo favorable este debe ir acompañado de reformas que generen confianza y garanticen la seguridad jurídica a las inversiones involucradas en estos proyectos, señalaron expertos consultados. Para la abogada Dolores Dobarro estos proyectos a gran escala requieren altas inversiones y sus resultados se miden en un período prolongado y no de manera inmediata, aunque las expectativas que generan son muy favorables para la economía en el corto plazo. Considera que “la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sienta las bases para aumentar las inversiones en los proyectos existentes, ampliación de otros o nuevos planos, atado, eso sí, a lo permitido dentro de las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC,) la agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que pese a la flexibilización otorgada esas operaciones deben contar con su aprobación para que las mismas se puedan materializar”, dijo la asesora en temas energéticos. Para el economista Wilfredo Briceño, estos contratos deben tener un mayor impacto en la actualidad, dado los cambios, pero las incoherencias de la política económica oficial no lo permiten, debido, entre otros factores, a la acumulación de una inflación en el primer cuatrimestre del 90% y una devaluación del 70% ”, lo que evidencia en su opinión un largo camino por recorrer millones. Agregó el experto que se han subastado $4.000 gracias a la nueva situación petrolera y “continuúa la pronunciada volatilidad de la tasa de cambio”, lo cual lo lleva a preguntarse cómo estaría el nivel de los precios sí estuvieran presentes las restricciones de 2025. Desde la mirada de Dobarro, exviceministra de Energía y Minas en el segundo gobierno de Rafael Caldera, estos acuerdos firmados dentro de un nuevo marco jurídico pueden ser de impacto importante en la recuperación progresiva de la economía, lo que, por ende, se traduciría en beneficios para los venezolanos. Sin embargo, “estos requieren de altas”. inversiones muchas de ellas con plazo muy largo, por lo que los beneficios no se verían tan inmediatamente como todos desearíamos”. El catedrático Briceño puntualizó que en diciembre de 2025 la producción estuvo en 930.000 barriles día “y cerramos abril con 1.136.000, un aumento del 22%. Sí consideramos que ahora el país vende su petróleo a precios de mercado y le fueron aliviadas las sanciones, más los altos precios del crudo debido a la guerra EEUU vs Irán, habrá un aumento significativo de los ingresos brutos petroleros este 2026″. Falta más claridad jurídica Para ambos analistas, la Ley de Hidrocarburos abrió las posibilidades para hacer realidad esos contratos. Dobarro insiste en que hace falta un Reglamento para la recién aprobada legislación que pueda crear más certeza en la aplicación de los parámetros, sobre todo los fiscales. El profesor Briceño coincide en que el reformado texto jurídico tiene aspectos positivos respecto a la Ley anterior, pero “tampoco es que podamos decir que tenemos la Ley de Hidrocarburos que el país realmente requiere”. Briceño destacó varios aspectos de la normativa: Se permite con la nueva Ley que las empresas privadas vendan el crudo que producen directamente. Antes lo hacía Pdvsa exclusivamente, que al cobrar no les reintegraba los ingresos legítimos a sus socios de las empresas mixtas Se rebajó la carga fiscal que pagaban las. empresas, pues la anterior determinaba bajísima rentabilidad “y nos convertía en una nación petrolera sin competitividad respecto a otros países”. Ahora la resolución de conflictos con el Estado se dirimen en los tribunales foráneos, no en los nacionales. Todo esto constituye una mejora sustancial, “pero queda mucha tela que cortar para que vengan las grandes transnacionales energéticas con decisión de hacer grandes inversiones”. petrolero, “que en un país como el nuestro, con récords en intervención del Estado para desconocer y vulnerar contratos suscritos, es especialmente grave”, señaló Briceño. La potestad del Ejecutivo de modificar el denominado Impuesto Integrado de Hidrocarburos es una bomba de tiempo que inhiben inversiones con visión de largo plazo en el sector energético, puntualizó el economista El nuevo tributo establece una alícuota de hasta el 15% sobre los ingresos brutos y faculta al Ejecutivo a disminuirla proyecto por. proyecto para preservar el llamado “equilibrio económico-financiero”. La exconsultora jurídica de la OPEP, destaca, que a los fines de ir construyendo la confianza que se requiere para aumentar las inversiones existentes y captar nuevas, debe crearse un marco institucional que ofrezca seguridad, claridad y transparencia en todos los niveles, desde las reglas claras y públicas para iniciar las solicitudes hasta los procesos de selección y fiscalización de los actores en el sector, lo que, en su opinión, no ocurre. legal de los hidrocarburos ha habido seis acuerdos con siete empresas petroleras. Dos de ellas desembarcan por primera vez: Hunt Overseas Oil Company, filial de Hunt Oil y Crossover Energy Holding, ambas de Estados Unidos. El resto tiene o ha tenido conexiones comerciales con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), como Chevron (EEUU), ENI (Italia) y Repsol (España). Hay otros contratos con un impacto inmediato para la gente como el de salud con el sector privado y el inicio de los vuelos con EEUU, pero a juicio de la experta, sin restarle importancia a esas áreas, el mayor deseo de los ciudadanos es contar con servicios públicos estables y de calidad (electricidad, agua, infraestructura), lo que también es exigido por las empresas y asegurar de esa forma los ingresos petroleros que deben estar además en el marco de una distribución transparente Dolores Dobarro se refirió a los acuerdos rubricados. hasta la fecha de acuerdo con la importancia de cada uno 13 de abril de 2026. El acuerdo con Chevron contempla elevar su participación a 49% en Petroindependencia y la asignación de un nuevo campo, Ayacucho 8. A cambio Chevron cedió a Shell la licencia de gas para el campo Loran, en Costa Afuera. También se estipula la entrega a Pdvsa de campos de gas offshore en bloques de la Plataforma Deltana. 2026. ENI contempla la expansión en gas natural y crudo liviano Implica la reactivación y desarrollo de Junín 5 (faja del Orinoco, con 35 mil millones de barriles certificados Igualmente se trata del fortalecimiento de PetroSucre (aguas someras) y ampliación en Cardón IV / Perla (junto con Repsol) lo que marca el regreso de esta petrolera a Venezuela 30 de abril: 2026. Pdvsa firmó con las empresas Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding acuerdos energéticos de inversión por el orden de los $2.000 millones para el desarrollo de proyectos petroleros y gasíferos en Barinas, Anzoátegui y Monagas 12 de marzo de 2026 . proyectos, equivalente al 50% de su producción actual Y tanto Repsol como ENI han conversado con Pdvsa lo referente a la operación de Cardon IV y sus condiciones. Adicionalmente se acordó con ENI impulsar la producción del campo Junin 5 en la Faja como un nuevo proyecto para esta empresa 05 de marzo de 2026. Por su parte, Shell, Vepica y Baker Hughes acordaron el proyecto de gas y petróleo para la reactivación del norte de Monagas. Carito-Piritual & Prom con el otorgamiento de la licencia OFAC se encuentra en operación y con planes de aumento en su producción. La licencia le otorga el marco regulatorio necesario para mantener sus operaciones continuas y reactivar sus ventas de crudo al exterior. firmas de sus respectivas adaptaciones contempladas en la nueva ley Indicó el analista que algunos medios han reflejado que Pdvsa ha circulado entre las empresas el modelo del nuevo contrato para los proyectos operados bajo la modalidad de desarrollo de actividades primarias (antiguos CPP) La mayoría de los CPP fueron dados a empresas que Estados Unidos no está dispuesto a otorgarle licencia. La experta. El riesgo político sigue latente Briceño dijo que se habla de “levantar” inversiones de unos $120.000 millones, ejecutables en el plazo de una década, “a fin de situarnos en las fronteras de 5 millones de barriles de producción por día”. Esto significa que ningún factor clave del negocio debe quedar sujeto al albedrio o temperamento del gobernante de turno, como las tasas impositivas a cancelar, duración del contrato, respaldo legal e institucional de lo suscrito y riesgos jurídicos, entre otros, acotó el economista. Considere que esas inversiones a largo plazo siguen sopesando la continuidad jurídica de su negocio ante eventuales cambios políticos. Es por ello que “mega inversiones en petróleo no las tenemos hoy. Sí han llegado recursos y se seguirán sumando otros donde la recuperación del capital invertido no pasa de 3 a 5 años, todo por el riesgo latente”. En este contexto luce viable que se cumpla la previsión del gobierno de cerrar este año con una producción de 1,4 millones de barriles por día. En el 2027, unos 1,7 millones de barriles día, “pero dudo que en este escenario se hagan inversiones para llegar al potencial de producción de 7 millones de BD”. Venezuela es uno de los 5 países de mayor valor geoenergético del mundo, no solo por sus extraordinarias reservas sino por encontrarse en el hemisferio occidental, “fuera del polvorín del Medio Oriente, donde se asume al conflicto Árabe-Israel”; Sin embargo, hace falta claridad para alentar los grandes recursos, por ahora la cautela marca el ritmo, acotó Briceño. La Ley de Hidrocarburos vigente requiere cambios y un Reglamento que afina los propósitos de una inversión más madura. Hay que igualar los incentivos presentes a legislaciones de otros países que compiten en la captura de inversiones energéticas, caso contrario llegarán inversiones, pero no en las cantidades deseadas y alejadas de un resultado inmediato esperado, dijeron ambos especialistas.




