Según Ipys, el periodismo venezolano sigue bajo asedio un mes después del 3 de enero

A un mes de los hechos del 3 de enero de 2026, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) señala que el espacio informativo en Venezuela permanece sin señales de recuperación y que, pese al cambio político que se ha evidenciado, el comportamiento del Estado en contra de la prensa independiente sigue igual que en los últimos 26 años. información», denuncia la ONG en su más reciente informe.El Ipys, que defiende y promueve los derechos comunicacionales, hizo un resumen de todo lo que en esta materia ha sido resaltante en este primer mes del año tan convulso:El gobierno decretó el Estado de Conmoción Exterior mediante el Decreto N.º 5.200, que impuso un régimen de excepción nacional por 90 días prorrogables. El texto, basado en la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, concedió amplias facultades al Ejecutivo sin precisar los derechos restringibles ni los criterios aplicables. Esta vaguedad incrementó la discrecionalidad estatal y generó riesgos graves para la libertad de expresión y el derecho a la información. Cláusulas que permiten perseguir a quienes “promocionen o apoyen” acciones militares —sin definiciones claras— facilitan interpretaciones arbitrarias que afectarán opiniones, análisis y coberturas periodísticas. El resultado fortaleció un clima de miedo y autocensura en medio de instituciones débiles y sin controles efectivos. El 4 de enero, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron por cerca de dos horas a un equipo de Univision Noticias durante la cobertura de un operativo fronterizo. Los funcionarios revisaron documentos y teléfonos, y borraron material grabado. Estas acciones violaron la privacidad, la protección de fuentes y la libertad de prensa, ya que implicaron manipulación de equipos sin orden judicial. El mensaje resultó explícito: registrar y conservar evidencia periodística implica riesgos graves, incluso para medios extranjeros. Al día siguiente, el 5 de enero, durante la instalación de la Asamblea Nacional en Caracas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa indicó la detención de 14 periodistas y trabajadores de medios, 13 de ellos de agencias y outlets internacionales. La mayoría recuperó la libertad horas después; un reportero sufrió deportación. En las detenciones se practicaron revisiones arbitrarias de equipos, desbloqueos forzados de móviles y rastreo de comunicaciones. Ese mismo día, dos corresponsales de El País —uno español y otra colombiana— se enfrentaron a detención en la frontera Cúcuta-San Antonio mientras cubrían eventos. Permanecieron incomunicados varias horas antes de su liberación y retorno a Colombia. Estos incidentes revelaron una estrategia de control sobre el ingreso, la permanencia y el trabajo de la prensa extranjera. En paralelo, enero registró mecanismos administrativos de censura. El 7 de enero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sacó del aire la emisora ​​Impacto 105.3 FM en La Fría (Táchira) por no renovar la concesión, y decomisó sus equipos de transmisión. La medida agravó la reducción del ecosistema radiofónico regional. Más adelante, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana retuvieron por unos 20 minutos a un equipo de Telemundo Network cerca de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Obligaron a borrar material audiovisual y afectaron directamente a dos miembros del equipo, lo que consolidó la práctica de eliminación forzada de contenidos. Hacia finales de mes, el 28 de enero, Venevisión levantó temporalmente su veto informativo a la dirigente opositora María Corina Machado al transmitir declaraciones sobre una reunión con autoridades estadounidenses. Horas después, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, emitió una advertencia pública contra el canal, interpretada como amenaza por dar espacio a una voz crítica. El 31 de enero, Venevisión denunció su exclusión de la Televisión Digital Abierta sin notificación previa, lo que limitó el acceso de amplios sectores a su señal informativa. El 30 de enero, Conatel cerró de forma definitiva la emisora ​​comunitaria Unika 92.1 FM en la parroquia Coche de Caracas. Tras más de diez horas de operativo con presencia de funcionarios y Guardia Nacional, incautaron todos los equipos. La emisora, con 19 años de trayectoria, había solicitado reiteradamente su habilitación legal sin respuesta formal y había recibido indicaciones verbales de continuidad operativa. Aunque enero incluyó excarcelaciones —el 14 de enero se confirmó la liberación de 19 periodistas y trabajadores de prensa detenidos arbitrariamente entre 2022 y 2025—, estas ocurrieron en un marco de discrecionalidad y opacidad. No implicaron restitución de garantías ni cambios estructurales. Los procesos se basaron en figuras penales graves y desproporcionadas (terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir) para castigar expresión, disenso y trabajo informativo. Se documentaron irregularidades: impedimentos a la defensa privada, defensores de impuestos públicos, restricciones al acceso a expedientes e incomunicación o desapariciones forzadas breves. Estas liberaciones respondieron a presiones internacionales, crisis de legitimidad y necesidades narrativas del poder, pero contrastaron con registros independientes que señalaron cifras menores y cientos de detenidos políticos persistentes. En el ámbito periodístico, no modificaron el panorama: Rory Branker sigue preso, y permanecen los mismos tribunales, tipificaciones y lógicas de castigo selectivo.Ante todo ello el IPYS Venezuela exigió:Liberación inmediata y sin condiciones de todos los periodistas y trabajadores de prensa detenidos arbitrariamente.Cese de la criminalización del ejercicio periodístico el sistema penal, administrativo y de seguridad.Fin de detenciones arbitrarias, borrado forzado de información, revisión de dispositivos y comunicaciones privadas.Restitución de garantías para coberturas nacionales e internacionales sin intimidación, deportaciones ni restricciones arbitrarias.Cese de cierres administrativos de medios, devolución de equipos incautados y garantías de pluralidad y acceso a la información.Garantías de no repetición mediante reformas institucionales y respeto efectivo al debido proceso, la libertad de expresión y el derecho a la información.El primer mes de 2026 confirmó que la censura en Venezuela constituye un sistema estructural de control. Las medidas parciales coexistieron con nuevas represalias, lo que mantuvo un espacio informativo condicionado por el miedo, la precariedad y la amenaza constante. Informar continúa a un alto costo personal y profesional, y la ciudadanía permanece sin acceso pleno a información libre, plural y verificable.