Sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal, ¿Argentina legisla en un ambiente de emoción violenta?

En diciembre pasado, al menos un menor participó en el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santa Fe. El cadáver de la víctima fue encontrado en un galpón en las inmediaciones del campo deportivo del Club Colón. Una autopsia reveló que Monzón había sido apuñalado más de 20 veces. Los autores acusados ​​tienen entre 14 y 17 años, entre ellos la exnovia de Jeremías, quien al parecer temía que un vídeo íntimo pudiera ser compartido públicamente. La niña, de 16 años, se encuentra recluida en un Centro Especial de Internamiento Juvenil. La madre del adolescente también fue arrestada. El asesinato de Monzón, que supuestamente fue filmado, conmocionó a la sociedad argentina y el mundo político recogió el guante. Esta semana, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 53/2026 que ordena la inclusión de “proyectos de ley vinculados al Código Penal Juvenil” en la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso a partir del próximo lunes. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El día anterior Adorni había anticipado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que el proyecto de ley sería incluido en sesiones extraordinarias, mensaje que compartió la jefa de la bancada de La Libertad Avanza del Senado, Patricia Bullrich. Ella escribió: “La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para cometer delitos”. Durante el debate en el Congreso, “veremos claramente quién está del lado de los argentinos y quién sigue defendiendo a los criminales”, incitó Bullrich. El ex Ministro de Seguridad ya había anticipado la noticia el 23 de enero en otra publicación en las redes sociales: “Vamos por los mismos estándares que nuestros vecinos: edad de responsabilidad penal más temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se acabó la impunidad por razón de edad”. Cuestiones de madurez Entrevistada el pasado martes por la emisora ​​Urbana Play, la jueza (Tribunal Oral Federal 2) de Córdoba María Noel Costa cuestionó el renovado impulso para bajar la edad de responsabilidad penal. “Se podría decir que Argentina está legislando en un ambiente de emoción violenta”, dijo el magistrado, quien recordó la sentencia “Maldonado” de la Corte Suprema (firmada por magistrados distintos a los presentes) que resaltaba que “la madurez emocional de un adolescente no es la misma que la de un adulto”. Costa indicó que la Corte Suprema, con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ratificó el fallo de “Maldonado” en otra sentencia. Para el juez de Córdoba se debe tratar de “buscar alternativas complementarias” al encerramiento de adolescentes. En entrevista con Perfil, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó que el actual código penal juvenil data de 1980, cuando Argentina estaba gobernada por una junta militar encabezada por el dictador Jorge Rafael Videla. En ese momento la edad en la que un adolescente podía ser procesado era 14 años, edad que se elevó a 16 con el regreso de la democracia en 1983, pero a pesar de los fallos de la Corte Suprema de Argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaron el cambio, la norma nunca fue modificada integralmente sino sólo parcialmente. “El proyecto de ley del Gobierno quiere restablecer la edad de responsabilidad penal impuesta por Videla durante una dictadura”, remarcó Gil Domínguez. Con datos para respaldar su caso, destacó que según las estadísticas de la provincia de Buenos Aires (la región más poblada del país), sólo el 2,5 por ciento de los delitos fueron cometidos por menores de 16 años, y la mayoría de ellos clasificados como delitos contra la propiedad, no como delitos violentos como los homicidios. “No tenemos ningún problema masivo de que menores de edad cometan crímenes atroces, sin embargo, el caso de Jeremías Monzón en Santa Fe tuvo un impacto”, admitió Gil Domínguez. “El objetivo del código penal juvenil debe ser generar en el niño o niña una introspección sobre su delito y si sólo se piensa en los efectos de sancionar a esa edad, esto es contrario al interés superior del niño”, afirmó el constitucionalista. Para Gil Domínguez, la decisión del gobierno de debatir este tema en sesiones extraordinarias tiene que ver con “oportunismo político”. “Buscan que la sociedad discuta este tema para aprobar la reforma laboral”, especuló ‘Necesaria’. En entrevista con Perfil, un juez penal de la provincia de Buenos Aires consideró que “la reforma es necesaria”, pero dijo que lo más importante será definir qué pasa con los menores de 13 años que también pueden delinquir. El magistrado, que pidió el anonimato para hablar libremente, remarcó que los tribunales tendrían que poder trabajar con esos jóvenes antes de que recuperen su libertad. “Ahora los niños están recuperando su libertad quizás incluso antes de que se recupere el auto robado”, sostuvo: “Al gobierno no le va mal en el Congreso por eso están acelerando” los tiempos para debatir esta reforma. “Un adolescente que pasa por el sistema penal queda marcado de por vida y su reinserción a la sociedad es muy difícil. La propuesta no prevé ningún acompañamiento ni formas de reinserción para prevenir conductas conflictivas ni estrategias para evitar la reincidencia”, subrayó el CELS. El grupo de derechos humanos destacó un informe de UNICEF que señala que no hay evidencia que demuestre que bajar la edad de responsabilidad penal tenga un impacto favorable en la seguridad general de la población. Argentina, cuya edad de responsabilidad penal comienza a los 16 años, tiene un promedio de cinco homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de otros países de la región. Brasil y México promedian 23 homicidios por cada 100.000 habitantes (según 2023) con una edad de responsabilidad penal de 12 años. bLa fiscal Mónica Cuñarro ha cuestionado la financiación de la iniciativa, señalando que otras reformas similares se habían discutido en el pasado sin determinar cómo financiar medidas educativas y otras que contribuyen a la resocialización y los recursos humanos. El fiscal, especializado en menores y docente de la UBA, advirtió que “si el proyecto se aparta de la Convención sobre los Derechos del Niño, será inconstitucional”. Para el funcionario judicial, este tipo de iniciativas de aumentar las penas y sancionar leyes especiales sin financiamiento están ligadas al “populismo punitivo” con propuestas similares en países como Cuba, Venezuela o China. “Sin financiación y una técnica que respete la Convención sobre los Derechos del Niño, sería un típico anuncio publicitario”. noticias relacionadas