Venezuelan democracy cannot be defended through military intervention

Buenos Aires Herald editorial (versión en español a continuación) In the early hours of Saturday, January 3, 2026, the United States once again claimed to be “defending democracy” as it captured Nicolás Maduro in a military intervention in Venezuela.  Yet, this false premise is merely a way of sugarcoating the gravity of turning the armed forces into the gatekeepers of democracy in a foreign country.  Not only do these actions violate Venezuelan sovereignty, they also hark back to a long history of military coups in Latin America that have resulted in serious violence and human rights violations.  For at least a decade, the Maduro government itself has been committing atrocities that organizations including the United Nations have classified as crimes against humanity.  However, there is little reason to believe that the U.S. sending in its military and “running the country,” as President Trump said they will do, will bring the lasting peace and restoration of rights that Venezuela needs. U.S. military intervention in Latin America has always spelled disaster. Perhaps its most egregious interference was the support it lent to a joint campaign of political repression launched in November 1975 called Operation Condor.  The initial phase saw the military intelligence services of Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, and Uruguay come together to coordinate the persecution of political activists opposed to the dictatorships of those countries regardless of borders.  Brazil, Ecuador, and Peru would later join, between 1976 and 1978. The operation entailed coordinated kidnappings, disappearances, and child appropriations all across the region. Many perpetrators of these crimes have been tried and convicted in Argentine courts.  Democracy can only be defended at the ballot box by guaranteeing citizens can freely decide who their leaders will be. The armed forces should never get involved. As we stated in an editorial in August 2024, Venezuela has in recent years experienced such an acute humanitarian, economic and political crisis that around a quarter of the population has left the country. The disputed election results, the persecution of political opponents, and the dire economic crisis undoubtedly required a political solution.  The actions of the Maduro regime have caused a years-long humanitarian crisis in Venezuela, which has been worsened by U.S. sanctions that have hit the civilian population. International organizations and human rights activists have long denounced the government’s abuses and called for aid for the civilian population.  The solution to these serious problems, however, must be institutional, never military. Respect for international law must never be set aside, as it opens the door to further instances of mass human rights violations.  Trump said on Saturday in a press conference about the operation that his country will govern Venezuela to ensure an orderly transition.  He avoided giving details of how long this period would last, but did say that it would be linked to the reconstruction of the country’s oil infrastructure, which he claimed had been “stolen” from U.S. companies. Interference in Venezuela’s internal affairs seems to be the excuse for doing business with the backing of the US government.  Almost 50 years after the 1976 coup that brought the deadliest military dictatorship Argentina has ever experienced, institutions and rights defenders here have shown that the answer lies in the judiciary and respect for due process. Only by going this route can respectable political processes that protect people’s rights be built. La democracia venezolana no puede ser defendida con intervenciones militares Maduro estaba cometiendo crímenes contra la humanidad, pero nada en la historia de Estados Unidos en América Latina sugiere que enviar al ejército a Venezuela sea la solución adecuada. En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos volvió a utilizar el argumento de que estaba «defendiendo la democracia» al capturar a Nicolás Maduro en una intervención militar en Venezuela.  Sin embargo, esta premisa falsa no es más que una forma de edulcorar la gravedad de convertir a las fuerzas armadas en guardianas de la democracia en un país extranjero.  Estas acciones no solo violan la soberanía venezolana, sino que también se remontan a una larga historia de golpes militares en América Latina que han dado lugar a graves actos de violencia y violaciones de los derechos humanos.  Durante al menos una década, el propio Gobierno de Maduro ha cometido atrocidades que organizaciones como las Naciones Unidas han clasificado como crímenes contra la humanidad.  Sin embargo, hay pocos motivos para creer que el envío de tropas estadounidenses y la «gestión del país», como ha afirmado el presidente Trump, vayan a traer la paz duradera y la restauración de los derechos que Venezuela necesita. La intervención militar estadounidense en América Latina siempre ha sido sinónimo de desastre. Quizás su interferencia más atroz fue el apoyo que prestó a una campaña conjunta de represión política lanzada en noviembre de 1975 llamada Operación Cóndor.  En la fase inicial, los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se unieron para coordinar la persecución de activistas políticos opuestos a las dictaduras de esos países, sin importar las fronteras.  Brasil, Ecuador y Perú se unirían más tarde, entre 1976 y 1978. La operación supuso secuestros, desapariciones y apropiaciones de niños coordinados en toda la región. Muchos de los autores de estos crímenes han sido juzgados y condenados en los tribunales argentinos.  La democracia sólo puede defenderse en las urnas, garantizando que los ciudadanos puedan decidir libremente quiénes serán sus líderes. Las fuerzas armadas nunca deben involucrarse. Como afirmamos en un editorial en agosto de 2024, Venezuela ha experimentado en los últimos años una crisis humanitaria, económica y política tan grave que alrededor de una cuarta parte de la población ha abandonado el país. Los controvertidos resultados electorales, la persecución de los opositores políticos y la grave crisis económica requerían sin duda una solución política. Las acciones del régimen de Maduro han provocado una crisis humanitaria que lleva ya muchos años en Venezuela, agravada por las sanciones estadounidenses que han afectado a la población civil. Las organizaciones internacionales y los activistas de derechos humanos llevan mucho tiempo denunciando los abusos del Gobierno y pidiendo ayuda para la población civil.  Sin embargo, la solución a estos graves problemas debe ser institucional, nunca militar. El respeto al derecho internacional nunca debe dejarse de lado, ya que abre la puerta a nuevos casos de violaciones masivas de los derechos humanos.  Trump dijo el sábado en una conferencia de prensa sobre la operación que su país gobernará Venezuela para garantizar una transición ordenada.  Evitó dar detalles sobre la duración de este período, pero sí dijo que estaría vinculado a la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país, que, según él, había sido «robada» a las empresas estadounidenses. La injerencia en los asuntos internos de Venezuela parece ser la excusa para hacer negocios con el respaldo del Gobierno estadounidense.  Casi 50 años después del golpe de Estado de 1976 que trajo consigo la dictadura militar más sangrienta que ha vivido Argentina, las instituciones y los defensores de los derechos humanos de este país han demostrado que la respuesta está en el poder judicial y en el respeto al debido proceso.  Sólo siguiendo este camino se pueden construir procesos políticos respetables que protejan los derechos de las personas.