La caída del régimen bolivariano y sus ruinosas consecuencias para Argentina

El régimen bolivariano de Venezuela está llegando a su fin, al menos hasta donde se conoce históricamente el movimiento inaugurado por Hugo Chávez que llegó al poder el 2 de febrero de 1999. Entre esa fecha y la captura/secuestro/traslado (como se quiera llamar) de Nicolás Maduro a Estados Unidos han pasado casi 27 años. Un fracaso en términos económicos, especialmente en lo que respecta a la relación con Argentina. Para este país, fue un mal negocio, casi tan malo como podría serlo: uno de los peores en la historia de las relaciones económicas internacionales de Argentina con cualquiera de sus socios históricos. Se perdieron dólares, mercados e incluso empresas argentinas, sin mencionar que otras empresas entraron en crisis. La interacción económica, financiera y comercial entre ambos países tiene cuatro hitos que vale la pena mencionar. Estos describen la manera en que se tejió la historia de las relaciones monetarias entre Argentina y Venezuela: los dólares prestados por Chávez a Néstor Kirchner entre 2005 y 2006; las ofertas para cooptar la empresa láctea SanCor; la posición de Pescarmona como proveedor de lujo de turbinas para el régimen; y la nacionalización de la acería Sidor en manos de Techint. Otras –el intento de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, de instalar una red nacional de estaciones de servicio con gasolina barata, el Banco del Sud o el Gasoducto del Sud– fueron ideas que serían anécdotas hilarantes si no fuera por el dinero perdido por Argentina. Todo comenzó cuando Néstor Kirchner le comentó a Chávez los problemas financieros de su país para cumplir con los compromisos adquiridos con acreedores capitalistas internacionales de todo tipo, situación que se complicó aún más después de los múltiples defaults en los que cayó Argentina tras el colapso de la convertibilidad. Chávez decidió “ayudar” a su amigo y aliado argentino, iniciando una serie de compras de bonos argentinos por una suma de varios miles de millones de dólares. Eran días en que el barril de petróleo rondaba los 100 dólares y el modelo bolivariano parecía estar funcionando. Las cifras finales de los bonos públicos (Boden 2012 y Boden 2015) adquiridos por Venezuela en 18 meses en al menos cuatro operaciones diferentes se acercaron a los 8.000 millones de dólares. Todo parecía generosidad venezolana y una mano amiga en tiempos de sequía financiera para Argentina. El mecanismo financiero era simple. Venezuela compró directamente los bonos emitidos por el Banco Central y el país autorizó su venta directa en los mercados financieros internacionales. Argentina obtuvo financiamiento inmediato mientras Venezuela obtuvo ganancias financieras, además de aumentar su influencia política regional. Dada la historia de este país, en teoría era una situación en la que todos salían ganando. El problema fue la tasa de interés cobrada por Chávez por su ayuda: un 9,8 por ciento anual, una tasa de interés extraordinaria en momentos en que, por ejemplo, Uruguay podía acumular deuda por menos del tres por ciento. Algunos de esos bonos fueron revendidos en el mercado venezolano o utilizados para financiar necesidades internas, generando ganancias de cientos de millones de dólares para el gobierno de Chávez. Se calcula que el país perdió alrededor de mil millones de dólares debido a estos “Bonos del Sud”. Otra historia emblemática de los vínculos entre Chávez y la Argentina posconvertibilidad fueron los acuerdos comerciales sellados entre SanCor Cooperativas Unidas Limitadas, la histórica empresa láctea argentina, y el gobierno bolivariano para que la empresa argentina se convirtiera en la gran proveedora de leche en polvo del mercado venezolano. La cooperativa, ya en graves dificultades financieras, se convertiría en casi la única proveedora de los planes sociales de atención infantil diseñados por Chávez en aquellos años, que debían ser financiados con excedentes de petróleo. El acuerdo se firmó a finales de 2006 con el BANDES (Banco de Desarrollo Económico y Social) de Venezuela, prometiendo alrededor de 80 millones de dólares. Con esta medida, SanCor evitó caer bajo el control de Adecoagro, una empresa argentina en crecimiento en esos años que se comprometió a mantener todas las líneas productivas de la industria láctea local. SanCor optó por dejarse rescatar por Chávez y Adecoagro nunca más volvió a interesarse por sus operaciones. Con el paso del tiempo, la crisis económica en Venezuela (especialmente tras la muerte de Hugo Chávez y la profundización de los problemas fiscales) dificultó el pago. Hasta ahora SanCor ha seguido reclamando sumas pendientes por exportaciones impagas con un estimado de 18 millones de dólares aún pendientes de pago. Esta situación, combinada con problemas de gestión internos, provocó el cierre de plantas, despidos y, finalmente, la convocatoria de los síndicos el pasado mes de febrero. Grupo Techint, la empresa industrial más grande de Argentina, anteriormente operó Sidor (Siderúrgica del Orinoco) en Venezuela, una de sus principales plantas siderúrgicas. Habían ganado una licitación en 1998 (un año antes de que Chávez llegara al poder) y estaban cumpliendo puntualmente con sus compromisos de inversión. Sus operaciones mantuvieron a Venezuela dentro del club de países productores de petróleo y acero, una combinación sólo igualada por Brasil y Argentina en América del Sur. Sin embargo, Chávez anunció unilateralmente su expropiación en mayo de 2008 con el argumento de estar en desacuerdo con el precio de sus insumos para las políticas petroleras de Venezuela, junto con su acometida por la “renacionalización” de sectores estratégicos. Se inició entonces una fase de negociaciones bilaterales sobre el precio a pagar por la empresa, además de amenazas directas bolivarianas de prisión para los directivos y gerentes argentinos sentados al otro extremo de la mesa de negociaciones. La intervención kirchnerista ayudó a llegar al siguiente acuerdo: unos 400 millones de dólares que se pagarían en efectivo el día del acuerdo y otros 945 millones de dólares en seis cuotas trimestrales iguales, con otra suma que se pagaría en una segunda fase en octubre de 2010, sujeta a ajuste sobre la base de los precios del petróleo. Sucedió lo inevitable. En 2010, Ternium denunció que Venezuela aún les debía 1.019 millones de dólares más intereses. En 2011 se reprogramó el saldo impago, nuevamente en cuotas, y hoy no quedan deudas. Como anécdota, Venezuela no pudo sostener su producción de acero y Sidor languideció. Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), la empresa de Enrique Menotti Pescarmona, lo pasó peor cuando, bajo presión local, decidió a principios de este siglo asociarse directamente con el Estado venezolano y convertirse en uno de los principales proveedores de equipos de energía y turbinas, un equipo comercial que implica grandes inversiones y largos plazos de pago. El 18 de enero de 2008 fue un día de esperanza y optimismo para IMPSA. Después de años de lobby y de creer que sabía detectar una oportunidad, Enrique Menotti Pescarmona hizo que su empresa firmara un contrato por 520 millones de dólares con Venezuela para suministrar turbinas al proyecto hidroeléctrico de Tacoma. Sería la “joya” del régimen de Chávez y la coronación de las sonrisas intercambiadas entre los gobiernos argentino y venezolano, en conjunto con la industria privada de este país. Incluso se hablaba en aquellos días de la consagración de la idea de una “burguesía latinoamericana” con los empresarios argentinos como buque insignia y el contrato de Tocoma como primer peldaño de una escalera interminable. Chávez presentó a la región la fórmula mediante la cual el socialismo del siglo XXI podría de alguna manera coexistir gloriosamente con aquellos del sector privado que entendían en qué dirección soplaba el viento. IMPSA había ganado el contrato en una licitación pública internacional iniciada en 2004, frente a la competencia de General Electric (Estados Unidos), la francesa Alstom, la alemana Siemens, las japonesas Marubeni, Sumitomo, Hitachi y Mitsui, la austriaca Vatech y las chinas Dong Fang y Harbin. IMPSA los venció a todos, demostrando que para la Venezuela Bolivariana ningún currículum multinacional servía de nada a la hora de otorgar un negocio multimillonario. El contrato asignaba a IMPSA la responsabilidad del suministro de turbinas y generadores para Tocoma, lo que demandaría una inversión de US$ 3.061 millones. “El diseño, fabricación, transporte y montaje de esta enorme maquinaria hidráulica que será diseñada en nuestro país son orgullo de la tecnología nacional”, así firmó Pescarmona una carta redactada por el propio empresario. Celebraciones a todos lados, todo en un solo evento, lo único bueno en esos días. La integración bolivariana, el sector privado sumándose y la “patria grande” esperando a la vuelta de la esquina. No fue así. Venezuela no pagó. Y el 16 de septiembre de 2014, IMPSA se convirtió en la primera empresa privada en anunciar que no podía cumplir con sus compromisos financieros externos luego de que Argentina entrara en default “técnico” el 30 de julio.